La familia Puig expande su participación en la inmobiliaria Colonial. Los propietarios de la multinacional catalana de moda y perfumes han adquirido un paquete de 5,7 millones de acciones de la familia colombiana Santo Domingo. Según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los catalanes han adquirido los títulos a un valor de 5,23 euros, lo que eleva el desembolso total a los 30 millones. La operación se habría cerrado el pasado 22 de noviembre, cuando la cotización de la compañía oscilaba los 5,50 euros. Con este movimiento, los Puig elevarían su posición en la compañía hasta el 8,05%, unos 276,8 millones de euros según los niveles bursátiles actuales.
La familia ha comprado las acciones mediante su sociedad Exea inversiones Inmobiliaria, en busca de nuevas inversiones institucionales. Han sido, así, parte de la venta que han hecho los Santo Domingo, que se han deshecho del conjunto de su participación en Colonial, por un valor total de 174 millones de euros. El valor ha supuesto un descuento del 5,1% respecto de los niveles recogidos por el parqué madrileño. Con la operación, Puig se eleva entre los cuatro valores más pesados dentro de la propiedad de Colonial, superado solo por el 19% del fondo soberano de Catar, el 17,3% que ostenta Criteria y el 14,8% de los mexicanos Finaccess. Entre el resto de grandes propietarios, destacan la Corporación Financiera Alba, que llega al 5%, Credit Agricole, con un 4,2%, y el fondo BlackRock, que roza el 4% del accionariado.
Colonial, sin impuesto
La inmobiliaria de Juan José Bruguera ha pasado semanas en el punto de mira por las intenciones del gobierno español de llevar adelante una reforma de la fiscalidad de las Socimis. La medida pretendía elevar su contribución en concepto de Sociedades al 15% general, desde el 1% que pagan en la actualidad. Dentro del caos impositivo que la pasada semana dominó el Congreso de los Diputados, sin embargo, el cambio normativo no salió adelante. Cabe recordar que la dirección llegó a amenazar con retirar sus operaciones del Estado español en caso de que se impusiera una mayor carga fiscal.
