El juez de la sala mercantil número 2 de Barcelona ha puesto punto final al serial de Celsa entregando la propiedad a los fondos acreedores de la compañía catalana. Después de conocer esta información, el Govern ha asegurado que velará por proteger “la integridad de la cadena de valor y el modelo industrial que garantice la reinversión de recursos y el mantenimiento de los puestos de trabajo”.
De acuerdo con la resolución judicial, los acreedores asumen la gestión de la empresa y, en consecuencia, desplazarán la actual propiedad formada por la familia Rubiralta. Además, hay que recordar que el Govern, y el mismo presidente Pere Aragonès, han insistido en varias ocasiones que consideran que Celsa es una empresa “es estratégica para la economía” del país.
Lo de una empresa familiar
Con esta sentencia, Celsa dejará de ser una empresa familiar que mujer trabajo a 10.000 personas y factura 6.000 millones anuales, puesto que pasará a ser una empresa más, quedando en manos de fondo de inversión, que acumula más de 2.000 millones de deuda. En la sentencia, que no se puede recorrer, el juez ha considerado que el plan de reestructuración que presentó los fondos apenas hace un año está probado y se ajusta a la realidad. “En una moderna economía competitiva, el mercado es y tiene que ser el único árbitro de la supervivencia económica”, asegura la sentencia publicada este lunes.
Hay que apuntar que este desenlace ha estado posible por culpa de la entrada en vigor de la nueva ley concursal. Esta nueva norma permitió a los fondos acreedores plantear la posibilidad de convertir la deuda que tenían con la empresa en acciones de la compañía, que es el que finalmente ha acabado pasando. Concretamente, la nueva ley española, los acreedores tienen un importe de deuda mayor que el valor de la compañía, pueden cobrársela accediendo a la propiedad.
Apoyo del Govern
Antes del juicio y en plena disputa entre los hasta ahora accionistas y los acreedores, el Govern, sindicatos y patronales apoyaron al proyecto industrial de Celsa de la familia Rubiralta. En aquel momento, el ejecutivo ya alertó sobre “la amenaza que quiera imponer criterios extractores del valor industrial y en detrimento de toda la cadena de valor, de proveedores y de sus trabajadores”.
