La ejecución de los proyectos estratégicos de recuperación y transformación (Perte) ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de una industria –catalana y española– que persigue, desde la pandemia, una reconversión completa. El sector manufacturero y productivo busca adaptarse en las nuevas realidades de mercado y normativas de la mano de los fondos Next Generation EU, que han llegado al Estado en forma de inversiones y préstamos para algunas de las cadenas de valor estratégicas del continente, desde el automóvil a la microelectrónica. Las trabas administrativas, las complicaciones con avales o los extremadamente cortos periodos de ejecución, acompañados de la baja marcha de la burocracia que acompañaron al Perte inaugural, el del vehículo eléctrico y conectado, han hecho despertar las reticencias de las empresas que quieren ser beneficiarias. Y más encara con unas nuevas elecciones generales enmedio, que pueden trastocar los liderazgos políticos de estas iniciativas de financiación.
«Los participantes del Perte del coche eléctrico pagaron ser los primeros», explican en este diario fuentes próximas a uno de los proyectos estratégicos en Cataluña, con una muchedumbre de ineficiencias administrativas que limitaron la ejecución de las inversiones y la llegada de los fondos al ecosistema innovador. Tanto la anterior ministra de Industria Reyes Maroto –que abandonó la cartera para optar a la batllia de Madrid– como su sucesor Héctor Gómez se comprometieron, dadas estas rendijas, a convocar sin despaciosidad una segunda edición de el Perte VEC que completara la ejecución, agilizara los plazos y ofreciera una mayor flexibilidad a las empresas beneficiarias para desarrollar sus soluciones sin excesiva presión pública. Durante una comparecencia en el marco del congreso Automobile, en Fira de Barcelona, Gómez se mostró «optimista» respecto de la posibilidad de aprobar la secuela del proyecto estratégico durante el mes de junio, celebrando el «trabajo» que los ministerios estaban llevando a cabo con el sector –de la mano de la patronal Anfac– para mejorar todo aquello que lastró las medidas de ayuda empresarial en la anterior ocasión.
Solo unos días después de las declaraciones de Gómez, pero, el fracaso electoral a las municipales del PSOE forzó Pedro Sánchez a convocar unas nuevas elecciones el día 23 de julio, en un claro choque con el calendario del proyecto. Si bien algunas voces del sector mostraron sus nervios, el presidente de Anfac y CEO de Seat y Cupra Wayne Griffiths intentó tranquilizar los ánimos durante su comparecencia a la 38 Reunión del Círculo de Economía. Según el líder patronal, la convocatoria del Perte VEC 2 «está muy avanzada», suficiente para confiar que se hará pública «antes de los comicios». Especialmente crítico con las limitaciones y errores de la primera edición, Griffiths ha asegurado que las inversiones públicas llegarán. La más grande, la asignada precisamente a la compañía que dirige, tiene que servir para ejecutar la estrategia prevista para la fábrica de Martorell, que será el núcleo de la electrificación de la histórica automovilística. Las reformas necesarias, apunta Griffiths, «dependen de las ayudas del Perte». Todo y las buenas perspectivas, el directivo ha urgido los representados electos a que formen un nuevo gobierno pronto, porque «no se entre en una fase de incertidumbre» que haga tambalear la seguridad de las compañías respecto de la financiación europea.
Más contundente se ha mostrado el Clúster de la Industria de la Automoción de Cataluña. Solo unas horas después de la convocatoria electoral, la entidad empresarial presidida por Sergio Alcaraz hizo público un comunicado exigiendo que «el Perte VEC 2 no sea una de las leyes que quede en suspenso» con la convocatoria electoral. Según la organización catalana, la mala ejecución del primero Perte «no cumplió las expectativas» en la primera ocasión, y el sector, en renovación integral, «no se puede permitir que se repita». «Un posible retraso en la aplicación del Perte VEC 2, sumado a los que arrastramos para lograr la movilidad sostenible, implica reducir al mínimo las posibilidades de convertirnos en un referente incluso en el sur de Europa», declaran desde el Clúster, reiterando que la industria del Estado va «muy tarde» respecto de sus competidores europeos. En este sentido, exigen al ejecutivo «una aclaración pública respeto el desempeño de los plazos del Perte VEC 2».
