El Consejo de Cámaras no ha logrado la paz con el mundo patronal con la entrada de la ley de Cámaras en el trámite del Parlamento, más de 10 años después de la caducidad de la anterior. La semana pasada, las dos patronales y los dos sindicatos mayoritarios del país -Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT- enviaron una carta a los grupos parlamentarios para enmendar parte del texto legal que debe pasar por la Comisión de Empresa y Trabajo en 2026. El conflicto, según explicaron las organizaciones, se encuentra en el derecho de representación empresarial de las Cámaras: el redactado, dicen las patronales, «se abre a la interpretación» de que las corporaciones de derecho público catalanas podrían entrar a participar en espacios del diálogo social. Tal como ha alertado el presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Antoni Cañete, el actual redactado del texto puede «generar muchos problemas».
«En el redactado se habla de participación, y en los espacios de diálogo social, este derecho solo lo tienen los agentes más representativos», ha remarcado Cañete; que asegura que la irrupción de las Cámaras en este tipo de entornos de diálogo sería «romper la democracia». «No puede ser que esté el Gobierno y también corporaciones financiadas por el Gobierno», ha criticado el líder patronal. Cabe recordar que Pimec ya había sido una voz crítica con la propuesta legisladora, incluso antes de la etapa de Santacreu al frente de la corporación. Ya en el mandato de Eines de País, tanto en la presidencia de Joan Canadell como en la de Mònica Roca, la patronal catalana de las pymes veía varios problemas con los puntos de la regla que delimitaban el ámbito de actuación de las Cámaras. Ahora, sin embargo, se han sumado los sindicatos, así como Foment del Treball, que hasta ahora no parecía tan preocupada por la invasión competencial que lamenta Cañete.
Santacreu: «La sangre no llegará al río»
Unas horas después de las críticas lanzadas por Cañete, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y del Consejo General de las Cámaras Catalanas, Josep Santacreu, ha reconocido el conflicto, si bien asegura que «no tiene ningún problema» con las patronales del país. En declaraciones posteriores a la despedida anual del curso de la corporación, Santacreu ha defendido el redactado que han presentado al Parlamento. La norma, ha argumentado, «es exacta a la del 2002, y sigue completamente la ley española básica de cámaras de comercio». En este sentido, no parece sufrir por las posibles enmiendas que reclamarán las patronales. En buena medida, porque las ve fuera de lugar. Para Santacreu, los planteamientos de Foment, Pimec, CCOO y la UGT harían a la Cámara «renunciar a quien es»; y abandonar espacios empresariales que ha ocupado desde hace décadas.
El favor de los partidos
La oposición de sindicatos y patronales puede bien quedar sin efecto. Pimec ha pedido un dictamen del CTESC, el órgano colegiado del diálogo social, para que valore el encaje regulador del redactado legal. A juicio de Cañete, tal como está registrada en el Parlamento, choca con los artículos 45.6 y 45.7 del Estatuto, que definen el rol de los agentes representativos, así como el de la estructura cameral. Una decisión favorable, sin embargo, será solo un argumento para presentar ante la Comisión de Empresa y Trabajo, donde los diputados podrían presentar enmiendas parciales a la ley antes de trasladarla al pleno. Por ahora, los diagnósticos de la situación de ambos actores son contradictorios: el presidente de la patronal de pymes sostiene que los numerosos cambios que han puesto sobre la mesa ya están en manos de los partidos, y que los están estudiando. «Y si se pierde el partido no vale retirarse, hay que jugar hasta el final», ha avisado a las Cámaras. Santacreu, por su parte, sostiene que la norma «saldrá adelante» con total seguridad, y que podría estar vigente durante el verano de 2026. Según ha explicado, ya se ha puesto en contacto con los partidos que la registraron -PP, PSC, Junts y ERC- y tres de ellos ya han reiterado su apoyo con la iniciativa. En buena parte, para no chocar con el tejido cameral. «Si se aceptan las enmiendas estructurales que proponen las patronales, tendrán las 13 cámaras catalanas en contra», ha sentenciado.
