Los empresarios españoles rechazan de pleno las mesures estrella de el acuerdo de investidura y coalición firmado esta mañana por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha mostrado explícitamente contrario a las reformas pactadas por Díaz y Sánchez, tanto en la forma como en el fondo. Según Garamendi, la aplicación en forma de ley de la progresiva reducción de la jornada laboral, uno de los puntales de la próxima legislatura para Moncloa, es un «ataque al papel constitucional de los agentes sociales».
Según el patrón, la reducción a 37,5 horas de la jornada semanal acordada por el todavía gobierno en funciones se implementará «a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente». Los empresarios españoles exigen, pues, que un cambio sustancial en la distribución de los horarios de trabajo como el que plantean los socios de coalición sea debatido a la tabla de diálogo social, con los representantes de empresarios y trabajadores. Con esta fórmula, asegura Garamendi, no se tienen en cuenta factores como la productividad sectorial o las necesidades organizativas de cada empresa, cuestiones clave, argumenta, para el buen rendimiento del sector privado.
Desde Cataluña, Fomento del Trabajo se ha posicionado igualmente contra la medida, que avisan que supondrá «costes adicionales para las empresas, la contratación de más personas y más horas extraordinarias». El director laboral de la patronal catalana, Javier Ibars, matiza que «no estamos en contra de una reducción laboral por principio», sino de su «aplicación generalizada y por ley». De hecho, los empresarios del país aseguran que en el marco de la negociación colectiva en Cataluña, varios convenios colectivos ya recogen la reducción horaria a sus empresas y sectores. «Estamos muy por debajo de las 40 horas, de media», subraya Ibars, lamentando que la aplicación del acuerdo entre PSOE y Sumar tendrá «una repercusión muy importante» para el tejido empresarial, especialmente para las pymes.
Si bien la reducción de jornada acordada es sustancialmente menos ambiciosa que la que proponía la actual vicepresidenta y ministra de Trabajo –desde Sumar ponían sobre la mesa un recorte hasta las 32 horas, cinco y media menos del umbral pactado–, los de Díaz han conseguido sacar de la tabla de diálogo social una de sus medidas estrella. La izquierda alternativa se ha impuesto por encima del criterio de la vicepresidenta primera Nadia Calviño, que abogaba para discutir la medida con empresarios y sindicatos –una posición que se leía como una oportunidad abierta para que la CEOE vetara su aplicación–.
«Impacto negativo» sobre las empresas
Garamendi, pero, evita posicionarse explícitamente contra un recorte de las horas de trabajo. «Hay posibilidades de explorar nuevas fórmulas de reparto entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, pero no a consecuencia de una imposición legal», asegura el empresario. En este sentido, desde la patronal denuncian que el acuerdo rubricado por Díaz y Sánchez este mismo martes infligirá un «impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial pymes y autónomos, y por tanto por el crecimiento de la economía y la creación de ocupación».
En el mismo sentido se ha expresado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Desde la patronal de trabajadores por cuenta propia –filiada, de hecho, a la CEOE– niega que las pequeñas empresas y autónomos del Estado «puedan aguantar reducir la jornada pagando el mismo». «Hablamos de un aumento de costes y cargas», lamenta el representante patronal. Otras organizaciones del sector, pero, lo han contradicho: el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha considerado una «muy buena noticia» el acuerdo de gobierno. «Mejorará mucho las condiciones de trabajo de los hombres y mujeres que trabajan por cuenta ajena», razona Abad, descartando que «perjudique el mercado laboral».
Desacuerdo a los sindicatos
Las organizaciones de trabajadores, por su parte, han emitido juicios diversos respecto del acuerdo. La dirección confederal de Comisiones Obreras ha celebrado el pacto como un «adelanto» en las condiciones de los trabajadores, si bien reclama que el diálogo social sea «determinante» para su aplicación. «El debate sobre el tiempo de trabajo no va solo de reducción, sino de distribución», declara el secretario general Unai Sordo, subrayando que «saludan el acuerdo». Desde Cataluña, pero, han enfriado ligeramente el optimismo. Si bien el secretario general de CCOO de Cataluña Javier Pacheco valora el pacto entre PSOE y Sumar, reclama que en el país las autoridades sean «algo más ambiciosos» y establezcan un límite horario ligeramente más bajo, de unas 35 horas semanales, mediante la negociación colectiva. «Tener referencia normativa puede ayudar a impulsar la reducción hacia las 35 horas», espeta el representante sindical.
