El Banco Sabadell coloca a las empresas que se marcharon de Cataluña a raíz del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en una posición complicada. A pesar de la enorme influencia que la OPA hostil del BBVA ha tenido sobre la decisión de los vallesanos de recuperar la sede histórica de la Plaza Sant Roc de Sabadell como domicilio social, las declaraciones oficiales de la cúpula de la entidad apuntan a un «cambio de la situación que los llevó a mover la sede» en el año 2017. En línea con el discurso del PSC y el PSOE, el Sabadell considera que la normalización política del Principado es suficiente para que no haya riesgos para su negocio. Unos riesgos que tanto los expertos como los agentes sociales contradicen: recientemente, el secretario general de CCOO en Cataluña Javier Pacheco, en sus declaraciones posteriores al anuncio del Sabadell, ponía en duda las amenazas reales que pudieron haberse generado en 2017, alegando que «no es lo mismo inseguridad jurídica que incertidumbre jurídica». El catedrático de Economía y Finanzas de la UPF Oriol Amat, por su parte, reconocía en conversación con Món Economia que «muchas empresas se fueron, y les fue bien; pero muchas otras se quedaron y también han funcionado perfectamente». Una apreciación que demuestran, entre otros, el regreso de Agbar ya en el año 2018, cuando vieron que el contexto político volvía a ser propicio para la actividad empresarial; o el de Cementos Molins, completado el curso pasado y celebrado intensamente por el Gobierno de Salvador Illa.
Sea como sea, el regreso del Sabadell levanta las compuertas políticas que aún mantienen fuera de su lugar de origen a compañías de la relevancia de Caixabank, Naturgy, Colonial, Abertis o Cellnex, históricas del tejido empresarial catalán que cayeron bajo la presión del momento y movieron la sede social fuera de las fronteras del Principado. El movimiento, cabe decir, tiene una implicación material ínfima para la empresa, así como para la economía catalana. «Es solo una firma ante un notario», explica el presidente del Instituto Ostrom Pau Vila, que apunta la inmensa carga política que tendrá ahora la decisión de todos estos negocios en cualquiera de los dos sentidos. Antes del movimiento de Josep Oliu, apunta, «nadie quería ser el primero» en regresar a Cataluña. Con el regreso del Sabadell, «nadie querrá ser el último»; dado que se envía un mensaje político claro, uno contrario a los favores de la Generalitat y, en buena medida, de la Moncloa. La lista de empresas que deberán decidir es larga, si bien se puede destacar un puñado de insignias relevantes: además de las mencionadas, destaca Occident -antes Catalana Occidente, que dejó el gentilicio en un cambio de nombre el curso pasado-, el Grupo Planeta o las filiales de la aerolínea eDreams. También alimentarias destacadas, como ahora Pastas Gallo o Codorniu, así como entidades del calibre de Mediolanum. Todas ellas enfrentarán una decisión relevante en los próximos meses.
Caixabank, el retorno soñado
Una vez regresó el Sabadell, la siguiente pregunta era sencilla: ¿volverá Caixabank? La partida del principal banco del Estado, que se estableció en Valencia el día 6 de octubre de 2017, fue seguramente la más simbólica de todas las que se produjeron. En los años posteriores, y especialmente después de la pandemia, no había rueda de prensa de la dirección -planes estratégicos, resultados u otras cuestiones- en la que los periodistas no preguntaran por el regreso a Cataluña; una interrogación que se encontraba constantemente con una directiva «cómoda» en su nueva sede social. En respuestas a diversos medios después del anuncio vallesano, los banqueros aún sostienen la misma postura, y no ha habido indicaciones a favor de un camino de regreso. En los años desde la fuga, La Caixa ha completado la última fusión exitosa del sector bancario español, con la adquisición de Bankia en 2021, y se ha consolidado cómodamente a la cabeza de una industria cada vez más concentrada.
Durante los últimos meses, CaixaBank ha asumido un profundo cambio en la dirección, con la salida del presidente José Ignacio Goirigolzarri, procedente precisamente de Bankia, quien había liderado la entidad desde la fusión. Su reemplazo ha sido Tomás Muniesa, un hombre fuerte de la cantera de la Fundación La Caixa que consolida el alcance de la figura de Isidre Fainé en la estructura empresarial. Como el resto del sector bancario del Estado, la compañía acumula años de resultados récord, impulsados por unos márgenes de intereses altísimos y una mejora de su rentabilidad y base de capital. En los primeros nueve meses de 2024, de hecho, registró unos beneficios consolidados de cerca de 4.250 millones de euros. Sobre estos rendimientos, la acción de la compañía se sitúa muy por encima de donde se encontraba en torno al referéndum. De hecho, poco después de su fuga, los títulos cayeron con intensidad, de rozar los 4 euros a superar con dificultad los 2 por acción. Siete años después, la cotización de CaixaBank se mueve en máximos históricos, y roza los 5,70 euros.
Naturgy, entre impuestos y OPAs
La energética presidida por Francisco Reynés consta entre las primeras grandes empresas en tomar el camino de salida de Barcelona tras el referéndum. Se estableció en Madrid el día 6 de octubre de 2017, solo cinco días después del 1 de octubre, entonces aún bajo su nombre histórico, Gas Natural -dio el salto a la denominación actual cerca de un año después, en junio de 2018-. También ha sido de las multinacionales que menos ha tocado el tema del regreso de la sede social a Cataluña; y, cuando lo ha hecho, no ha sido en favor de los intereses del Principado. En una comparecencia el pasado mes de febrero, Reynés cortó cualquier expectativa de camino de regreso a la capital del país, asegurando que «no se había hablado más de mover la sede social» en los años anteriores.
