La patronal española se resiste a dejar entrar voces catalanas en un organismo consultivo para la gestión de convenios colectivos. Según ha adelantado La Vanguardia, la CEOE ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para evitar que Pimec tenga acceso a la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos. La entidad que preside Antonio Garamendi argumenta que la representatividad de la patronal de las pymes catalanas es «limitada y residual», y busca excluirla de los espacios de deliberación empresarial del estado. Actualmente, la CEOE concentra cinco de los seis asientos del consejo, mientras que la Cepyme ostenta el restante. En caso de aplicarse la orden del ministerio de Trabajo, serían los de Garamendi los que perderían un vocal en favor de los de Antoni Cañete.
La CEOE lleva tiempo intentando aislar a Pimec fuera de los comités de toma de decisiones empresariales a nivel estatal. De hecho, ya recurrió la orden de dar a la patronal catalana acceso a la comisión de convenios el pasado mes de agosto. Con este movimiento, Garamendi intenta asegurarse ser la única voz empresarial en la gestión de los acuerdos colectivos, en tanto que la Cepyme, la organización de pequeñas y medianas empresas que también forma parte del comité, está dentro de la estructura de la confederación de la gran empresa española.
«Preocupante y sorprendente»
La patronal de las pymes catalanas se ha mostrado «sorprendida» por las resistencias del gran empresariado español a su entrada en la comisión de convenios. La organización que preside Antoni Cañete se ha ido haciendo lugar en algunos de los espacios clave de la representatividad empresarial en el Estado. Tras ganar el acceso a la Comisión Consultiva en febrero de 2024, se garantizó una silla en el Consejo Económico y Social, la «máxima representación a nivel estatal» entre las organizaciones patronales. La voz de la entidad, defienden los de Cañete, «no puede continuar ignorándose», en tanto que representan el 70% del empleo y el 99% del tejido empresarial de Cataluña. Su entrada en las mesas gestoras del Estado, reiteran, garantiza «un modelo de diálogo social realmente plural, justificado y representativo».
