La Comisión Europea ha encendido la guerra contra cualquier interferencia del gobierno de un estado miembro en operaciones de concentración empresarial, especialmente en el sector bancario. Solo unos días después de acusar al ejecutivo español de haber vulnerado el derecho de libre circulación de capitales, protegido en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, con el veto a la fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell, Bruselas ha vuelto la mirada hacia Roma, en medio de una ofensiva bancaria igualmente controvertida: la OPA sobre BPM del gigante crediticio UniCredit por unos 14.000 millones de euros. Como en el caso del banco catalán, el serial en Italia ya lleva varias temporadas: la firma que dirige Andrea Orcel hizo públicas sus intenciones de asimilar la competencia a finales de noviembre de 2024, y se ha encontrado con obstáculos similares a los que ha enfrentado Carlos Torres al frente del Banco de Bilbao. En concreto, con una feroz oposición desde el Palacio Chigi, desde donde la primera ministra Giorgia Meloni ha impuesto unas condiciones que ahora el gobierno comunitario ve como excesivas. Roma obliga a UniCredit a abandonar completamente su negocio en Rusia en nueve meses, y a mantener la ratio de préstamos sobre depósitos de BPM durante un mínimo de cinco años. Ahora, la Comisión explora la legalidad de este movimiento.
Como en el caso español, la Comisión Europea duda que el gobierno italiano haya aplicado correctamente su potestad para imponer condiciones a una fusión empresarial como esta. El reglamento europeo en cuestión, como ha reconocido el mismo ejecutivo que preside Ursula von der Leyen, atribuye a los estados miembros la capacidad de imponer condiciones adicionales en las adquisiciones y absorciones locales; pero reduce a casos muy concretos estos poderes. La normativa otorga a Roma el derecho de añadir obstáculos si una fusión «tiene un riesgo potencial para la seguridad pública»; o si se reconoce un «interés legítimo» del estado en mantener ciertas garantías. Así lo recoge el artículo número 21 del mencionado reglamento; que también sostiene que la CE puede intervenir si tiene dudas al respecto. Y así lo ha hecho: el portavoz Thomas Regnier ha alertado que las autoridades de los 27 desconfían de que el decreto por el cual Meloni ha impuesto las nuevas condiciones a la OPA «cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 21». Tras las primeras comunicaciones con Chigi, Bruselas dobla su apuesta, y defiende que la decisión italiana «carece de un razonamiento suficiente» para justificar los nuevos remedios.
De esta manera, Bruselas da la razón a UniCredit tras importantes batallas judiciales. El banco oferente había llevado ante los tribunales administrativos de la región del Lazio el conjunto del decreto, alegando que la ley no ampara al ejecutivo para tomar este tipo de decisiones. El juez ha decidido a favor del gobierno en cuanto a la salida del mercado ruso; pero obligará a Meloni a revisar tanto las exigencias en la política de préstamos como la obligación de mantener carteras financieras separadas en Italia. Con esta resolución, la justicia mantiene el principal obstáculo a la OPA, pero deja caer buena parte del paquete regulador de Roma, que deberá elaborar un nuevo decreto con remedios adicionales. Parte de las dudas de Bruselas, pues, podrían disiparse con la batalla judicial; pero se mantiene la que ha levantado más alarmas. De hecho, en su comunicado, la Comisión considera que el bloqueo ruso podría poner en riesgo el derecho de libre circulación de capitales, en un movimiento similar al que ha afectado a la Moncloa a raíz de la OPA al Sabadell.
Cabe recordar que el gobierno de la extrema derecha italiana tenía un interés en el crecimiento de BPM, en tanto que, como publicó Bloomberg a finales de 2024, la OPA llegó encima de otro proceso de concentración. Chigi, según la agencia estadounidense, quería explorar la creación de un tercer gran grupo bancario italiano con la integración del gestor de activos Anima Holding; que habría servido para acercar BPM a UniCredit e Intesa Sanpaolo en el pódium financiero del país. A pesar de la amenaza de Bruselas, cabe decir, las autoridades alrededor de Meloni sostienen que las condiciones se mantendrán tal como las han planteado, en el ejercicio de su poder dorado; que otorga al ejecutivo capacidades especiales en relación con las operaciones empresariales en sectores estratégicos, como la banca.
La acción delata el sentimiento del mercado
La alerta de Bruselas, unida al recorte del decreto impuesto por el tribunal del Lazio, facilitan el camino de UniCredit para culminar con éxito su OPA. Al conocerse estas noticias, los inversores han valorado ambas compañías -una señal que indica que hay rumores a favor de la adquisición-. Ha salido ganando, especialmente, BPM, con una escalada diaria en el mercado italiano cercana al 5,2%, hasta los 10,54 euros por título. Mucho más discreta ha sido la escalada de los oferentes, que han ganado medio punto, y superan los 58 euros -una cotización inimaginable en el Estado español, donde los títulos más valiosos son, precisamente, los de BBVA, que se encuentran alrededor de los 13 euros al cierre de este lunes-. La experiencia es muy diferente de la que se ha podido registrar en el caso de la OPA al Sabadell: tanto el banco catalán como el vasco han ganado posiciones bursátiles cada vez que la fusión ha peligrado. En este caso, fuentes financieras razonan en Món Economía que los inversores ven la compra con malos ojos, y esperarían que esta acabe cayendo, ya sea porque el Banco de Bilbao la retire, o porque el accionariado catalán la rechace durante el período de aceptación.
