El gobierno español ultima su alegato contra la OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell. El ministerio de Economía ya estudia las respuestas a la consulta pública sobre la operación, que se llevó a cabo la semana pasada. El test de la Moncloa, cabe recordar, servía para recoger las opiniones y propuestas de la ciudadanía y la sociedad civil respecto a la posible adquisición del banco catalán. Cabe recordar que el BBVA ignoró el cuestionario, mientras que el Sabadell participó con respuestas acordadas por el consejo de administración.
En adelante, el ministerio tiene ocho días para estudiar el conjunto de los contenidos de la encuesta. Así lo ha confirmado el titular de Economía, Carlos Cuerpo, que ha situado como fecha límite para que su departamento tome una decisión el próximo 27 de mayo, un mes después del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que resolvió la fase 2. A una semana de la meta regulatoria, Cuerpo ha anunciado que sus técnicos están «haciendo un análisis detallado de toda la información que está a su alcance», incluidas las respuestas a la consulta, pero también el resto de declaraciones y datos públicos. «Buscamos tener toda la información posible y tomar una decisión con total garantía», ha añadido.
Los movimientos de la Moncloa
Una vez que el ministerio de Economía finalice su análisis, decidirá si elevar o no el expediente al Consejo de Ministros. Será entonces cuando el ejecutivo que dirige Pedro Sánchez podrá añadir condiciones adicionales a las que estableció la CNMC, siempre que no estén relacionadas con la competencia. Entre otras cuestiones, podría prohibir la fusión entre los bancos, obligando a mantener la marca Sabadell aunque la OPA siga adelante, si encuentra motivos de defensa del interés general suficientemente bien fundamentados.
El gobierno español ha sido muy explícito en su oposición a la OPA, pero la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, que regula este tipo de adquisiciones, limita su capacidad de actuación: no puede prohibir la compra, y debe limitar su análisis a media docena de ámbitos concretos, como la salud pública, la seguridad nacional o el impulso a la investigación científica. Ahora bien, Cuerpo ha dejado entrever que los aliados de Sánchez hacen una interpretación flexible de la norma. En una atención a medios, el ministro aseguró que los supuestos que recoge la ley son «ejemplos» de un abanico más amplio, que no consta explícitamente en el redactado.
Una consulta «inaudita»
El protagonismo que tome la consulta en la decisión de la Moncloa puede ser el hecho diferencial del encaje legal del proceso. La Ley de Defensa de la Competencia no recoge en ningún lugar la posibilidad de dirigirse al público general para fundamentar la fase 3 de una adquisición hostil. Así, expertos consultados por este medio aseguran que el caso podrá establecer «jurisprudencia», y que, según cuáles sean los movimientos del ministerio, el Tribunal Supremo podría obstaculizar los planes de Sánchez.
El experto e investigador del instituto Ostrom, Roger Medina, ve una posible salida favorable a los intereses del Sabadell: la norma recoge la posibilidad de imponer nuevas condiciones a la OPA si esta no es capaz de «garantizar un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial». Se trata de un parámetro amplio, sin concreción, que puede servir de cajón de sastre para que el gobierno español encaje los agravios de la oferta. En todo caso, como alertaba el presidente del PP y líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, no se descarta que haya actores que se resistan al diagnóstico de Cuerpo y lo lleven a los tribunales. «El Estado puede incurrir en responsabilidades patrimoniales severas», advertía el gallego.
