La Cámara de Comercio de Barcelona reclama 390 millones de euros en incentivos para que las empresas lleven adelante la transición hídrica. La corporación asegura que el sector público debe facilitar con medidas de este valor el impulso de «medidas para el ahorro y el uso eficiente del agua» por parte del mundo privado del país. Así se desprende del estudio Transición Hídrica en los Sectores y Actividades Económicas, la segunda investigación que la Cámara ha lanzado para analizar el proceso para que Cataluña enfrente las futuras sequías, a cargo del Observatorio de la Transición Hídrica. Los expertos de la entidad, así, aseguran que el tejido de negocio catalán «necesita mejor asesoramiento, más apoyo y estímulos» para las inversiones necesarias para un mejor trato del agua. Sin un proceso como este, alertan, «muchas inversiones que requieran agua se pensarán dos veces si Cataluña es el lugar adecuado«.
El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, llama a las administraciones a acelerar las medidas para luchar contra la sequía. Para Santacreu, tanto el Gobierno como el resto de niveles institucionales deben evitar «cometer el mismo error de 2007-2008». Cabe recordar que, después de un ciclo de intensa sequía, no se terminaron de implementar las medidas, ni públicas ni privadas, para abordar las futuras crisis hídricas. «No podemos bajar la guardia. Que ahora tengamos los embalses llenos no significa en absoluto que debamos dejar de lado la transición hídrica», alerta el dirigente empresarial. Desde el mundo de negocio, el Observatorio pone sobre la mesa dos claves esenciales: aplicar los incentivos necesarios para que las empresas hagan las inversiones necesarias y realizar las reformas legales que sean necesarias para «implementar un marco legal que favorezca nuevos procesos y tecnologías».
Para los expertos consultados por la Cámara, el estado de los procesos de investigación y desarrollo (I+D) en Cataluña es insuficiente para abordar la crisis hídrica. «La normativa a menudo es una barrera para la innovación y el ahorro de agua en las empresas», razonan desde la corporación. Además, las inversiones públicas en este ámbito tampoco son suficientes para hacer evolucionar el mercado hacia mecanismos más sostenibles. Si se aplican todos estos cambios, aseguran, las empresas catalanas podrían incrementar un 15% su ahorro de agua, el doble de la producción anual de la desalinizadora de la Tordera.
Palancas contra la sequía
En concreto, la Cámara reclama unos 300 millones en ayudas directas a las empresas, mientras que los 90 restantes se distribuyen en programas de incentivo para las políticas de sostenibilidad. Según el informe, unos 10 millones se dedicarían a ayudas para diagnósticos de agua en las pequeñas y medianas empresas, mientras que otros 10 millones se dedicarían a ayudas para la creación de oficinas de transición hídrica. La corporación estima unos 50 millones para ayudas a la investigación y desarrollo, mientras que la digitalización del ciclo del agua en la industria. Esta dedicación presupuestaria serviría para acelerar las medidas que ya han llevado a cabo las empresas durante el período de sequía.
El estudio apunta, de hecho, que durante el primer trimestre de 2024 -el pico de los problemas causados por la sequía-, el sector privado catalán redujo más de un 8% su consumo de agua en términos interanuales. Las medidas se concentraron en los sectores más intensivos en el uso de agua, como la química y la alimentación, que ocupan más de un tercio del PIB del país. Entre otras iniciativas de ahorro y eficiencia, la Cámara destaca el rol de Coca-Cola Europacific Partners, la embotelladora del famoso refresco que dirige Sol Daurella, o de la cadena de valor del sector vitivinícola de la Familia Torres.
Ayudas a las pymes
Las empresas destacadas por la Cámara, cabe decir, comparten una característica esencial: un tamaño superior a la media del país. «Las grandes empresas tienen capacidad de llevar a cabo importantes inversiones en el ámbito de la transición hídrica, pero la mayor parte del sistema productivo catalán está constituido por pymes», destacan desde la corporación. Las compañías de la base productiva catalana, pues, necesitan el acompañamiento de la administración mediante «un plan de transición hídrica orientado a todas las empresas» que ponga en marcha una hoja de ruta entre 2025 y 2035. Este programa se plantea a un plazo medio, dado que se hace imprescindible «una fase de diagnóstico con una metodología sólida de seguimiento» para que las políticas públicas se elaboren de acuerdo con las necesidades concretas del sector privado. «Falta información detallada, desagregada y temporalizada sobre el consumo de agua por sectores y territorios», lamentan los expertos.
