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La cúpula de IQOXE tendrá que ir a juicio por el reactor ‘clandestino’

Golpe de teatro para la cúpula de IQOXE. El juzgado de instrucción número 1 de Tarragona ha decidido enviar a juicio la cúpula de la empresa por la pieza separada que investiga si IQOXE usaba un reactor ‘clandestino’ y sin autorización, como señala El Diario de Tarragona. La jueza acusa el director general, José Luís Morlanes, el director de la planta, Juan Manuel Rodríguez Prats, y el jefe de seguridad, Gerardo Adrio, y también a la empresa a título lucrativo de haber utilizado el aparato sin autorización. En la interlocutoria, la jueza señala que cuando se puso en marcha la unidad Uno-3100 y sustituir la U-350, esta última no se paró y siguió operando con normalidad, un hecho que las autoridades desconocían y, por lo tanto, habría operado sin autorización.

Según señala la interlocutoria de la magistrada, «se trataría de una conducta organizada y continuada de la empresa por la cual era necesaria la participación de sus máximos responsables y de la cual resultaba beneficiada de manera principal la empresa IQOXE». Esta pieza separada tiene el origen en la pieza principal del caso IQOXE, caso en el cual se están investigando las causas que llevó a un reactor de la planta a explotar el pasado 14 de enero del 2020 y causó la muerte de tres personas.

La planta de IQOXE en La Canonja en el momento de la explosión / EP
La planta de IQOXE en La Canonja en el momento de la explosión / EP

Los acusados presentan un recurso

La defensa de los acusados Morlanes y Rodríguez, en declaraciones recogidas por la ACN, ha confirmado que se presentó un recurso contra la resolución judicial lo pasa mes de abril. Quién decidirá si hay juicio o no será la Audiencia de Tarragona. La defiende argumenta que la compañía tenía todas las autorizaciones y los permisos necesarios por el funcionamiento del reactor Uno-350 y señalan que lo confirmó el «responsable de licencias del Departamento de Empresa de la Generalitat en la declaración hecha durante la instrucción».

El abogado Emilio Zegrí, quien lleva la defensa de IQOXE, señala que la empresa «no renunció a ninguna licencia de Uno-350 y la administración no revocó el permiso de funcionamiento de esta unidad, tampoco promovió y ordenar su desmantelamiento» y que «el reactor no tiene ninguna relación con la explosión de la planta».

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