La OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell llega a su tercer acto. La consulta pública del gobierno español, puesta en marcha inmediatamente tras la fase 2 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha abierto las compuertas de ambos bandos, que buscan mover la opinión pública y publicada hacia sus opciones. La prueba de mercado sui generis lanzada por el ministro de Economía Carlos Cuerpo ha permitido que el mundo empresarial, mayoritariamente ignorado por la autoridad española en su propio estudio, exprese su malestar. El tejido patronal catalán ya saltó al cuello de la operación el pasado viernes con una carta firmada por nueve organizaciones, que reclaman que la Moncloa lleve hasta el límite sus competencias y acabe frenando la compra. Enfrente, la CNMC aleja la posibilidad de que el ejecutivo bloquee la ofensiva vasca, y considera que su dictamen, ampliamente criticado por el sector privado, propone remedios «suficientes y proporcionados» para evitar la crisis que auguran los opositores. Y el tercero en discordia: un Consejo de Ministros que, mientras no dependía de él, era beligerante; pero que ya busca caminos para rebajar el tono contra el Banco de Bilbao.
A la oposición patronal, que se ha intensificado en las últimas semanas, se añaden instituciones de todo tipo, en general contrarias a la absorción del Sabadell. El pasado martes, el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC), mostró su «preocupación» por la compra, y se sumó a las demandas patronales. Se trata de una apertura significativa, en tanto que el CTESC no acostumbra a pronunciarse más allá de sus análisis coyunturales. El ataque al Sabadell constituye, pues, una situación lo suficientemente «excepcional» para obligar al Consejo a posicionarse, en tanto que amenaza «la capacidad de desarrollo económico» del Principado. Entre las condiciones que ha exigido el organismo, destaca la prohibición de la fusión, así como mantener «la sede y los centros de decisión en Cataluña» para sostener el «arraigo» vallés entre las empresas catalanas.
Mantener las dos marcas separadas a pesar de integrar la propiedad es una opción que algunas voces empresariales consideran una salida preferible al conflicto. No genera, sin embargo, consenso: otras fuentes económicas apuntan que la no fusión solo alargaría la agonía. «El BBVA pondría sus consejeros y, después de la vigilancia de la CNMC, podría tener vía libre», reflexionan. Es cierto que, a pesar de los esfuerzos del presidente del banco opante, Carlos Torres, por defender la viabilidad de la compra sin absorción, sostener la marca Sabadell añadiría unos costos importantes a una operación que ya genera dudas. En un informe enviado a la SEC -la autoridad bursátil estadounidense, homologable a la CNMV española- BBVA reconocía un golpe de 60 puntos básicos a su capital. El banco tiene margen de maniobra respecto de la ratio de capital mínima establecida por el BCE, con un 13,09% de CET1, cuatro puntos porcentuales por encima del 9,09% que marca Frankfurt; pero unos márgenes más restrictivos pueden ser cuestionados por el accionariado.
A los problemas marcados por el crédito a las pequeñas y medianas empresas, que informa el posicionamiento patronal y del CTESC, se suman las preocupaciones de las asociaciones de los consumidores. Entre ellas, la Federación de Consumidores CECU ha participado en la consulta pública para alertar al ministerio del «evidente perjuicio» que causa la fusión sobre los usuarios bancarios. El dictamen de la CNMC centró el grueso de sus condiciones adicionales en la rama corporativa; pero, según esta entidad, los clientes finales podrían «enfrentarse a menos capacidad de elección, productos a mayor costo y un peor servicio, especialmente en las zonas más despobladas». Además, considera que el carácter temporal de los compromisos –algunos de ellos, tan cortos como 18 meses– pone fecha de caducidad a las condiciones que llegarán al cliente final. Cuestiones como el acceso a cajeros o a oficinas físicas, así como las ofertas de financiación privada, saltarían entre 2027 y 2029. En este sentido, la entidad reclama a Cuerpo que «cumpla con el deber constitucional de la defensa de los intereses de las personas consumidoras».
