El impulso del retrasado vehículo eléctrico en Cataluña ha sido el objeto de una de las primeras grandes iniciativas del Gobierno de Salvador Illa seis meses después de su investidura. El plan del presidente de la Generalitat contempla una inversión de 1.400 millones de euros para triplicar los puntos de recarga en Cataluña en el año 2030 y abordar el problema de los precios de los electrificados, aún muy lejanos a los de la combustión tradicional. La iniciativa de Sant Jaume ha tenido una acogida tibia entre las principales asociaciones del sector, que valoran la intención, pero ven claros agujeros en el plan. La patronal catalana de los concesionarios, Fecavem, ha «valorado» el proyecto con horizonte al final de la década, en tanto que revela las intenciones del ejecutivo de relanzar la industria; si bien asegura que «no responde a las necesidades actuales» de operadores y consumidores. Por su parte, la entidad que agrupa a las instaladoras energéticas del país -encargadas del impulso de la infraestructura de carga- Fegicat, alerta que el plan de Illa deja un punto ciego fundamental en el acceso a mano de obra calificada en el ámbito energético, ahora muy complicado en el Principado.
Las dudas de Fecavem, a pesar de reconocer las intenciones de Illa, se dirigen a la accesibilidad del vehículo eléctrico en Europa, aún sustancialmente peor que en los mercados más avanzados del planeta, como es el caso de China. Según la consultora especializada Jato Dynamics, la diferencia de precio promedio entre un modelo electrificado y uno homologable de combustión en un concesionario asiático es prácticamente testimonial, inferior al 1%. En Europa, sin embargo, la brecha promedio es del 22%, lo que dificulta inmensamente el acceso de las rentas del trabajo del país a la actualización de su vehículo. Sobre esta diferencia de precios, indican los empresarios de la distribución, «el peso de las matriculaciones de vehículos eléctricos es del 9%, mientras que los híbridos alcanzan el 6%». Es decir, el plan de Illa, alerta la patronal, «solo afecta al 14% de las matriculaciones». En un mercado tan alejado del eléctrico, apuntan, buena parte de los problemas ecológicos de la movilidad privada parten de un parque móvil envejecido, que aún no ha sido capaz de incorporar de forma generalizada vehículos de combustión con las últimas tecnologías, menos lesivos, aseguran, para el medio ambiente. En este sentido, reclaman «complementariamente» la instauración de un plan renove catalán «en línea con lo que ya se hace en Galicia, Asturias o la Comunidad de Madrid».
Vale decir que, según los datos de la patronal española del automóvil, Anfac, las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos muestran importantes alzas al inicio de este 2025. Las ventas de coches electrificados habrían escalado el pasado mes de enero un 32,7%; si bien quedan muy lejos de la competencia tradicional. En total, apunta la organización, se habrían entregado en el Estado unas 11.358 unidades de eléctricos e híbridos enchufables, extremadamente lejos de los más de 22.000 vehículos de gasolina movilizados, o los 18.500 de diésel. De esta manera, el proyecto de Illa centra la atención en el impulso eléctrico, pero no aplica sobre todo un mercado de vehículos que, según el mundo empresarial, contribuyen a mejorar la huella de carbono del parque móvil español, uno de los más envejecidos de Europa. Los concesionarios reclaman, para abordar este agravio, «ayudas directas y ágiles» para consumidores y cadena de valor.
¿Dónde cargar?
Cataluña permanece entre los territorios con mejor penetración de puntos de recarga para el vehículo eléctrico, con poco menos de 10.000 instalados, por encima de la media estatal. Ahora bien, la cifra permanece lejos de los objetivos marcados para las próximas décadas. La patronal instaladora, Fegicat, apunta -como en el caso anterior- que las intenciones del Gobierno son buenas, si bien no tienen en cuenta un importante vacío que sufre el sector: la extrema escasez de profesionales calificados para llevar adelante proyectos de este carácter. Según Fegicat, «las empresas no pueden cubrir la demanda creciente de servicios porque no encuentran trabajadores con la formación adecuada»; lo que «pone en riesgo» la implementación de los nuevos puntos de recarga que busca poner en marcha Illa. En este sentido, reclaman «una inversión firme en formación profesional y una estrategia efectiva para atraer el talento». De esta manera, aseguran, Cataluña podrá «desarrollar la transición energética al ritmo que marcan los objetivos institucionales» -tanto en el ámbito de la movilidad eléctrica como en el resto de ramas del sector de la energía verde-. Así, los empresarios reclaman «un compromiso real e inmediato de la administración» para cubrir este vacío; que no aparece resuelto en el plan presentado el pasado lunes por el Presidente.
