IQOXE y los tres directivos investigados por la explosión a la planta de la Canonja el enero del 2020 serán finalmente procesados. La empresa y los tres altos cargos serán acusados de delitos de imprudencia con resultado de muerte y lesiones y contra los derechos de los trabajadores. Con esta decisión, la jueza titular del enjuiciado número 1 de Tarragona cierra la investigación y la deja a las puertas del juicio oral.
El tribunal considera, con su valoración, que los procedimientos de reducción de costes acompañados de una aceleración de la productividad provocaron un «mantenimiento deficiente» de instalaciones clave para la compañía. La explosión, que causó tres muertos, estaría relacionada «decisivamente» con la falta de condiciones de seguridad y la insuficiente plantilla de la empresa.
De este modo, los tres dirigentes empresariales investigados serán imputados por los tres presuntos delitos. En cuanto a la empresa en conjunto, le atribuye el delito de estragos –el único aplicable sobre una persona jurídica–. La interlocutoria de la jueza identifica hasta 31 afectados a Tarragona y cerca de una veintena a la Canonja. Además de los tres muertos –dos de ellos trabajadores a la planta– el procedimiento judicial identifica los ayuntamientos de ambos municipios como perjudicados, entre otros. Las partes tienen, desde esta notificación, 10 días para pedir la apertura de juicio oral.
Ignorar la protección
La instrucción judicial, en referencia a los tres acusados, asegura que «ampliaron progresivamente la producción sin consideración de los requerimientos de seguridad». En concreto, alerta que la planta que explotó el enero del 2020 no contaba con «barreras efectivas» que la separaran de la sala de control administrativo, de la que la separaban solo 12 metros. Esta carencia determinó » las gravísimas consecuencias» del accidente.
Según la interlocutoria, además, la formación de los trabajadores habría estado insuficiente para la adaptación al nuevo ritmo de producción que imponía la planta que explotó. Tampoco se estudió correctamente el efecto de la introducción y los cambios en el tratamiento de nuevos productos químicos, como por ejemplo lo MPEG-500, para los que no se habrían producido ensayos de seguridad. Además, si bien la planta Uno-3.100 se había concebido como línea de producción en discontinuo, se acabó usando para la producción continua, sin la suficiente atención de nuevo personal para vigilar el estado de la línea. Los trabajadores, constata la jueza, sufrían una «sensación de riesgo» constante que los hacía temer «la posibilidad de un gran accidente».
Multa de la Generalitat
Antes de la interlocutoria de la jueza, IQOXE ya había recibido sanciones por valor de 2,1 millones de euros por parte del departamento de Empresa y Trabajo por diversas de las quiebras de seguridad que se produjeron antes del accidente. En concreto, la Generalitat multó el pasado abril la química tarraconense con un millón por el cambio en la receta de la fabricación de la MPEG-500; 500.000 euros para silenciar las alarmas sonoras del sistema de seguridad; 500.000 euros por la carencia de supervisión del panel de control de la fábrica y otros 100.000 euros por no formar correctamente sus trabajadores.
