Los actores económicos catalanes se están agrupando frente a Competencia para evitar la oferta pública de adquisición del BBVA sobre el Banco Sabadell. Tras las patronales catalanas, la Unión General de Trabajadores ha sido el último agente social en pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia personarse para exponer sus reservas respecto a la operación. En una carta enviada al organismo presidido por Cani Fernández, el sindicato alerta que «la operación analizada en el expediente podría tener un impacto relevante en las condiciones de competencia del mercado bancario». Una posición que se alinea con el mundo empresarial del país, así como con la mayoría de instituciones: tanto Pimec como Foment del Treball ya han pedido argumentar contra la hipotética adquisición, mientras que el gobierno español se ha llegado a comprometer a poner «pie en pared» para evitarla, en palabras del ministro de Economía Carlos Cuerpo.
En el caso de la UGT, ponen un importante enfoque en la afectación sobre la fuerza laboral de una fusión de este tamaño. El sindicato, de hecho, hace unas estimaciones mucho más agresivas que las que ha publicado la propia dirección del Banco Sabadell. La OPA, en caso de ejecutarse, «podría implicar una pérdida de empleo para hasta 10.500 empleados», una cifra sustancialmente más elevada que los 4.000 que estiman los afectados. Los que continúen, añaden, podrían sufrir peores condiciones, dado el «relevante impacto sobre los trabajadores de este sector». Más allá de la cuestión de las plantillas, el sindicato comparte las alertas del mundo empresarial, que ven el peligro de una importante reducción del crédito disponible a las empresas, especialmente pequeñas y medianas. Cabe recordar que el Sabadell tiene un peso relevante en la financiación del tejido empresarial catalán y valenciano, por encima de otros territorios del Estado. Así, declaran una «grave preocupación» entre autónomos y trabajadores -dentro y fuera del sector bancario-.
Preocupación patronal
UGT, de esta manera, se une a las alertas que ya han lanzado Foment del Treball y Pimec, con un sentido muy similar al del sindicato. Los datos de la patronal presidida por Antoni Cañete, de hecho, materializan la preocupación por las condiciones crediticias de la pyme, con un descenso de 54.000 millones de euros en préstamos disponibles, que supondría un descenso del 8%. Menos contundente, la organización de la gran empresa quiere presentar ante la CNMC su «preocupación» respecto de los potenciales efectos perniciosos de la OPA. Todo esto forma parte de la fase 2 del análisis de la operación, que competencia inició hace dos semanas. El organismo tiene tres meses para emitir un juicio definitivo, con la participación de todos los actores económicos relevantes que quieran expresar su opinión -aunque es posible extender el plazo en caso de que consideren que se necesita más información-.
