La OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell entra en sus últimas etapas. El cuestionado dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, favorable a los intereses de la entidad vasca, ha forzado a pasar páginas del calendario de la operación, a pesar de los reproches que ha ganado el organismo por parte del mundo patronal. Exactamente un año después del lanzamiento de la oferta, esta pasa a manos de uno de sus opositores más vocales: el gobierno español. El ministerio de Economía, que dirige Carlos Cuerpo, encabezará la conocida como fase 3 de estudio, un período en el cual la Moncloa vigilará los compromisos «insuficientes» con los que la CNMC busca limitar el perjuicio que supondría la adquisición sobre el mercado financiero.
Según han publicado varios medios madrileños, el ministerio de Economía ha roto la liturgia del puente de mayo para iniciar la lectura «en profundidad» de los documentos elaborados por Competencia. El equipo de Cuerpo tendrá entonces 15 días hábiles para estudiar los compromisos concretos y decidir si es necesario elevar el análisis al Consejo de Ministros -como todo hace pensar que hará-. Una vez en manos del ejecutivo en pleno, el gabinete de Pedro Sánchez tendrá hasta 30 días adicionales para plantear e imponer remedios adicionales, siempre que estos estén fundamentados en motivos fuera del ámbito de la competencia. Durante la fase 2, la Moncloa ya ha dejado entrever cuáles son las cuestiones que sacará a la palestra, como la cohesión territorial, las condiciones de financiación o la defensa de los puestos de trabajo; y varios ministros ya se han lanzado a criticar la operación desde la luz verde de Competencia.
Los diversos actores políticos y económicos que se oponen a la hipotética adquisición han reclamado al gobierno español que frene completamente el proceso. Prohibir la OPA, cabe recordar, está fuera de las capacidades del ejecutivo. Puede, sin embargo, imponer unas condiciones lo suficientemente severas para hundir la rentabilidad de la compra, y forzar la mano del BBVA, que se vería obligado a retirar su oferta. El consejero delegado de la entidad, el turco Onur Genç, ya se ha expresado en este sentido en varias ocasiones. Entre los remedios más comentados en las últimas semanas destaca compra sin fusión: el Consejo de Ministros sí podría, con la Ley de ordenación de entidades de crédito en la mano, negar la integración completa del Sabadell a su comprador, y obligar al Banco de Bilbao a mantener en funcionamiento la marca catalana. Para hacerlo, necesitaría informes favorables de varios organismos, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta el Banco de España.
La compra, en septiembre
Aunque el gobierno no está obligado a gastar todo el plazo de estudio, el carácter especialmente delicado de la OPA sobre el Sabadell -así como la más que vocal oposición que han llevado a cabo- hace pensar que, como en el caso de la CNMC, se volverá a exprimir el calendario. En tal caso, la resolución de la fase 3 llegaría alrededor de San Juan. Una vez la Moncloa dé a conocer sus condiciones adicionales, si es que las impone, quedará un último escollo: el sí de la CNMV, encargada de aceptar los términos de la oferta final de BBVA. El mercado prevé que el sí del regulador bursátil será rápido, dado que ya haría meses que tiene preparado el documento. El nuevo presidente del organismo, Carlos San Basilio, sin embargo, ha abogado desde su nombramiento por ser el último dominó en caer, y esperar que todos los demás actores hayan dicho la suya antes de pronunciarse.
Una vez la CNMV dé su sí definitivo a la OPA, se abre un período de aceptación que puede durar hasta 70 días. En esta fase, los accionistas del Sabadell decidirán si aceptan las condiciones del BBVA y se adhieren a la oferta. Los vascos tienen margen prácticamente hasta el último momento para mejorar las condiciones del canje, y el mundo financiero está convencido de que así lo hará, dado el amplio margen de capital que han alcanzado tras sus resultados del primer trimestre del año. Con todo, es muy posible que el período de aceptación también se agote hasta el final, en tanto que muchos de los inversores vallesanos abandonarán la actividad bursátil durante el mes de agosto por las vacaciones de verano. Así, la respuesta final se conocerá a mediados del mes de septiembre, cerca de un año y medio después del inicio de las hostilidades del presidente vizcaíno, Carlos Torres.
