Foment del Treball ha acusado el gobierno español de «autoritario y filibustero» por los cambios en el Consejo Económico y Social (CES). En un comunicado, la patronal catalana ha lamentado que el ejecutivo de Pedro Sánchez haya traicionado la negociación colectiva para favorecer «ciertos actores próximos a sus intereses» en una «deriva intervencionista». «Las acciones de este gobierno inclinan a pensar que su intención es legislar contra los empresarios», ha espetado la organización que lidera Josep Sánchez Llibre. Además, la patronal asegura que «esta política de hechos consumados es especialmente lesiva por la actividad económica» y critica al ejecutivo por no haberlo negociado. A la vez, avisado que los cambios hacen «imposible la confianza basada en la buena fe». La patronal estatal CEOE también ha criticado el ejecutivo para «romper el diálogo social» con la entrada de entidades como, por ejemplo, Pimec.
Las valoraciones del empresariado catalán y español llegan, de hecho, poco después de que el gobierno español haya abierto la puerta a participar en el Consejo Económico y Social a las patronales de las comunidades autónomas. En Cataluña, este movimiento ha dado entrada a la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalana, Pimec, presidida por Antoni Cañete.
La CEOE lamenta que el gobierno español «fuerce» la entrada de nuevos actores
Desde las organizaciones estatales, por su parte, también se ha mostrado frontalmente en contra de la decisión del gobierno español. Concretamente, la CEOE, Cepyme y ATA han acusado este miércoles al ejecutivo de «forzar» la entrada en foros de diálogo a «actores afines a sus intereses» y de querer «romper» el diálogo social.
Por otro lado, las tres patronales españolas también han comentado el acuerdo entre el gobierno español y el PNB para dar prioridad aplicativa a los convenios colectivos autonómicos y provinciales sobre los de sector. Sobre esto, las tres entidades han denunciado que el ejecutivo «continúa profundizando en la deriva intervencionista» al haber modificado «sustancialmente, de manera unilateral y para cumplir con pactos políticos», el espacio de negociación «exclusivo y autónomo» de empresas y trabajadores.
Así, desde CEOE, Cepyme y LIGA han asegurado que, en la práctica, esta medida «atenta contra la unidad de mercado a escala nacional» y va «en dirección contraria» precisamente de los esfuerzos que en el ámbito europeo se están desarrollando para reforzarla como elemento fundamental de la futura competitividad de la Unión Europea (UE) y de España.
