La buena salud del sector agrario español que intenta publicitar el Ministerio de Agricultura no es tal para la pequeña y mediana agricultura. Los productores de base, mayoritarios en Cataluña, «no están notando de forma significativa» el aumento de la renta agraria -es decir, la contribución al PIB de las explotaciones agrícolas del Estado- que registra Moncloa, según alerta la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Según el departamento dirigido por Luis Planas, el valor añadido neto del sector agrario creció en 2024 un 14,2%, cifra que cae al 10,8% si se tiene en cuenta la inflación. Ahora bien, en palabras del secretario general del sindicato, Miguel Padilla, «el 6,6% de las grandes empresas agrarias acaparan ya el 42% de la producción que se genera en los campos» dentro del territorio español. Esto, según la entidad, genera dos consecuencias perniciosas: una, la inviabilidad de muchas explotaciones más pequeñas, de carácter local -de nuevo, las que fundamentan el mundo agroalimentario catalán-. Y dos, que el ya exiguo beneficio que pueda generar la cadena agroalimentaria española se quede en las cuentas de resultados de los cada vez más interesados fondos de inversión internacional. «Quien se beneficia de la subida de la renta agraria no son nuestros pueblos, son accionistas de Wisconsin o la City de Londres«, lamenta Padilla.
En este sentido, la agrupación de productores detecta un «proceso de uberización» en el campo español. Tal como confirmaron los recientes datos de transmisiones patrimoniales del Instituto Nacional de Estadística, las compras de fincas agrarias en el Estado han crecido sustancialmente este 2024. El interés, sin embargo, «está liderado por grandes fondos de inversión, tanto locales como extranjeros, que buscan grandes fincas con derechos de agua, en cultivos atractivos como leñosos y superalimentos». Es decir, el capital internacional penetra en el sector primario español para situar producciones que puedan maximizar los beneficios, aunque no sean las que mejor abordan las necesidades de consumo de la población. «La concentración de la producción y la creación de oligopolios estimulan su entrada», alerta Padilla; quien ve la actual tendencia a la especulación como una consecuencia de la concentración de las empresas agrarias en el Estado. Especialmente, cabe decir, en los territorios latifundistas, como Andalucía o las Castillas, donde es más común que un propietario sea titular de grandes extensiones de terreno -a diferencia del Principado, o Galicia, entre otros, donde las explotaciones familiares, de tamaño más reducido, dominan el panorama-. Esta tendencia a la financiarización del campo agrava, apuntan, algunos de los problemas que ya padecen los agricultores, como la renovación generacional, tan reclamada durante las protestas de enero. «Un joven que quiera incorporarse no puede competir con los grandes capitales en el acceso a tierra y agua para dimensionar su explotación», critica Padilla. Así, la tierra desaparece de las manos productivas y se encamina hacia el capital global.
Un «gran futuro» solo multinacional
De esta manera, los fondos de inversión expulsan las mejoras en la renta agraria mientras la pequeña y mediana agricultura lucha por sobrevivir. A pesar del aumento de la aportación al PIB -así como de la producción global, que, según datos del ministerio, habría escalado por encima de los 68.000 millones de euros-, las explotaciones más vinculadas al territorio sufren «una creciente pérdida de poder adquisitivo». El aumento del precio de las materias primas y la energía, esenciales para iniciar la cadena alimentaria, ha sido de un 92% en las últimas dos décadas, mientras que la renta agraria corriente solo ha crecido un 49%. En este sentido, ironiza Padilla, la estructura agrícola española se sostiene con seguridad; pero a costa de la supervivencia de su base. «La agricultura tiene un gran futuro en España. Lo que está en peligro es el modelo social y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos», asevera el representante campesino. Así, la expansión de los datos macroeconómicos que celebra Moncloa no gotea hacia una agricultura catalana de tradición familiar y vinculada a la tierra; pero que se arriesga a desaparecer ante el creciente dominio del mundo financiero.
Menos agricultores para más producción
La tendencia, además, tiene su réplica en la distribución de la propiedad agraria en el Estado. A pesar de la mejora productiva, apuntan desde la COAG, la cifra de unidades de trabajo agrario ha sido en 2024 un 3% por debajo de la media del último lustro, y habría perdido unas 209.000 en los últimos 20 años. Menos trabajadores en el campo, pero también menos titulares de explotaciones para el mismo espacio productivo, que se concentra cada vez más en manos alejadas de las necesidades alimentarias de la población. En cuanto a las ramas productivas, la vegetal ha sido la que mejor se ha desarrollado durante el curso, con un aumento en valor cercano al 9%, impulsada especialmente por los cereales y las plantas industriales, pero también la vid y el olivo. La ganadería, por su parte, retrocede un 1,3%, lastrada por la caída de los precios (-1,3%), que no ha podido compensar el ligero ascenso de la producción (0,9%). El bovino y el aviar han mejorado especialmente su capacidad productiva, mientras que el ovino y el caprino muestran retrocesos intensos.