En los años desde la salida, Naturgy se ha encontrado en una multitud de posiciones complicadas. Como compañía energética, ha sido una de las afectadas por el impuesto especial creado por el gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis inflacionista, tras enlazar resultados récord que deberían mantenerse en 2024 -en los seis primeros meses del curso pasado, los de Reynés generaron más de 1.040 millones de euros en beneficios, su máximo histórico-. Sobre estos balances, tuvo que abonar más de 250 millones de euros en los dos años de vigencia de la tasa. Fuera de la cuenta de pérdidas y ganancias, la energética ha estado en los últimos años en medio de dos polémicas ofensivas de compra, con Criteria -accionista mayoritario- en medio. Son los casos de la OPA del grupo de los Emiratos Árabes Unidos Taqa, que negoció con el vehículo inversor de la Fundación La Caixa durante meses, sin resultado; y de la irrupción en el capital del fondo australiano IFM, que supera el 16% de los títulos de la compañía de origen catalán. El tiempo ha hecho ganar posiciones de mercado a la empresa: el 6 de octubre de 2017 cotizaba a unos 18,3 euros la acción, pero los buenos resultados y la tendencia alcista del mercado energético han dejado una ganancia sustancial, hasta los 23,7 donde se mueve actualmente.
Cellnex y los cambios de estrategia
Cellnex, uno de los gigantes europeos en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones, trasladó su sede social de Barcelona a Madrid el día 9 de octubre de 2017 mientras durara la “situación de incertidumbre en Cataluña” y siguiendo los pasos de sus principales accionistas, manteniendo que este cambio “no supuso nada a efectos prácticos”. En varias declaraciones, desde la multinacional, entonces dirigida por Tobías Martínez, se constató que el regreso de la sede social a la capital catalana era una “opción abierta”. Con el paso del tiempo, sin embargo, la perspectiva del regreso se ha ido enfriando, hasta el punto de que la pasada primavera la presidenta de la multinacional, Anne Bouverot, descartó completamente el regreso a Barcelona -primero ante los inversores y luego en público, durante la presentación de los resultados del primer trimestre-.
El camino de Cellnex consta entre los más complejos de los últimos años en la bolsa española. Especialmente después de la pandemia, la multinacional llevó a cabo una agresiva estrategia de crecimiento inorgánico, con múltiples adquisiciones de emplazamientos de conectividad especialmente en el mercado centroeuropeo, pero también en otros puntos del continente. Estos movimientos los llevaron a aumentar sustancialmente los ingresos, pero también a culminar varios ejercicios en pérdidas, arrastrados por la expansión y los costos financieros y de amortización que la han acompañado. Después de años de intensa expansión inorgánica, Cellnex comenzó a centrarse en el “rendimiento comercial y una sólida ejecución operativa” para 2024; un cambio de rumbo que ha ido acompañado de la sustitución de Martínez al frente de la entidad. A finales de 2023, el consejero delegado abandonó su posición a favor del actual CEO Marco Patuano. En los últimos 7 años, Cellnex registra unas ganancias bursátiles que tienen más que ver con la tendencia expansionista que con ser madrileño: la primera semana de octubre de 2017, la acción oscilaba en torno a los 14,4 euros; mientras que ahora más que duplica el valor, y cierra la sesión en el parquet rozando los 32 euros.
Colonial, la inmobiliaria que podría volver
La inmobiliaria Colonial también trasladó su sede social de la capital catalana a Madrid el día 9 de octubre de 2017, junto con otras empresas, a raíz del referéndum de independencia del 1 de octubre. Desde este traslado, la compañía no se había planteado volver a cambiar su sede social para regresar a Barcelona, si bien durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2023, su presidente, Juan José Bruguera, abrió la puerta a estudiar el movimiento una vez se conocieran los términos concretos del acuerdo de investidura de Junts y el PSOE por el cual la Moncloa debería fomentar el regreso de las sedes que se fueron durante el proceso.
Más allá del potencial viaje de regreso al Principado, Colonial ha explorado otros movimientos de sede; en este caso hacia fuera del Estado español. Fue, de hecho, uno de los grandes actores del mercado inmobiliario que amenazó con dejar el Estado español cuando el gobierno de PSOE y Sumar exploraban suprimir los beneficios fiscales a las socimis, que permiten a empresas como la de Bruguera pagar solo un 1% en concepto de sociedades gracias a una serie de deducciones fiscales.
Fuera de las polémicas por su localización social, Colonial ha sido un jugador relevante en el mundo inmobiliario del Estado los últimos siete años. En 2018, la compañía de origen catalán culminó la absorción de Axiare creando así un gigante inmobiliario. En mayo de 2024, Criteria Caixa se convirtió en el accionista principal de la firma inmobiliaria en el marco de su ampliación de capital, dejándola en una “situación muy estabilizada y robusta”, según explicó su consejero delegado Pere Viñolas. Con todo, cerró el tercer trimestre del curso pasado con un beneficio neto consolidado de más de 150 millones de euros después de vivir un año con más actividad comercial. En los siete años que han pasado desde su fuga, Colonial se ha dejado cerca de un euro en la bolsa: a principios de octubre de 2017 se movía por encima de los 6,1 euros, mientras que este mismo jueves se quedaba en los 5,23.
