El ministerio de Economía sigue acumulando obstáculos contra su estudio de la OPA del BBVA al Banco Sabadell. El despacho de abogados Statera Legal, dirigido por el letrado y accionista del BBVA Ibor Fernandes, continúa aplicando presión sobre el departamento que dirige Carlos Cuerpo para frenar su estrategia defensiva contra la operación. La firma, cabe recordar, presentó un recurso contra la consulta pública que lanzó el ejecutivo a principios del mes de mayo, y que debía servir para informar su decisión en la fase 3 de análisis del expediente. Pocos días después de la reclamación ante la Audiencia Nacional, Statera ha reclamado que las respuestas de la ciudadanía a la misma se conviertan en inaudita parte. Es decir, ha solicitado al tribunal una medida cautelarísima para impedir que ni Economía ni la Moncloa puedan utilizar el informe basado en el test de mercado para imponer nuevas condiciones a la compra del Sabadell.
El recurso, cabe decir, ya ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional. Queda ahora saber si los magistrados aceptan también la cautelarísima presentada por el bufete. Statera, en este sentido, busca que la suspensión se tramite como pieza separada para «evitar que el gobierno tome una decisión» antes de que se puedan imponer medidas cautelares contra el ministerio. A juicio de los letrados, la cautelarísima es «proporcionada», en tanto que la resolución del tribunal debe aplicarse en el marco de unos «plazos procesales extraordinariamente reducidos». La Moncloa, cabe recordar, tiene hasta el 27 de junio para emitir su dictamen final sobre la OPA, añadiendo o restando condiciones y remedios a los que ya aplicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su fase 2 de estudio.
«Revisión jurisdiccional»
Según ha apuntado Statera Legal en un comunicado, en caso de que la Audiencia Nacional admita sus argumentos, la cautelarísima se aplicaría en «un plazo muy breve», sin necesidad de que el tribunal espere los argumentos del titular de Economía. El despacho de Fernandes considera imprescindible frenar el calendario de la fase 3 para que la AN pueda tomar una decisión «sin que el gobierno español pueda eludir la revisión jurisdiccional acelerando su decisión». En este sentido, alertan que la Moncloa podría acelerar el ritmo de su análisis, fundamentada en los resultados de la consulta pública, para evitar que los magistrados estudien el caso.
