El regreso de la sede social del Banco Sabadell a Cataluña ha sido recibido con los brazos abiertos por el mundo político y empresarial del país. Horas después del anuncio de los vallesanos, que recuperan el edificio histórico del número 20 de la Plaza Sant Roc en Sabadell, el consenso de patronales, sindicatos y cámaras de comercio era claro: que la entidad presidida por Josep Oliu deshaga el camino que lo llevó a establecerse en Alicante los días después del referéndum de independencia del 1 de Octubre de 2017 solo puede leerse como una «buena noticia» para el país, a pesar de que, tal como insiste la misma entidad en la nota de prensa posterior al consejo de administración extraordinario que ratificó la elección, la operativa no se ve afectada -tanto como no se vio afectada hace 7 años, cuando la actividad en Cataluña se mantuvo sin problemas. También, en buena medida, una puerta abierta a la recuperación de la multitud de domicilios fiscales que desaparecieron de Barcelona y su entorno durante las movilizaciones independentistas. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre -una de las voces que más intensamente han pedido el regreso de las compañías que se marcharon- llegaba a augurar horas después del asunto que «otras compañías relevantes» seguirían el ejemplo del banco catalán. Una lectura que también hace la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, que aseguraba a través de su presidente Antoni Cañete que la elección es un «signo de normalización». «Toca cerrar el paréntesis», añade el catedrático de Hacienda Pública y doctor en Economía por la UB y exconsejero de Economía de la Generalitat Antoni Castells, en conversación con Món Economia.
El regreso del Sabadell, cabe recordar, es especialmente significativo por el peso de la compañía. Como recuerda el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra Oriol Amat, Cataluña recupera el centro oficial, y no solo de decisión, «de uno de los cuatro grandes bancos del Estado», algo que ninguna administración puede dejar ir fácilmente. Ahora bien, los de Oliu no son pioneros: pocos meses después del referéndum, y aún en pleno proceso, Aigües de Barcelona consideró -y el tiempo les ha dado la razón- que los posibles riesgos para la actividad económica que se vislumbraban en los momentos más críticos de las movilizaciones nacionales habían desaparecido, y consumó la recuperación de su sede catalana en septiembre de 2018. Los movimientos desde entonces, a pesar de las escasas pruebas de inseguridad jurídica que ha dado la economía catalana en los últimos años, se han producido con cuentagotas: la tecnológica especializada en ciberseguridad Red Points -una compañía de renombre, pero ni de lejos de la relevancia de los grandes perfiles que se fueron- regresa de Madrid en noviembre de 2023, mientras que Ciments Molins otorga su primera victoria empresarial al ejecutivo de Salvador Illa el otoño del curso pasado, considerando, una vez más, que la situación política ya ha sido completamente «normalizada».
Internamente, la percepción es que en ningún momento se ha sufrido por las certezas legales de los negocios catalanes. Sin ir más lejos, el secretario general de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña Javier Pacheco declaraba horas después del anuncio del Sabadell que «no es lo mismo inseguridad jurídica que incertidumbre jurídica» -es decir, que el miedo a la catástrofe fue mayor que sus efectos reales-. Ahora bien, como apunta Castells, las opiniones que debe tener en cuenta una firma cotizada van mucho más allá de su territorio de acción inmediato. En el regreso del Sabadell, argumenta, «se habrá valorado hasta qué punto tiene un apoyo entre los accionistas, que son mayoritariamente catalanes, pero también los hay en el resto del Estado, e inversores internacionales». El capital global, incluso el español, podría pedir más certezas para aprobar un movimiento como este -tanto en el caso vallesano como en el resto de grandes compañías que el Principado todavía espera-.
Aun así, Amat considera que «el impacto económico real de la fuga fue completamente imperceptible»; como también lo será, en términos de pura actividad de negocio, la relocalización de las sedes. Sin ellas, «la economía catalana ha continuado creciendo, y ha evolucionado positivamente desde 2017». Así, más allá de la carga política de la decisión, el entorno financiero es favorable, así como el puente con el capital internacional, que tiene en Cataluña un nodo de referencia en el sur de Europa: «Somos de las regiones más internacionalizadas del mundo por inversiones, turismo y exportaciones», constata el catedrático de la UPF.
La carga del regreso
Así pues, el regreso del Sabadell podría servir como chispa para evidenciar el carácter político del regreso de las sedes. La economía catalana funciona, coinciden los expertos consultados, lo suficiente como para que las empresas quieran estar allí, ya que firmar desde Barcelona, Valencia o Alicante tiene efectos reducidos sobre sus operaciones. «Volver es un brindis al sol, como también era ficticio trasladar las sedes en el momento», argumenta el presidente del Instituto Ostrom, Pau Vila, que ve una motivación esencialmente política en la elección que tomen las grandes compañías en los próximos meses. A su parecer, «con este movimiento, se producirán otros, y esto será un goteo» de recuperación de sedes sociales. Y lo será, insiste, porque volver es una postura política, pero no hacerlo, también lo es. «Antes nadie quería ser el primero, pero, en adelante, nadie querrá ser el último» plantea Vila, dado el elevado «coste reputacional» que puede tener entre los stakeholders catalanes mantener el domicilio fiscal fuera del país cuando «se entienda que el movimiento es ir al notario y firmar un papel».
Ahora bien, Castells identifica un camino aún por recorrer para el entorno empresarial catalán; uno que, señala, debe ir acompañado por el Gobierno. La Generalitat, continúa, «tiene un papel importante en llamar al regreso», como dinamizador de todos los agentes económicos interesados en deshacer la fuga de sedes. «Actuar políticamente significa facilitar las cosas; y el ejecutivo debería liderarlo. Esta es la normalidad», concluye el exconsejero.
Dentro y fuera de las finanzas
En el caso del Sabadell, y el resto de entidades financieras que decidieron marcharse en 2017 -Caixabank es el gran ejemplo, pero también Mediolanum- la amenaza podía ser mucho más tangible que para otros sectores, ya que «viven de la confianza del público, y no podían permitirse perderla», desarrolla Castells. En un sentido similar se expresaba el presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell, Jordi Casas, que recordaba en conversación con este medio que «los fondos inversores internacionales son muy sensibles, tienen mucho miedo. El riesgo de quedar fuera de la cobertura del BCE fue lo que hizo tomar la decisión».
Ahora bien, entre las principales firmas que abandonaron el Principado constan compañías de muchas líneas de negocio, muchas de ellas lejos de los parámetros del mundo de las finanzas -Cellnex, Applus, Colonial o Abertis poco tienen que ver con el temeroso capital financiero, al menos en su negocio core-. En este sentido, Amat reconoce que «hay empresas que se fueron y que les fue bien, pero también muchas otras que se quedaron, y también les fue bien». El entorno regulador y económico catalán, por tanto, ha permitido la escalada de aquellos que se mantuvieron en el país, también fiscalmente: Puig y Fluidra han accedido al Ibex en los últimos años; Grifols, a pesar del reciente revés, mantiene un negocio sólido, y Mango, que todavía opera desde Palau-solità i Plegamans, registra crecimientos anuales. «Si ellos lo pudieron hacer, todos podrían», declara el experto.