Las condiciones del gobierno español
Los ocupantes de ambas trincheras permanecen congelados, sin embargo, a la espera de que se pronuncie el ministerio de Economía. El pasado martes, Cuerpo anunció que se daba siete días para recoger las opiniones reflejadas en la consulta pública, y otros siete días para decidir si elevan la operación al Consejo de Ministros. Todo hace pensar que el documento acabará en el pleno del ejecutivo, que sacará adelante nuevas condiciones no relacionadas con la competencia. El tejido de negocio catalán permanece esperanzado, y lee declaraciones favorables por doquier. Durante las jornadas del Círculo de Economía, una importante voz del accionariado del Sabadell consideraba que tanto la intervención de Sánchez como la de Cuerpo sugerían su intención de bloquear la OPA, mientras que desde el mundo patronal se marcan el objetivo de convertir la operación en un «movimiento político» para facilitar que la Moncloa se pronuncie a favor suyo. Ahora bien, el titular económico ha reiterado en los últimos días el carácter técnico de su análisis, restando carga simbólica a esta fase 3. Fuentes del mercado entienden estas declaraciones como un «enfriamiento» de la oposición del gobierno a los planes del BBVA.
De hecho, varios analistas consultados por este medio ven en el futuro inmediato una resolución de la fase 3 sin grandes cambios respecto del diagnóstico de la CNMC. El economista Javier Cabrera descarta que la Moncloa tenga herramientas para «poner contra las cuerdas al BBVA» con su dictamen final. De hecho, augura que «se mantendrá al margen, salvo algunas consideraciones adicionales no relacionadas con la competencia». Por su parte, la analista del banco Renta 4, Núria Álvarez, alerta que el gobierno no tiene margen legal para intervenir en el sentido que han dejado entrever Sánchez y Cuerpo. «No pueden incluir remedios más duros en el ámbito de competencia», recuerda la experta, tal como recoge la Ley de Defensa de la Competencia de 2007. El redactado de la norma limita los ámbitos de actuación del ejecutivo en casos como estos a seis verticales: salud pública, seguridad nacional, libre circulación de bienes y servicios, protección del medio ambiente, promoción del desarrollo tecnológico o garantías de regulación sectorial. Álvarez, con la ley en la mano, asegura que «no procede» ninguna intervención gubernamental. Ahora bien, «pueden dar la sorpresa y justificar los remedios como puedan, como hicieron con el impuesto a la banca», ironiza.
El favor del BBVA
El empresariado catalán, así como el de los territorios más afectados por la concentración bancaria, abandera la oposición a la oferta; pero la proximidad de la resolución del ministerio también ha activado el apoyo a las tesis vascas. Incluso desde el mundo patronal: contra los criterios de Foment del Treball y Pimec, así como el de una multitud de organizaciones del Estado, la Confederación Empresarial de Vizcaya (Cebek) se ha posicionado, sin especial vehemencia, a favor de la oferta. Según ha declarado la presidenta de la organización, Carolina Pérez Toledo, los empresarios vizcaínos esperan que «la OPA sea beneficiosa para ambas partes». El tejido de negocio de la región no parece tan preocupado como el catalán por la concentración financiera. A su parecer, la compra del Sabadell «no supone un riesgo para la competencia en Euskadi» y, por tanto, «podría aprobarse» sin los obstáculos que reclaman sus homólogos del Principado. Cebek, así, se suma a la lectura de la CNMC, que considera -contra el criterio catalán- que la resolución de la fase 2 es lo suficientemente contundente para resolver los problemas que causaría una hipotética fusión.
También ha caído del lado del BBVA el capital internacional. Las principales agencias de rating parecen convencidas de que la OPA saldrá adelante y que, de hecho, mejorará el estado financiero de ambas compañías. La semana pasada fue la estadounidense Fitch, que puso en «revisión positiva» la nota de ambos bancos -igualados en una valoración de BBB+- a la espera de que finalice el proceso. La casa de análisis apunta que la salud del Sabadell se vería «muy beneficiada» por la adquisición hostil, y alaba a la CNMC por haber impuesto «remedies asumibles» que no cambian los planes del Banco de Bilbao. Esta misma semana se ha sumado el banco británico HSBC, que ha elevado el precio objetivo de las acciones de las dos empresas por las «indiscutibles oportunidades» que genera la operación. El Hong Kong Shanghai, además, no comparte las esperanzas catalanas de que la Moncloa se convierta en un aliado en la contienda: según sus analistas, «la incertidumbre relacionada con la operación del Sabadell está sobreestimada». También lo estaría la exposición del BBVA a México, una de las grandes armas discursivas de la directiva y el accionariado vallés, que según los británicos no sería tan relevante.
