La reacción del mundo económico catalán a la consulta pública de la Moncloa sobre la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell fue, según los mismos líderes patronales, de «euforia». El ejecutivo español, por boca del presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aprovechó la 40ª Reunión del Círculo de Economía para enviar señales claras al tejido de negocios del Principado: si ha de decidir la Moncloa, el Sabadell se mantendrá independiente. Sin embargo, cerca de las celebraciones de Pimec y Foment del Treball, otros apuntaban, ya en las primeras horas de la fase 3, que una propuesta como esta tenía un encaje complicado con la Ley de Defensa de la Competencia. Completado el período de siete días que concedió Cuerpo a la sociedad civil para participar en su ensayo de mercado, ni el mercado ni la academia acaban de entender todavía por qué y para qué se ha puesto en marcha este proceso. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, alertó en su ponencia ante las élites económicas catalanas que el Estado podía sufrir «responsabilidades patrimoniales» si aplicaba demandas extraídas de la consulta. Voces expertas consultadas por Món Economia están de acuerdo: «todo dependerá de la creatividad jurídica que quiera aplicar el gobierno«, ironiza el economista y jefe de estudios del Instituto Ostrom, Roger Medina.
No es la primera vez, según indica la analista de Renta 4 Núria Álvarez, que la Moncloa explora aguas extrañas en términos de justificación de una iniciativa política. «Ya dio la sorpresa con el impuesto a la banca», destaca la experta financiera. El gravamen, cabe decir, permanece a la espera de los recursos de varias de las principales entidades del Estado. En este caso, el gobierno español tiene aún más margen de maniobra legal. Como indica Medina, «no hay jurisprudencia» respecto a una consulta como esta, lo que permite que «el órgano responsable -en este caso, el Consejo de Ministros- puede probar hasta dónde llega» la limitación legal. Y, si finalmente su posición sigue adelante, podría incluso crear su propio precedente jurídico. «No sería extraño que operaciones como estas se repitan en otras ocasiones, incluso fuera del ámbito de la concentración empresarial», avisa el profesor de los estudios de Economía y Empresa de la UOC, Joaquim Clarà. El mismo Cuerpo, de hecho, aseguró que «si la consulta funciona, se podría aplicar en más ocasiones». «El movimiento es inaudito», afirma Clarà.
«Es una descarga de responsabilidad», analiza Medina. Una, sin embargo, que no los exime de los contrapesos judiciales que podrían detener su iniciativa. La Ley de la Competencia, en los artículos 10 y 60 -los encargados de definir el rol del gobierno español en caso de fusiones empresariales- no recoge esta herramienta. Así, según el experto del Instituto Ostrom, «el encaje» de los resultados del test en la decisión de la Moncloa es «complicado», porque las respuestas de ciudadanos, empresas y patronales no fundamentarían jurídicamente ninguna nueva condición o remedio. Más vehemente, Clarà apunta que el movimiento del ejecutivo «está al límite de la ley». «Es un movimiento para recuperar el argumentario que han perdido», diagnostica el docente. A su parecer, el dictamen de la CNMC en fase 2 deshace la cobertura legal de la oposición a la OPA, porque aborda -con más o menos fortuna, como han insistido las patronales catalanas- los riesgos de competencia que genera la potencial fusión.
Con todo, se trata de un movimiento con mucha más carga política que legal. Voces del mundo empresarial catalán, menos optimistas con la hoja de ruta de Sánchez, aseguraban durante la 40ª Reunión que «querían quedar bien con todos»: la consulta, pues, es una herramienta para dar voz a las empresas sin necesariamente tener en cuenta sus argumentos. Es un parche, sin embargo, que no taparía las posibles consecuencias jurídicas. «Un acuerdo del Consejo de Ministros es una resolución administrativa sujeta a control judicial, en concreto del Tribunal Supremo», describe Medina. En caso de que haya un recurso contra la decisión del gobierno, «el órgano responsable será el Consejo», y las respuestas de la consulta «no servirían de nada» ante un magistrado. Sin embargo, los expertos reiteran que la falta de jurisprudencia previa deja una zona gris que puede servir para que Cuerpo defienda su postura.
