Después de una larga e intensa instrucción, el cotitular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar el expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, doce directivos y la consultora Price Waterhouse Coopers por delitos de estafa a inversores y falsedad contable. Todo en el marco de la ampliación de capital de 2016 en la que el juez considera que los inversores participaron “engañados”. Básicamente, porque los balances y los estados financieros de la entidad tanto del 2016 como del 2015 estaban maquillados y “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.
En una interlocutoria de 178 páginas, a la que ha tenido acceso
Había un plan, según el juez
El magistrado considera acreditado que el 25 de mayo del 2016 el Consejo de Administración de Banco Popular, presidido por Ángel Ron, decidió llevar a cabo y ejecutar el aumento de capital acordado a la Junta General de Accionistas de 11 de abril. Pero, eso sí, previamente a esta reunión, tuvo lugar aquel mismo día una convocatoria de la Comisión de Auditoría del Consejo en el orden del día de la cual figuraba como punto segundo «la aprobación de informe favorable para la ampliación de capital.»
Esta comisión emitió el informe favorable, pero sin contar con ningún estudio detallado que pudiera ser objeto de debate entre los accionistas. En este encuentro también participaron los auditores externos de PricewaterhouseCoopers, que «no advirtieron los miembros de la comisión de ningún problema en las cuentas del Banco Popular que se evaluaban. los anuales de 2015 y los trimestrales de 2016 para la ampliación de capital. En este sentido, el juez cree que se ofreció una «información financiera conscientemente alterada (que ocultaba los inversores enormes déficits de provisiones) de las cuentas anuales del año 2015, que habían sido auditados por PwC y de los estados financieros del primer trimestre de 2016”. En definitiva, el juez cree que escondieron 2.500 millones de pérdidas.
