La Ley de Cámaras llega al Parlamento 11 años después. El texto que regula las 13 corporaciones catalanas ha sido registrado este jueves por Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, el PSC y el PP después de más de una década de debate en el seno del mundo económico catalán. En un encuentro con medios, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, ha celebrado la que ha sido una «propuesta muy consensuada» antes de llegar al legislativo del Principado. Cabe recordar que la ley vigente en Cataluña era aún la de 2002, caducada desde 2014, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la ley básica española que debe servir de marco para el resto de administraciones territoriales. Entre otras cuestiones, la norma regula «el encargo claro de qué deben hacer las cámaras catalanas y qué no deben hacer» -un punto clave para el entendimiento con los agentes sociales, especialmente las patronales-. También concreta el modelo de financiación pública del tejido cameral, perdido en 2010, cuando el gobierno español de José Luís Rodríguez Zapatero eliminó la cuota cameral -la aportación económica de las empresas que forman parte de ellas-. Al frente del Consejo de Cámaras, la norma debe traer estabilidad a largo plazo: «es una ley de país, mucho más allá de los próximos cuatro años«, ha sentenciado Santacreu.
El proceso para aprobar la norma ha sido complejo. Cabe recordar que la última administración de la Cámara de Barcelona, primero con Joan Canadell y después con Mònica Roca al frente, ya hicieron una propuesta de redacción. Su iniciativa, sin embargo, no consiguió el apoyo del conjunto de los agentes sociales. En concreto, fue la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Pimec, la que vio más problemas en la definición del papel de las cámaras, y criticaba que las corporaciones pretendían ocupar espacios que corresponden, de hecho, a las organizaciones empresariales. A mediados del pasado diciembre, sin embargo, el Consejo de Cámaras anunció una nueva propuesta, ahora con la aquiescencia de todo el diálogo social. Santacreu, de hecho, ha subrayado la importancia de este «consenso fuera del Parlamento», que, a su parecer, garantiza que esta sea «una ley de país» que supere los próximos cuatro años.
En este sentido, el presidente de la corporación barcelonesa ha dado especial importancia a la definición del papel de las cámaras en la economía catalana. «Nuestro rol es el de representar el conjunto de la economía, todos los sectores. No queremos competir con las empresas de nuestra casa», ha valorado. No ha querido, sin embargo, concretar los cambios que se han aplicado a la norma para apaciguar a los empresarios descontentos. La negociación ha relatado, «requería una pizca de paciencia, y teníamos que garantizar a los agentes sociales cuál es nuestro rol». Y ha añadido: «No somos patronales ni queremos serlo, y hemos trabajado para que todos estén tranquilos».
Sobre este nuevo consenso, el Consejo espera que la ley pase con cierta celeridad el proceso legislativo, y que entre en vigor antes de acabar el 2025. «Hay un esfuerzo previo tan grande que justifica que tenga una tramitación rápida», ha insistido el mismo Santacreu. Una vez registrado, el texto deberá ser ratificado en la comisión de Empresa y Trabajo, departamento del cual dependen las Cámaras, antes de llegar al pleno. Tendrá los apoyos de los cuatro partidos que la han presentado, además de los Comunes, que, según fuentes de la negociación, también han recibido bien las propuestas de las 13 cámaras, aunque no consten entre los firmantes.
La financiación, una puerta abierta
Más allá del rol de las patronales, el Consejo ha destacado la relevancia de la recuperación de la financiación pública de las cámaras 15 años después del decreto Zapatero, que eliminó la contribución cameral de las empresas que forman parte de ellas. Entonces, las 13 corporaciones del Principado perdieron unos 52 millones de euros, comenzando un «período muy difícil» para la red. Con el nuevo pacto, la ley asegura una financiación suficiente para «garantizar la solvencia» de las Cámaras como agentes consultivos del tejido económico, aunque deja varias puertas abiertas.
Este año, la aportación pública será de 1,5 millones de euros, mientras que en 2026 escalará hasta los 3 millones. En 2027, se elevará hasta los 5 millones, para alcanzar el objetivo de 7 millones de euros en 2028 -ligeramente por encima de la propuesta que había hecho Santacreu a finales del año pasado, que rondaba los 6,7 millones-. En total, unos 15 millones de euros. La aportación pública es una fracción del presupuesto de las 13 Cámaras, que se eleva hasta los 60 millones anuales. Más allá, el Consejo deberá firmar convenios de cuatro años con la Generalitat, que detallarán las cantidades a futuro. Fuentes de la Cámara reconocen que la redacción «no es muy concreta»; pero alegan que la dependencia de la ley de presupuestos obliga a funcionar en estos períodos.
