La Moncloa quiere aprovechar el regreso del Banco Sabadell a Cataluña para reforzar el relato de «normalidad» en el país que Pedro Sánchez intenta consolidar desde que fue elegido presidente. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha expresado el «máximo respeto» del gobierno español por la decisión del Sabadell, que este miércoles reúne su consejo de administración para aprobar el cambio de sede, y ha interpretado el movimiento como «una señal más de normalidad en Cataluña y, por tanto, de normalidad en España».
En declaraciones a TVE, López ha presumido de la gestión del ejecutivo de Pedro Sánchez en los últimos años. «Todos recordamos de dónde venimos, todos recordamos lo que se ha dicho y una vez más creo que este gobierno ha hecho un esfuerzo y ha demostrado que se podía avanzar, no solo en materia económica, de creación de empleo, también de cohesión social, también de entendimiento, también de paz social y creo que es muy importante que estemos discutiendo estas cosas en comparación con lo que discutíamos hace pocos años», ha defendido.
Por su parte, el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el regreso del Sabadell «tiene mucho sentido» y es un «proceso lógico» en el contexto de nueva normalidad que vive Cataluña ahora que, según él, han «desaparecido las condiciones que dieron lugar a su salida en 2017». Cuerpo, uno de los grandes detractores de la OPA hostil del BBVA, ha insistido en que la decisión del Sabadell es «empresarial» y ha afirmado que no le consta que tenga relación con el intento de absorción de la entidad vasca.
El regreso del Sabadell, una maniobra defensiva
El Banco Sabadell ha decidido regresar su sede a Cataluña en medio de una guerra con el BBVA por la OPA hostil que la entidad vasca lanzó hace unos meses. El traslado de la sede social del Sabadell, que regresa a la localidad que le da nombre, se interpreta como una maniobra defensiva de la entidad financiera, que busca refugio empresarial y político en Cataluña, donde el rechazo a la ofensiva del BBVA ha generado un consenso sin precedentes entre partidos políticos, sindicatos y patronales.
En la Generalitat, sobre todo, y en la Moncloa, en menor medida, la OPA del BBVA se ve con preocupación por el impacto que puede tener la pérdida de una entidad que tiene un gran arraigo en Cataluña. Una fusión con el BBVA dejaría en manos de solo dos entidades el 65% del crédito empresarial. Pimec calcula que, en caso de llevar adelante la OPA, habría una erosión de los préstamos a las pymes catalanas de un 8%, es decir, unos 5.400 millones de euros anuales menos disponibles para el tejido empresarial.
