La fase 3 de estudio de la OPA hostil al Banco Sabadell ya tiene fecha para resolverse. El gobierno español emitirá su decisión definitiva sobre la operación el próximo 24 de junio, coincidiendo con el último Consejo de Ministros antes de que expire el plazo que otorga la Ley de Defensa de la Competencia para procedimientos como este. Así lo han confirmado este mismo jueves fuentes del ministerio de Economía que preside Carlos Cuerpo. Así, el próximo martes -festivo en Cataluña por la festividad de San Juan-, la Moncloa revelará si mantiene las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las reduce o, como parecen apuntar todas las apuestas, las amplía.
El gobierno español llega al final de su camino como árbitro de la OPA en un momento de debilidad, acosado por los casos de corrupción vinculados a la trama Koldo. El BBVA ha aprovechado la mala racha dentro del ejecutivo para aumentar la presión contra Cuerpo y el presidente Pedro Sánchez. En una entrevista en OndaCero, el presidente del banco vasco, Carlos Torres, amenazó con la vía judicial si encuentran que las condiciones resultantes de la fase 3 son demasiado estrictas. De hecho, en la misma conversación, insistió en que el Consejo de Ministros solo puede «mantener o suavizar» los remedios impuestos por competencia, pero no endurecerlos -según su interpretación de la ley que rige las operaciones de concentración-.
Cabe decir que no sería la primera respuesta judicial que ha recibido el gobierno español por su estudio de la OPA. Durante semanas, la consulta pública en la que ha querido fundamentar su decisión el Consejo de Ministros estuvo bajo escrutinio de la Audiencia Nacional por un recurso de un accionista del BBVA, el abogado Ibor Fernandes. La firma de Fernandes reclamaba aplicar medidas cautelares para evitar que el uso de los resultados de la consulta, en tanto que, a sus ojos, había sido convocada sin base legal.
Un nuevo embate judicial, sin embargo, podría ir contra los intereses de BBVA, en tanto que retrasaría aún más un calendario que ya se ha alargado más de un año, con las consecuencias para las acciones de ambas entidades que esto puede tener. En el estado actual de los títulos -el Banco de Bilbao cotiza a 12,88 euros, mientras que el Sabadell lo hace a 2,76, ambos en caída libre lastrados por la incertidumbre causada por la guerra en Irán-, la ecuación de intercambio de la OPA infravalora el banco catalán en cerca de 1.000 millones de euros, y los análisis financieros al respecto apuntan que la brecha podría hacerse aún más amplia con el paso del tiempo.
El Sabadell prevé que la OPA caiga
En la otra trinchera, el Banco Sabadell se ha mostrado especialmente optimista en los últimos días. En una reunión con accionistas el pasado martes, el presidente de la entidad vallesana, Josep Oliu, aseguró que «hay posibilidades de que el BBVA desista» una vez se conozcan las condiciones adicionales que imponga la Moncloa. Es, de hecho, el momento perfecto para hacerlo, a juicio del directivo, en tanto que la decisión del gobierno español puede ser una salida fácil para una ofensiva vasca que, en palabras del CEO César González-Bueno, «hace tiempo que ha descarrilado».
Voces financieras, sin embargo, ven en algunos de los movimientos del Sabadell últimamente una cierta «desesperación» por ganar la partida. Es el ejemplo de la posible venta de su filial británica, TSB. Varios analistas consultados por Món Economía consideran que sería un movimiento para ofrecer un nuevo dividendo extraordinario a los accionistas, con el objetivo de mantenerlos de su lado del debate con BBVA. Sin embargo, supondría «descapitalizar el banco», y perder uno de los activos que puede aportar más crecimiento relativo en los próximos años, dado que la erosión del margen de intereses en el Reino Unido es mucho menor que la que sufre el negocio del crédito en Europa.
Con todo, habrá que esperar hasta el próximo 24 de junio para conocer la resolución del conflicto bancario. Sea cual sea la decisión del Consejo de Ministros, y en caso de que BBVA no abra la vía judicial contra la Moncloa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podría dar de inmediato su luz verde y activar el proceso de aceptación, que se alargaría entre 30 y 70 días. Todo quedará, entonces, en manos de los accionistas.
