El sector petrolero avanza una de sus demandas históricas a pesar del caos de la comisión de Hacienda del pasado lunes. En medio de una intensa batalla fiscal, las asociaciones empresariales del mundo de los hidrocarburos logran que la reforma del IVA que grava las interacciones de las operadoras pase al pleno del Congreso -bajo el paraguas del impuesto complementario del 15% a las multinacionales-. La conocida como «solución italiana» que las principales asociaciones del sector pedían para combatir el creciente fraude vinculado a los hidrocarburos, pues, será incorporada al dictamen que los diputados votarán el próximo jueves -sin una mayoría asegurada, tal como demostró la maratoniana reunión, que se alargó cerca de 8 horas-. La victoria en la reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido supondría el gran punto positivo para una industria que también esperaba ganancias que finalmente no han llegado, como la caída definitiva del impuesto a las energéticas -que Moncloa recuperará, con la incógnita de los votos favorables , en forma de decreto ley-. De esta manera, la medida reclamada por el empresariado dirigida a tapar una de las principales brechas que detectaban entre su tejido de negocio sobrevive a una jornada que ha acabado con muchas de las aspiraciones del ejecutivo -como el impuesto a la banca o el tipo aplicable a las socimis-.
A pesar de que la urgencia mayor, a ojos de la industria, estaba en el mantenimiento del impuesto de las energéticas -resurgido por el acuerdo entre gobierno español, BNG, ERC y EH Bildu, pero con poco recorrido en el hemiciclo-, el del abono del IVA era un conflicto que arrastraban desde 2015, cuando la reforma de la ley de hidrocarburos autorizó a las empresas minoristas a vender combustible sin haber obtenido el título de operador del sector. Desde entonces, tal como denuncian las patronales que cobijan los negocios petroleros a todas las escalas, el desfase entre el ingreso del IVA de los compradores y el abono del mismo a las administraciones ha dejado la puerta abierta a un fraude que, según recordaba el presidente de Nieves Energía, Luís Nieves, podría ascender hasta el 20% de la facturación de la industria. Las empresas en cuestión creaban sociedades fantasma para comprar combustible a un depósito fiscal sin abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido y lo revendían repercutiendo la tasa, para luego disolverla antes de cumplir sus obligaciones impositivas. Ahora, a la espera de un trámite parlamentario que parece contar con la mayoría del hemiciclo, este agravio quedaría resuelto.
El IVA, por anticipado
De acuerdo con varias enmiendas presentadas principalmente por el PNV y el PSOE, que han sido aprobadas y pasarán al pleno para su votación definitiva, las empresas ya no podrán colarse por este resquicio legal. Según detallan fuentes sectoriales, en caso de que los legisladores ratifiquen la norma, «quien quiera extraer producto de las terminales petroleras deberá abonar el 110% de la cuota del IVA por anticipado; o bien asegurar esta misma cifra vía aval bancario». Así, por un lado, el erario público se asegura el ingreso en términos de valor añadido que antes eludían los defraudadores y, por otro, se evita que operadoras no mayoristas – sin los requisitos reguladores que sí afectan a las especializadas – tengan acceso a estas transacciones sin un importante respaldo financiero, dado que solo las firmas con suficiente músculo financiero podrán afrontar este gasto. Con este movimiento, aseguran los operadores, se aborda un agujero impositivo que en 2023 alcanzó los 2.000 millones de euros, según fuentes del sector. Además, la medida permite la vigilancia de la extracción, en tanto que antes de cada movimiento «se hará una consulta para comprobar si el extractor cumple los requisitos de haber presentado el aval o haber liquidado el IVA».
Una mayoría solvente
A pesar de que solo los diputados vascos y catalanes habían, en un primer momento, declarado su apoyo a la iniciativa, finalmente los grandes partidos españoles se han avenido a conceder esta cuestión. Las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco y grupo socialista referentes a este asunto, de hecho, han entrado al dictamen de la comisión prácticamente sin oposición, recogiendo el claro sí de Populares y Socialistas. El diputado conservador Santiago Rodríguez, sin embargo, no ha soltado su voto sin presentar batalla política, en recuerdo a una de las derivadas del caso Koldo. «Han tenido que pillar al socio de Ábalos para que lo saquen adelante», ha espetado el portavoz dirigiéndose a los representantes socialistas; en referencia al negocio de Víctor de Aldama y Claudio Rivas, que habría generado más de 180 millones de euros en beneficios irregulares a los empresarios. Todo ello, cabe recordar, permanece a la espera de la votación en el pleno del próximo jueves, que el sector prevé asequible, dado que han caído del dictamen las enmiendas más conflictivas, y las que han permanecido parecen abrir la puerta a una mayoría parlamentaria. Un no, además, supondría un importante revés no solo para el ejecutivo, sino también para la relación del Estado con la UE: el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales que encabeza el dictamen se debía haber aplicado el pasado 31 de diciembre, y no aprobarlo supondría poner en riesgo hasta 11.000 millones de euros en fondos europeos.