Las condiciones tiemblan
Después de analizar los contenidos de la consulta pública, el ministerio de Economía tendrá siete días más para decidir si traslada el expediente al Consejo de Ministros. Allí, se debatirán las condiciones adicionales que impondría la Moncloa. Según las declaraciones que se han escuchado de varios titulares del gobierno de Sánchez -especialmente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz- todo hace pensar que buscarán la manera de añadir unos remedios lo suficientemente duros para que el BBVA retire la OPA, y así frenar el proceso definitivamente. El mercado, como ya avanzaba Món Economia, no ve mucho margen para una ofensiva tan clara, especialmente si se recurre al redactado de la Ley de Defensa de la Competencia. Álvarez, de hecho, asegura que «según las condiciones que recoge la norma, no proceden restricciones más duras».
Cuerpo, sin embargo, ya dejó entrever que planteaba una interpretación laxa de la norma. En una atención a periodistas justo después del inicio de la fase 3, aseguraba que la lista de seis condiciones de interés general que especifica el texto legislativo son «indicaciones», ejemplos de un universo más amplio de agravios que el gobierno puede detectar en su deliberación. Para Medina, la Ley es explícita, si bien uno de los seis condicionantes es lo suficientemente amplio para que el ministerio lo pueda usar como referencia. «Menciona las amenazas a la regulación sectorial, y es posible que la justificación de la Moncloa vaya por ahí», razona el experto. Sin embargo, el artículo 60 reclama a la Moncloa una «motivación debida» para aplicar nuevos remedios a la OPA, una que «no puede ser poco clara y vaga», como han sido razonamientos económicos anteriores. «El Tribunal Supremo ha anulado muchas disposiciones porque no ve motivaciones para aplicarlas», alerta el economista.
Para Clarà, el margen es aún más estrecho. A pesar del cuestionamiento del mundo patronal catalán, que calificaba de «insuficiente» la lectura de la CNMC, el profesor de la UOC defiende que, jurídicamente, «el BBVA ha tapado todos los huecos» con el dictamen de la fase 2. «El gobierno se ve entre la espada y la pared, y puede hacer pocas argumentaciones, porque el BBVA ya las ha respondido», añade. Sin embargo, como Medina, apunta que la redacción de la Ley de Defensa de la Competencia es interpretable, y que Cuerpo y Sánchez podrían aprovecharse para, entre otras cuestiones, no autorizar la fusión. En este sentido, la consulta pública serviría como justificante popular. «En Catalunya, y en el Estado, habrá mucha ciudadanía contra la OPA», sostiene el docente; hecho que ayuda a la causa de la Moncloa, pero también contribuye a la «polarización política» imperante.
El estado de la oferta
La fase 3, más allá de sus efectos reguladores, consigue alargar aún más el calendario de la OPA, que se extiende durante más de un año. El consenso del mercado, insisten voces próximas al Sabadell, es que «cuanto más tarde en resolverse, menos opciones tiene BBVA» de salir ganador de la operación. La prima de la compra -la diferencia entre la valoración que el Banco de Bilbao hace del Sabadell con su oferta de canje y el valor real del banco catalán en el mercado- permanece lejos del terreno positivo. El opante ha cerrado la sesión de este viernes con las acciones a 13,4 euros, mientras que las del opado se elevan a 2,73. Con la ecuación propuesta por el presidente Carlos Torres -una acción del BBVA y 70 céntimos por cada paquete de 5,3456 acciones del Sabadell- la brecha favorable a los catalanes es del 3,72%. Es decir, por ahora, el BBVA infravalora el Sabadell en unos 548 millones de euros. Por ahora, la directiva vizcaína reitera que no mejorará el folleto. A las puertas del verano, y sin apoyos empresariales, los próximos movimientos de Torres están por ver.
