El gobierno español da su brazo a torcer y pospone un año la aplicación obligatoria del sistema Verifactu. La herramienta, finalmente, será obligatoria a partir de 2027 para que empresas y autónomos compartan con Hacienda sus facturas. El primer proyecto de la Moncloa situaba la entrada en vigor de la nueva herramienta a finales de 2026, aunque el mundo empresarial catalán dudaba de la viabilidad de la medida en el plazo propuesto. La adaptación a la nueva estructura, lamentan las patronales, forzaba a autónomos y pequeñas y medianas empresas a asumir unos gastos y tareas para los que no estaban preparadas. Con la nueva fecha de inicio -el 1 de enero de 2027-, «las pymes se adaptarán a la facturación electrónica de manera progresiva, sin poner en riesgo su viabilidad económica», argumenta el presidente de Pimec, Antoni Cañete.
Las patronales catalanas, de esta manera, celebran la moratoria, una «reclamación reiterada» del empresariado que finalmente se hará realidad. Desde Foment del Treball reivindican una decisión que atiende la «necesidad de un plazo amplio para evitar tensiones operativas y económicas sobre el tejido productivo»; mayoritariamente formado por autónomos y microempresas. Según el Consell Territorial de la Pime, la estructura interna de Foment dedicada a la pequeña y mediana empresa, haber desplazado Verifactu hasta 2027 «permitirá afrontar el proceso de adaptación de forma escalonada y coherente con la realidad de los negocios de menor tamaño».
A pesar de que el conjunto del tejido productivo ha recibido la noticia con agrado, algunas entidades han criticado que se haya esperado hasta principios del mes de diciembre, menos de 30 días antes de la entrada en vigor prevista de la norma, para aplazarla. La patronal de Terrassa Cecot ha asegurado que «entiende la decisión de posponer el sistema Verifactu, pero lamenta la confusión e incertidumbre que está generando en las empresas». Especialmente, apuntan, en aquellas que «habían trabajado arduamente para cumplir con la normativa a partir del 1 de enero de 2026». «El cambio de última hora evidencia que los tiempos políticos y los tiempos de la negociación institucional no se alinean con las dinámicas empresariales»; un desequilibrio que «perjudica la competitividad» de todo el sector privado.
En este sentido, la entidad que preside Xavier Panés cuestiona al gobierno español «cuál será el régimen aplicable a las empresas que ya han completado el trámite». Los de Terrassa reclaman «algún mecanismo de reconocimiento, bonificación o incentivo para las empresas que han actuado con previsión»; y que ahora se ven penalizadas por haber hecho un gasto y dedicado recursos antes que la competencia a un programa que no entrará en funcionamiento. En la misma línea, Pimec propone una «política premiadora a las empresas que ya hayan hecho una inversión para adaptarse al sistema». Por ejemplo, que las firmas que ya se han adaptado a Verifactu tengan beneficios en cuanto a ayudas económicas, formativas o técnicas que pueda ofrecer la administración. Por su parte, Foment pone sobre la mesa un «plan de apoyo específico» para aquellas sociedades que se encuentren con más dificultades para hacer la transición, incluso con un año más de margen.
Victoria de Junts
Las patronales catalanas en conjunto trasladaron a todos los grupos parlamentarios los problemas que suponía para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos la aplicación de la factura digital en el plazo previsto. Fue Junts per Catalunya, sin embargo, quien hizo suyo este sufrimiento, y lo trasladó a las negociaciones con la Moncloa. Tanto Pimec como Cecot han mencionado la labor de las independentistas en la moratoria. Los de Cañete han resaltado la «defensa con determinación» de la medida. «Valoramos que un grupo parlamentario haya recogido la preocupación del tejido productivo», sostiene la patronal de las pymes, que considera el apoyo de Junts «decisivo» para asegurar el movimiento del ejecutivo. Por su parte, Cecot ha reconocido la labor de Junts para «mejorar las condiciones de las pymes y ayudarlas en el desarrollo de sus procesos de digitalización».
