El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado su discurso en la gala de los premios de Foment del Treball para atacar los «extremismos» en la política catalana. En concreto, ha centrado su crítica en las políticas antiinmigración, aunque no ha hecho ninguna referencia explícita a las extremas derechas que ocupan escaños en el Parlamento. Para Illa, «los extremistas contra la inmigración ponen en riesgo la prosperidad de Cataluña«. Frente a estos programas, ha defendido la hoja de ruta económica del Gobierno, bajo la marca de «prosperidad compartida» que ha adoptado desde su entrada en la plaza Sant Jaume. En un dardo hacia el independentismo -ya común en las comparecencias ante el empresariado-, Illa se ha reivindicado como «garantía de estabilidad», y ha asegurado que su ejecutivo «ha devuelto Cataluña al mundo».
Utilizando un estudio firmado por el economista estadounidense y ganador del premio Nobel Joseph Stiglitz, Illa ha alertado que «existe una crisis global de desigualdad». Frente a esta amenaza, ha instado a los empresarios a contribuir a eliminar las brechas sociales del país, asegurando que «la mejor política económica es la que reduce las desigualdades». Ha añadido, en el mismo sentido, que «una sociedad desigual no es competitiva», por lo que Cataluña «no se puede permitir» un modelo que aumente la vulnerabilidad de sus ciudadanos. Tampoco se puede permitir, ha reiterado, las consecuencias políticas de esta desigualdad, en tanto que prepara el terreno para los mismos extremismos que ha denunciado.
La economía «en los barrios»
Para expandir el «modelo de prosperidad» que defiende, Illa ha esbozado las prioridades económicas de su ejecutivo. «Nos jugamos el futuro de Cataluña en los barrios», ha alertado. Para atender sus necesidades, ha puesto el foco en dos de los ámbitos clave de la legislatura: la vivienda y la seguridad ciudadana. Para el presidente, la actuación del Gobierno en el ámbito residencial debe resumirse en considerar que «la vivienda es, por encima de todo, un derecho»; mientras, en la calle, se libra una «guerra contra la criminalidad».
También ha concedido a los empresarios una de sus demandas clásicas: la reforma de la administración para hacerla «más ágil». Para eliminar la burocracia, ha llamado a la ayuda del empresariado, que considera un «aliado»; también en la expansión del modelo social. «Debemos poner el éxito de las empresas al servicio de los valores humanos, la colaboración y la convivencia. Sin ellos, seríamos un país sin esperanza», ha concluido.
