El devenir de la OPA hostil de BBVA sobre el Banco Sabadell está en manos del gobierno español. 11 meses después de iniciar el estudio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia otorgó el pasado miércoles su consentimiento al banco vasco para llevar adelante la ofensiva contra su competidor catalán, con unas condiciones favorables para sus intereses. Horas después del dictamen, varios ministros del ejecutivo de Pedro Sánchez han marcado perfil contra el proceso de concentración bancaria. Tanto la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, como la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se han posicionado contra la compra en línea con el discurso marcado por el presidente y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
En una comparecencia ante los medios de comunicación desde Alicante, Morant ha subrayado los agravios sociales que podría generar la fusión. El Consejo de Ministros, ha asegurado Morant, está «preocupado porque un sector tan importante como la banca acabe monopolizado e impida la competencia». Cabe recordar que la desaparición del Sabadell dejaría solo cinco entidades a escala Ibex, y solo tres de ellas de cierto alcance económico. En este sentido, la titular de Ciencia ha llamado a «tomar las decisiones necesarias para preservar los derechos de la ciudadanía» ante una OPA que «va contra los clientes».
Díaz ha sido mucho más contundente, si bien contempla opciones que sobrepasan las competencias de la Moncloa. En una entrevista con Televisión Española antes de las manifestaciones de los sindicatos mayoritarios por el Primero de Mayo, la titular de Trabajo ha calificado la decisión de Competencia de «muy mala noticia» para los usuarios de servicios financieros en todo el Estado. La concentración que quiere imponer BBVA «agrava aún más el oligopolio bancario» en el mercado español, analiza la vicepresidenta segunda, y comportará «afectaciones muy negativas para el empleo y los servicios». «Hoy es imposible vivir sin acceso a entidades financieras, y hay un riesgo clave en esta materia», añadía Díaz. En este sentido, considera que el gobierno español debería detener la compra.
Esta decisión, sin embargo, no está en sus manos: el Consejo de Ministros, según la ley de entidades de crédito, puede imponer nuevas condiciones no relacionadas con la competencia -como forzar una compra sin fusión-, pero queda fuera de sus manos frenar completamente la oferta. En adelante, Economía tiene 15 días hábiles para estudiar el expediente de la CNMC y decidir si lo traslada al pleno ejecutivo para valorarlo. En caso de que así lo haga, se añadirían 30 días hábiles más para que sea la Moncloa quien introduzca nuevos remedios para garantizar la integridad de los servicios bancarios, especialmente en los Países Catalanes -dado que los tres territorios más afectados por la adquisición son el Principado, el País Valenciano y Baleares-.
Preocupación catalana
Las autoridades catalanas también han salido a defender el Sabadell ante la puerta abierta que ha dejado al BBVA la autoridad de competencia. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el «modelo bancario» de Cataluña, uno que permanece «arraigado» al territorio, para el cual la diversidad de marcas locales se vuelve imprescindible. Para garantizar este funcionamiento, el jefe del ejecutivo catalán avisa que «analizará con rigor el informe» de la CNMC para «defender por encima de todo los intereses de Cataluña». Más explícito ha sido el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, que ha intentado mantener el equilibrio entre el abrazo al «libre mercado» y el control del mercado financiero. Así, el líder republicano ha reclamado que las medidas que tome la Moncloa vayan en el sentido de conceder «las máximas garantías a los consumidores y al país». Según Junqueras, cualquier fusión debería estar supeditada a «conservar los puestos de trabajo, conservar las oficinas para garantizar la capilaridad y conservar el crédito a las pymes y autónomos». En cuanto a las sedes operativas de la compañía resultante de la potencial compra, ha reclamado que «todos los centros de decisión posibles se queden en Cataluña».
