El mundo empresarial continúa su ofensiva contra la OPA del BBVA al Sabadell. La Cámara de Comercio de Sabadell y Sant Cugat Empresarial son las dos últimas organizaciones en anunciar que se personarán ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para alertar sobre los agravios que la compra podría generar sobre las pymes del territorio -en este caso, del Vallès-. De esta manera, el frente empresarial catalán suma dos nuevos activos para evitar que el banco liderado por Carlos Torres integre la entidad de origen catalán. Se añaden a Pimec y Foment del Treball, que figuran entre las primeras en reaccionar a la entrada de la potencial adquisición en la fase 2 de estudio. También lo ha hecho, fuera del Principado, la Confederación de Empresarios Valencianos. Cabe recordar que la Comunidad Valenciana es, junto con Cataluña, el territorio más afectado potencialmente por la fusión en cuestiones como la disponibilidad de crédito para las pequeñas y medianas empresas.
Este, de hecho, ha sido uno de los grandes motivos que las organizaciones del Vallès han esgrimido para oponerse a la OPA. Según la corporación sabadellense, sin «garantías que protejan la competencia y el acceso al crédito para las pymes», la fusión tendría un importante efecto sobre las más de 33.800 empresas bajo su ámbito de influencia. El Sabadell, aseguran, conserva una «larga trayectoria» en relación con el tejido de negocio del Vallès -y catalán en general-; y sostiene un «conocimiento único» de sus necesidades. Sant Cugat Empresarial, por su parte, alerta que la compra hostil tendría «consecuencias importantes» sobre los trabajadores del Sabadell que desarrollan su labor desde el centro operativo de la ciudad. «Tendría impactos sobre sus empleados y Sant Cugat en general», apostillan.
Instituciones y trabajo
Más allá del mundo empresarial, las instituciones catalanas también han saltado al terreno de juego. La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, anunció el pasado miércoles que la autoridad catalana de la Competencia (ACCO) elaborará un informe para resaltar los «elevados riesgos sobre Cataluña» de la OPA. Entre ellos, alertaba Romero, consta «la pérdida de oficinas y las dificultades de acceso a financiación por parte de familias, empresas y especialmente pymes». Por su parte, la Unión General de Trabajadores también reclamará personarse ante el organismo presidido por Cani Fernández. El sindicato critica la tendencia anticompetitiva que constataría la operación, así como la «posible pérdida de empleo para hasta 10.500 empleados». Así, declaran una “grave preocupación” entre autónomos y trabajadores -dentro y fuera del sector bancario-.