La alimentación confía en los técnicos
Con una dotación de unos 1.800 millones de euros, el Perte agroalimentario es uno de los proyectos centrales de la transformación de la industria en el Estado –con una elevada presencia en Cataluña, donde la cadena de valor alimentaria concentra cerca del 20% del PIB del país–. Tanto es así que algunas de las iniciativas más ambiciosas de las que optan a la financiación europeo vienen, precisamente, del tejido empresarial catalán. La cadena de supermercados Almendro Origen –de la mano de señeras de la innovación catalana como Wallbox o Hiedra– espera captar más de 21 millones de euros entre financiación europea y préstamos para acabar movilizando una inversión de más de 44 millones de euros y crear unos 300 puestos de trabajo hasta el verano del 2025. Por su parte, Flax & Kale lidera un consorcio de 25 empresas para captar más de 110 millones de euros dedicados a producir y exportar alimentos «saludables y sostenibles». Según la empresa, los fondos captados permitirían traccionar hasta tres veces la inversión europea, el que llevaría a la creación de unos 1.500 puestos de trabajo altamente cualificados.
Con los proyectos ya presentados, el sector se muestra, en un sentido similar al de Griffiths, tranquilo. Des de Flax & Kale aseguran a este diario que «el gobierno saliente continuará apostando por la industria alimentaria, puesto que es uno de los motores de la economía española». La empresa, optimista con la ejecución de los proyectos, recuerda que la procedencia europea de los fondos asignados facilita que la inversión llegue al tejido productivo «independientemente del color» del ejecutivo que emane de los comicios de julio. Otra fuente consultada por este diario próxima a uno de los proyectos candidatos a la financiación ha apuntado que detectan «voluntad a la administración» porque lo Perte se ejecute en los plazos previstos, con el ojo puesto en otoño. Según explica, «una vez los proyectos pasan a la parte técnica, la administración es lenta pero segura». «Los técnicos harán su trabajo, no esperamos grandes sustos», concluye.
Primeras pistas de los microchips
Otra de las pruebas del despertar de Moncloa respecto de la mala ejecución del primero Perte VEC ha sido la flexibilización y aceleración del proyecto estratégico dedicado al sector de los microchips. Con una dotación de 12.250 millones de euros, la iniciativa es la que concentra una mayor cantidad de fondos comunitarios, con un especial vínculo con el horizonte europeo de autonomía estratégica. En este sentido, el Congreso aprobó durante mayo la diversificación de las herramientas de inversión para las empresas de microchips, incluyendo palancas como «la participación de capital u otros instrumentos de apoyo económico o financiero», según las necesidades de los beneficiarios.
Justo es decir, además, que se han cumplido las primeras previsiones del ejecutivo: con la convocatoria de las ayudas, el ministerio de Asuntos Económicos previó que las primeras ayudas se convocarían durante el primer semestre del año 2023. Si bien el montante es muy reducido, el gobierno español ya ha concretado las ayudas por las cátedras universidad-emprendida dentro del Perte Chip, dedicadas a la formación de profesionales especializados al sector de la microelectrónica. Con 18 iniciativas, Moncloa pretende movilizar unos primeros 80 millones de euros porque, en palabras del comisionado Jaime Martorell, «unas 1.000 personas tengan formación científica de alta capacidad» relacionada con la cadena de valor del microchip. Por su parte, el presidente de la Generalitat Pere Aragonés anunció una propuesta para acoger una planta de fabricación de prototipos de microchips, con una inversión de 300 millones vinculada también a la ejecución del Perte de semiconductores.
