El mundo empresarial catalán enfría la euforia de la Generalitat con el nuevo modelo de financiación. En un comunicado firmado por varias organizaciones patronales y económicas catalanas, el sector privado reconoce que la reforma pactada entre Esquerra Republicana de Catalunya y el gobierno de Pedro Sánchez es una «mejora importante» si se compara con el sistema fiscal actual, si bien advierte que «no se puede considerar suficiente». La nueva financiación, aseguran patronales y entidades industriales, «solo da respuesta a algunas de las demandas» que ya planteó el tejido empresarial del Principado en 2024, en pleno debate para mejorar la capacidad económica de la administración del país. Así lo han expresado en un comunicado que firman Pimec, Foment del Treball, las 13 Cámaras de Comercio catalanas, el RACC, el Colegio de Economistas de Cataluña, Barcelona Global, el Cercle d’Economia y Fira de Barcelona.
Las agrupaciones empresariales dan cuenta de la incapacidad de las instituciones catalanas para garantizar transformaciones en el modelo de financiación. Constatan que, como la que han acordado ERC y la Moncloa, «todas las mejoras del sistema han sido graduales y acumulativas». En este sentido, sostienen que los cambios que ha puesto sobre la mesa la ministra española de Hacienda, María Jesús Montero, son «un punto de partida para lograr mayores niveles de justicia y transparencia en la financiación territorial». Un punto de partida, sin embargo, que sitúan «lejos de las cuotas de autogobierno a las que Cataluña aspira». El hecho mismo de iniciar el camino es, a ojos del empresariado, una buena noticia, en tanto que la propuesta inicia la «reforma de un modelo caducado». En adelante, llaman a que los partidos catalanes «trabajen juntos para garantizar que los avances que se obtengan se consoliden a futuro».
Una situación «crítica»
La valoración de las patronales llega en pleno caos de Rodalies, con el gobierno español y la Generalitat en el centro de la diana por las décadas de desinversiones en la red ferroviaria catalana. En este sentido, las patronales, aunque reconocen que el modelo de financiación deja fuera las inversiones del Estado, alertan que la situación de las infraestructuras del Principado es «crítica», y llaman a las partes a «aumentar» la dedicación de recursos a los ferrocarriles en el país, «una vía igualmente efectiva que contribuye simultáneamente a la reducción del déficit fiscal y al bienestar del país». Reprochan, en este sentido, el ínfimo porcentaje de ejecución de los presupuestos para infraestructuras por parte del gobierno español: entre 2015 y 2023 -un período que incluye cinco años del Partido Socialista en la Moncloa- la ejecución de las inversiones catalanas en el Principado ha sido del 55,6%, un 17% menos que la media en el Estado español. «Es importante insistir en la importancia de asegurar una correspondencia más elevada entre las inversiones presupuestadas y ejecutadas desde la administración», insiste el empresariado.
Alerta por el déficit
Los empresarios catalanes también se han alineado con varios economistas del país en la alerta por la tensión sobre las arcas públicas del Estado que generará la nueva financiación. Los 21.000 millones de euros que, insisten desde el ministerio, aportará la reforma a los gobiernos territoriales tendrán que redirigirse desde otras partidas de gasto dentro de las competencias centralizadas de la administración general. «Podría parecer, y a menudo los responsables políticos lo olvidan, que la nueva propuesta solo tiene ventajas y no tiene impacto sobre el déficit público. Es evidente que esto no es así», afirman las agrupaciones empresariales, que alertan que, si no hay recortes significativos en las prestaciones sociales o un aumento de ingresos sustantivo, la nueva financiación vendrá acompañada de un aumento del déficit de las administraciones públicas.
Para evitar este escenario, que sería perjudicial para Cataluña -en tanto que aún forma parte del sistema común y, por tanto, tendría que contribuir a pagar los intereses de cualquier nuevo endeudamiento-, las patronales y organizaciones de negocio llaman a buscar soluciones «sin incrementar la presión fiscal ni incurrir en déficit», como destinar a la financiación territorial la parte de la recaudación tributaria de los últimos años que no entraba en las previsiones de la Moncloa, acelerada por el crecimiento del PIB que encadena el Estado en los últimos cursos.
También presionan al resto de territorios para lograr una «verdadera corresponsabilidad fiscal» que permita financiar correctamente todas las administraciones sin desequilibrios presupuestarios. Sin las concesiones por parte de las comunidades más beneficiadas por el reparto de recursos, como las Castillas, se hace «más difícil que el debate sobre el necesario ajuste de las cuentas públicas tenga lugar de forma constructiva y responsable». Fuera de esta consideración quedan la Comunidad Foral de Navarra y la comunidad autónoma vasca, en tanto que la nueva financiación -que ha borrado el apellido singular que la acompañaba desde el pacto para investir a Salvador Illa- «mantiene la diferencia respecto de las comunidades de régimen foral tanto en cuanto al volumen de recursos por cápita como en cuanto a la contribución a los gastos comunes». Así, tanto el nuevo endeudamiento como otras partidas crecientes, como la de las pensiones, continuarán pesando sobre las arcas catalanas, a pesar de que tanto Navarra como los tres territorios históricos sí forman parte del paraguas de la Seguridad Social en términos de prestaciones públicas.
