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El Estado compra un 3% de Telefónica a través de la SEPI

El Estado ha comprado un 3% de las acciones de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según ha informado la compañía dependiente del Ministerio de Hacienda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Consejo de Ministros acordó el pasado mes de diciembre la compra de un máximo del 10% del capital social de la teleoperadora. Cuando la SEPI ha llegado al 3% de las acciones, lo ha tenido que comunicar a la CNMV “al llegar al umbral que prevé la normativa sobre la materia”, ha reconocido la compañía.

El anuncio de la SEPI se ha producido pocos minutos después de que CaixaBank haya anunciado la liquidación parcial de una cobertura sobre su participación en Telefónica, operación que ha reducido en un punto porcentual su peso en la multinacional, que ha bajado hasta el 2,51%. Con todo, fuentes de la SEPI han explicado a Europa Press que los dos movimientos no tienen relación. El paquete accionarial del Estado en Telefónica, con una acción que ronda los 3,99 euros, está valorado en unos 690 millones. Adquirir el 7% adicional, hasta llegar al 10% autorizado por el ejecutivo de Pedro Sánchez, supondría pagar 1.600 millones más a precios actuales.

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete / EP
El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete / EP

Una operación de contraataque por la llegada de Arabia Saudí 

La decisión del gobierno español de entrar en el capital de Telefónica es la respuesta al desembarco del operador estatal saudí STC, controlado por el fondo soberano Public Investment Fund (PIF), en el accionariado de la compañía de telecomunicaciones. STC adquirió un 9,9% de Telefónica, un 4,9% a través de acciones directas y un 5% adicional a través de derivados finanzas. La operación se valoró en 2.100 millones de euros. La SEPI ha asegurado que será un “accionista con vocación de permanencia” y quiere “proporcionar Telefónica una mayor estabilidad accionarial para la consecución de sus objetivos”.

El gobierno español considera que el operador es una “compañía estratégica para los intereses nacionales por su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y sus capacidades industriales, determinantes en áreas como la seguridad y la defensa”, añade la SEPI en su comunicado.

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