Los agentes sociales de los territorios más afectados por la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell han puesto el grito en el cielo desde el inicio del conflicto. El mundo empresarial y sindical catalán y valenciano, principalmente, pero también de territorios como Galicia, con importante exposición a la entidad vallesana, han alertado desde la pasada primavera del perjuicio que supone para las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores que desaparezca una fuente de crédito como es el Sabadell, especializado en la atención a este tipo de clientes. Después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores dejara fuera a cerca de 80 entidades del estudio de la operación alegando motivos operativos internos, el tejido social ha activado la palanca judicial, con recursos contra la posición de la entidad que preside Cani Fernández que pueden lastrar aún más el calendario de BBVA.
Quedan solo dos semanas para la fecha límite para la resolución de Competencia. El regulador tiene hasta el 15 de abril para tomar una decisión, aunque los mercados esperan que la comunique un poco antes, en los días previos al inicio de la Semana Santa. Sobre el proceso pesan, sin embargo, hasta cinco recursos: el de Foment del Treball y el de la Unión General de Trabajadores, que han sido admitidos a trámite por la Audiencia Nacional, y el de la patronal de las pequeñas y medianas empresas Pimec, que anunció el presidente Antoni Cañete a finales del pasado mes de febrero.
Fuera del tejido catalán, también han recurrido contra la decisión de competencia la patronal Cepyme y la Confederación de Empresarios Gallegos. De hecho, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, celebra un acto este mismo mediodía con los líderes de ambas entidades, Gerardo Cuerva y Juan Manuel Vieites, para presentar resistencia conjunta a la operación. Se añaden así a la iniciativa que tomó Pimec, que reunió la pasada semana 30.000 firmantes en un manifiesto contra la compra del Sabadell. Así, el mundo patronal agota las alternativas para dificultar una potencial adquisición que ven como perjudicial para el tejido de negocio, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, las más afectadas por el vacío que dejaría el banco vallesano. Según cálculos de la misma Pimec, la absorción dejaría un vacío del 8% en el crédito disponible para las empresas, unos 54.000 millones de euros anuales.
Palanca de freno contra la OPA
Las cuestiones que ya están en marcha, según fuentes conocedoras de la causa, permanecen «en impasse», a la espera de que el tribunal las estudie y tome una decisión. Ahora bien, el contencioso administrativo por sí solo no puede detener el estudio de la OPA, en tanto que solo se refiere a la definición de parte interesada en el conflicto, según confirmó recientemente la CNMC a la agencia EFE
Una alternativa en este sentido sería que se admita a trámite una pieza separada con medidas cautelares. Un movimiento como este otorgaría mes y medio de margen, entre el tiempo de alegaciones y la resolución del tribunal. Fuentes cercanas a Foment del Treball aseguran que esta alternativa es cercana, y se explora activarla con la abogacía del Estado. Consultada por Món Economía, la patronal reconoce que «contempla la posibilidad», pero asegura que aún no hay novedades ni conversaciones concretas al respecto. También permanece a la espera la UGT que, según fuentes sindicales, no habría hecho movimientos más allá del recurso.
Cuestionando las formas
Las patronales de los territorios más afectados por la OPA llevan tiempo renegando de la actuación de la CNMC, pero la relación se hizo más amarga aún con el test de mercado que realizó Competencia como parte del estudio. La prueba no contó con la opinión del mundo empresarial y, por tanto, Fernández ha ignorado sus posicionamientos en dos ocasiones durante su proceso de validación de la oferta.
Incluso el mismo Sabadell se desvió de la neutralidad que había mantenido al respecto. En un encuentro con periodistas antes de la Junta General de Accionistas, el CEO de la entidad vallesana, César González-Bueno, se mostró especialmente crítico con la postura de Competencia. También lo hizo el presidente, Josep Oliu, en una entrevista con La Vanguardia después de la Junta. Ante la trinchera empresarial, el digital madrileño El Confidencial adelantaba la pasada semana que la CNMC estudia hacer un segundo test de mercado para añadir más voces a su valoración. En caso de llevarlo adelante, la decisión final no se concretaría hasta el próximo mes de mayo.
