El Consejo de Ministros añade nuevas condiciones a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. En concreto, el gobierno español exigirá al banco vasco que, en caso de que la adquisición avance, el Sabadell se mantenga como entidad independiente durante los próximos tres años. El calendario está, así, en línea con los remedios aceptados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su fase 2; aunque, en este caso, será el ejecutivo quien vigile su cumplimiento. De esta manera, la entidad que preside Josep Oliu mantendría durante el período estipulado una personalidad jurídica propia, patrimonio independiente y una autonomía total en la gestión de la actividad. Más allá de esta exigencia, el ministerio de Economía «confirma los compromisos establecidos por la CNMC». De esta manera, ignora las preocupaciones de otros agentes sociales, como los sindicatos, que reclamaban una garantía total del empleo; si bien la independencia del Sabadell exigirá sostener buena parte de la plantilla durante los tres ejercicios estipulados.
En un comunicado enviado este mismo martes, el ministerio de Economía detalla los ámbitos prioritarios en los cuales el Sabadell debería mantener su independencia. El punto clave, como han reiterado los agentes sociales catalanes desde el inicio de la OPA, es el crédito; especialmente la financiación para las pequeñas y medianas empresas. Aun así, el departamento que dirige Carlos Cuerpo también otorga a la dirección vallesana plenas competencias durante tres años en la política de recursos humanos -un movimiento que sirve para evitar, a corto plazo, grandes recortes de plantilla-; en las decisiones que afecten la red de oficinas y servicios bancarios, y en la obra social y la actividad de las fundaciones. El gobierno español asegura que este movimiento permite preservar con más seguridad los «múltiples intereses generales afectados» por la potencial absorción. «La escala de la operación, aconseja evitar la imposición de condiciones parciales que pretendan proteger cada uno de ellos de manera aislada, cuyos resultados serían difíciles de predecir», detalla la autoridad española.
El ministerio, además, se reserva el derecho a ampliar el veto a la fusión una vez se complete el plazo previsto. Según ha explicado en el mismo comunicado, el BBVA y el Sabadell deberán comunicar los resultados de las condiciones acordadas «entre seis y dos meses antes» del fin del período estipulado. «Pasados los tres años, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar la duración por un período adicional de dos años», sostienen. De esta manera, el gobierno español alinea su calendario completamente con las condiciones aceptadas por la CNMC, ralentizando la hipotética integración bancaria durante un máximo de cinco años.
Encaje legal
Una de las principales preocupaciones del mundo económico respecto a la decisión de la Moncloa era el encaje de las medidas impuestas dentro de la Ley de Defensa de la Competencia. La norma, cabe recordar, define media docena de criterios de interés general por los cuales el gobierno español puede intervenir en una operación de concentración empresarial como esta. Así, el Consejo de Ministros debía asegurar que los motivos que justifican su movimiento responden exactamente a uno de estos criterios. En este sentido, vinculan el nuevo remedio a uno de ellos, la garantía del mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial; así como a la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, especialmente respecto a la actividad del Sabadell de cara al tejido de empresas emergentes. Además, añade objetivos de protección de los trabajadores y la cohesión territorial, unos puntos que «encuentran arraigo en la Constitución española, se encuentran promulgados por diversas normas del ordenamiento jurídico y están avalados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Con este movimiento, el ministerio de Economía busca resguardarse de posibles vías judiciales contra el dictamen, poco después de que el presidente del BBVA, Carlos Torres, dejara la puerta abierta a llevar la decisión al Supremo en caso de encontrar contradicciones con la ley.
Sin ERE hasta que termine la supervisión
En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes, Cuerpo ha confirmado que la decisión de la Moncloa implica que el BBVA no podría recortar la plantilla del Sabadell en los próximos entre tres y cinco años. Así, no la entidad opante tendrá prohibido aplicar el ERE que temían los sindicatos, y que podría afectar a más de 4.000 empleados de la entidad catalana. El titular de Economía hace referencia a los «criterios de protección de los trabajadores» para justificar este obstáculo adicional, según el cual el Sabadell debería «mantener la política de recursos humanos» incluso si la OPA prospera. El Banco de Bilbao sí que podría, no obstante, nombrar nuevos miembros del consejo de administración del Sabadell, una decisión que «no choca con preservar la autonomía de gestión de ambas entidades». Los consejeros nombrados, ha subrayado Cuerpo, estarían todavía ligados por la Ley de Sociedades de Capital. «Deberán obrar de buena fe y en el mejor interés de la entidad de la cual son consejeros»; independientemente de haber sido nombrados por BBVA.
