A pesar de que ha tardado mucho más de lo esperado en resolverse, el BBVA sale satisfecho de la fase 2 de estudio de la OPA sobre el Banco Sabadell. 11 meses después del inicio del análisis de mercados, y con la mayoría del tejido económico en contra, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado la última propuesta del banco vasco para continuar su ofensiva sobre su objetivo catalán. En un comunicado emitido la noche del pasado miércoles -y después de más de cinco horas de caos causado por ella misma- la autoridad española ha reconocido hasta cinco ámbitos en los que la concentración genera «riesgos». Aun así, tras un más que cuestionado test de mercado, consideran que las protecciones planteadas por la directiva liderada por Carlos Torres son «suficientes para solucionar los problemas detectados». Con este movimiento, la CNMC traslada la presión al gobierno español, que ahora tendrá hasta 45 días hábiles para estudiar las condiciones de la oferta e imponer sus propias condiciones, siempre que encuentre fórmulas para desvincularlas del ámbito de la competencia. Patronales, sindicatos y el mismo Sabadell se han lanzado a criticar la decisión del equipo de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, pero la pelota ya ha pasado al tejado del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
En concreto, la Competencia española reconoce las alarmas del tejido de negocio respecto a la OPA en media docena de puntos. El análisis de mercado elaborado por la entidad -que, cabe recordar, ha dejado fuera a los sindicatos, las cámaras de comercio, los accionistas del Sabadell o Foment del Treball- encuentra que la concentración bancaria puede provocar un «empeoramiento de condiciones comerciales» para los clientes «en determinadas localizaciones»: Aunque no concreta las geografías afectadas, es más que probable que Cataluña sufra el golpe, así como la Comunidad Valenciana. También admite peligros relacionados con la exclusión financiera de varios colectivos, como las personas mayores; una posible reducción del acceso a cajeros automáticos a raíz del cierre de oficinas físicas o un hueco en la oferta de terminales de pago con tarjeta de crédito, una actividad en la que BBVA y Sabadell son dos de los grandes actores del Estado. Ahora bien, el núcleo de los peligros de la OPA radica en la «reducción del crédito a las pymes», un déficit de préstamos al tejido empresarial que podría elevarse a 75.000 millones de euros, según cálculos patronales. Una vez más, la CNMC apunta que este ataque a la pequeña y mediana empresa afectará «especialmente ciertas áreas geográficas», evitando concretar que se trataría, mayoritariamente, de los Países Catalanes.
Remedios para las pymes
Para evitar la amenaza que provoca esta operación, el BBVA ha propuesto hasta siete paquetes de compromisos relacionados con los riesgos confirmados por la CNMC. El más relevante es el que afecta a las pequeñas y medianas empresas, con garantías de sostener parte del crédito concedido por el Sabadell por un período de entre tres y cinco años. En primer lugar, BBVA sostiene que mantendrá toda la financiación a corto plazo de pymes y autónomos hasta su fecha de vencimiento acordada con el banco catalán. En cuanto a las líneas de crédito a largo plazo, la oferta vasca solo protegerá a aquellas compañías que concentren más del 85% de su financiación actual en las dos entidades implicadas. Solo mejora la concesión en Cataluña y en Baleares, donde la cuota de mercado del dúo bancario es superior al 30%. En estos dos casos, reducirán el umbral crítico hasta el 50% del crédito, y se mantendrán las «condiciones de referencia» adquiridas en las oficinas locales. Todo ello, durante un período inicial de tres años ampliable a cinco según el estado del mercado.
Las pequeñas y medianas empresas también sufrían por las condiciones de acceso a nuevas líneas de crédito. Para tratar de calmar las aguas, BBVA ha ofrecido mantener las condiciones comerciales, si bien solo lo hará en «códigos postales problemáticos» -aquellos donde la fusión deje una competencia física que no supere los tres bancos-. Se trata de un total de 168 localizaciones en todo el Estado español. El sector patronal ha criticado esta aproximación, en tanto que las empresas, incluso las pequeñas, superan la escala de los códigos postales con su actividad crediticia. El banco vasco también asegura que no cerrará las oficinas del Sabadell especializadas en empresas en los territorios donde pueda causar más agravios, y que no forzará subidas de precio del nuevo crédito a las pymes por encima de la media del Estado. Todo ello, cabe recordar, por un período máximo de cinco años. Finalmente, garantiza a las empresas que «no empeorará» las condiciones de contratación de los terminales de pago con tarjeta adquiridos antes del 30 de abril.
Cajeros y «clientes vulnerables»
Más allá del caos empresarial, el BBVA ha ofrecido diversas fórmulas para garantizar el acceso a oficinas bancarias y cajeros automáticos en los municipios con peores niveles de concentración bancaria. Así, mantendrán la presencia física en los municipios con baja competencia. También en aquellos que hayan registrado una renta per cápita inferior a 10.000 euros, y en las localidades de menos de 5.000 habitantes. En cuanto al acceso a dinero en efectivo, el banco vasco asegura que ofrecerá el servicio de Correos Cash dos veces por semana de manera gratuita, y que no cerrará cajeros en las localizaciones donde haya solo un competidor -o ninguno-. Esta última condición, cabe decir, tiene una duración mucho más corta, de solo 18 meses desde la aprobación de la OPA, en caso de que esta sea exitosa. Todo ello acompañado de un compromiso de «publicar en su web los cambios y condiciones aplicables a sus productos», en una promesa de «comunicación con los clientes»; y de la creación de una cuenta para «clientes vulnerables» que ofrezca condiciones más favorables para usuarios con más dificultades económicas.
Promesas insuficientes
A juicio del Banco Sabadell, los compromisos no llegan a garantizar la salud del sector bancario tras la OPA. En un comunicado lanzado la pasada noche, la entidad catalana se ha mostrado muy crítica con la «metodología utilizada por la CNMC» para esclarecer los problemas que surgirán de la fusión, en caso de que esta siga adelante. El consejero delegado de la compañía, César González-Bueno, se mostró comprensivo en un primer momento con la decisión de expulsar a 79 entidades del mundo económico de la fase 2 de estudio; pero pasó al ataque cuando se hizo evidente que Competencia tampoco tenía intención de trasladar al mundo empresarial su test de mercado. «No son las formas correctas para analizar los problemas de competencia», decía en un encuentro con periodistas antes de la junta de accionistas. La compañía, sin embargo, se aferra a las malas condiciones económicas del intercambio, que, por ahora, dejaría un hueco de hasta el 7% del valor de la entidad en los bolsillos de los accionistas.
Por su parte, la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, también se ha lanzado al choque con Competencia, y alega que las condiciones aceptadas son «absolutamente insuficientes» para mitigar los efectos perniciosos de la OPA sobre el tejido de negocio. En este sentido, reclama a las «autoridades competentes» incrementar la vigilancia sobre la operación, e insta al ministerio de Economía a «aprovechar» la fase 3 que ahora se abre para «si es necesario, endurecer» los remedios impuestos a BBVA.
