Después de una instrucción accidentada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado el auto de apertura de juicio oral por el que envía a juicio al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, diez directivos más del banco, a PricewaterhouseCoopers, así como a dos auditores de esta consultoría. Todo esto por la ampliación de capital de 2016 en la que los inversores, según el magistrado, fueron engañados. La tesis de la acusación es que los balances y los estados financieros de aquel año y de 2015 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio».
El auto de apertura de juicio oral, de 54 páginas y al que ha tenido acceso MónEconomia, recoge los escritos de calificación de las catorce acusaciones que tipifican los hechos como delitos de falsedad contable y delito continuado de estafa de inversores. Entre los que se sentarán en el banquillo de los acusados se cuentan, además de Ron, las primeras espadas ejecutivas de la entidad de entonces, como el exconsejero delegado Francisco Gómez Martín, otros directivos de la entidad y los auditores de PwC José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio Luis, así como la firma PwC. De hecho, a los auditores y a la consultora, el magistrado los califica de cooperadores necesarios para la ejecución de los delitos. Ahora las partes tienen 20 días para presentar los escritos de defensa.
Fianzas altas
En la misma resolución, el juez impone unas fianzas totales de 2.277.658.321,17 euros, una cantidad que han solicitado las acusaciones y que el instructor explica que es provisional porque algunas de las acusaciones no han concretado la solicitud. Una fianza que tiene por objeto asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y del contenido patrimonial de la sentencia que se dicte. Ahora bien, el magistrado también rechaza las medidas cautelares reales planteadas por las acusaciones al tener en cuenta la solvencia económica y financiera del Santander, de PwC y de las aseguradoras.
Respecto del Banco Santander, el juez se muestra de momento magnánimo. Calama rechaza la apertura de juicio oral contra la entidad de los Botin, en concepto de partícipe a título lucrativo e indica que se debe mantener su posición como responsable civil subsidiario al ser el sucesor universal del Banco Popular y, por tanto, ha de ser la responsabilidad civil subsidiaria donde las acusaciones puedan reclamar. En cambio, en cuanto a PwC, a quien la Fiscalía finalmente no ha acusado, pero sí el resto de las acusaciones, salvo la Organización de Consumidores y Usuarios, el juez indica que, sin perjuicio de su responsabilidad directa como acusado, debe responder de forma subsidiaria en relación con los hechos por los que vienen acusados los dos auditores de la mercantil.
