El ministro de Transición Digital y Función Pública, José Luís Escrivá, ha anunciado al MWC una nueva inversión millonaria para el impulso tecnológico desde Moncloa. En una ponencia al pabellón español del congreso, Escrivá ha confirmado la creación de una nueva empresa pública, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, para participar con financiación de la transición tecnológica. La SETT, una suerte de SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) digital, movilizará una primera dedicación de 20.000 millones de euros dedicados a financiar iniciativas de alta tecnología. La compañía, según ha informado el departamento, «agrupará las participaciones de l?Estado en sectores de alta tecnología, telecomunicaciones y digitalización» en la busca de nuevas «sinergias» para implementar la transición tecnológica.
A diferencia de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la nueva SETT, que se aprobará previsiblemente la próxima semana en Consejo de Ministros, colgará directamente de Transformación Digital. La nueva empresa es necesaria, según Escrivá, porque las inversiones públicas se adapten a «una revolución industrial en toda regla», que tendría que llegar a la inmensa mayoría de ramas económicas del Estado. Ante este escenario, añade el ministro, Moncloa tiene que tener «capacidad de decisión» sobre qué inversiones tienen que ser prioritarias para el erario público. En este sentido, la nueva Sociedad se marcará como principal objetivo la soberanía tecnológica -tan buscada por las instituciones europeas, especialmente a raíz de la pandemia-, así como la mejora de la baja productividad que sufre históricamente el tejido empresarial español. Consultado sobre la inclusión de Telefónica a la nueva sociedad, Escrivá ha asegurado que «tendría sentido incluirlo».
Dinero a varios objetivos
Más allá de la todavía no confirmada integración de la inversión en Telefónica dentro de la nueva sociedad, Escrivá ha delineado los sectores que moverán las primeras dedicaciones económicas aprobadas por el ejecutivo de Sánchez. En primer lugar, la SETT integrará el Perte Chip, el más ancho de todos los proyectos de recuperación y transformación económica comenzados por Moncloa a raíz de los fondos Next Generation -dotado con unos 12.000 millones de euros-. Vehicular este Perte mediante la nueva sociedad permitirá, según el ministro, «desarrollar un ecosistema industrial a toda la cadena de valor de semiconductores» -más allá del diseño, ámbito en el cual Cataluña ya es una referencia europea; y con iniciativas encaradas a la producción-. Más allá de la microcomputación, la Sociedad contará con los 4.000 millones en fondos dedicados al programa NextTec, dedicado a empresas de alto componente innovador; así como los 1.700 millones de euros de las cuentas de la Spain Audiovisual Hub.
Sobre estos tres pilares, según Escrivá, la nueva SETT profundiza el «proceso de transformación tecnológica» de la economía española, uno de los claros objetivos de la administración a raíz de la pandemia. Con el nuevo capital público, el Estado aspira a hacerse un lugar a la cobdiciada cadena de valor de las tecnologías de vanguardia a Europa -un espacio en competencia, atendidas las intenciones de la Comisión de lograr un alto nivel de autonomía estratégica, que pretenden implementar la mayoría de mercados internos-.
Orange y MásMóvil, «según compromisos»
Más allá de la creación de la nueva sociedad, Escrivá ha reiterado las reservas del ejecutivo respecto de la ya aprobada fusión entre Orange y MásMóvil. La sociedad surgiendo, la tercera del Estado por número de usuarios, tendrá que cumplir sus compromisos de inversión. En un sentido similar al que ya ha expresado este mismo lunes el comisario europeo de mercado interior Thierry Breton, el ministro de Transición Digital defiende activar, mediante movimientos como estos, la financiación privada de la nueva infraestructura de conectividad que necesita el continente. Así, el que fuera titular de Hacienda recuerda que el Consejo de Ministros tiene «la última palabra» respecto de la fusión, y emplaza las empresas a una decisión que se tomará durante el mes de marzo.
