El mundo empresarial y económico catalán se organiza para abordar la crisis ferroviaria, y del conjunto de las infraestructuras de movilidad, que sufre Cataluña. Foment del Treball lidera una nueva comisión «para la garantía de una movilidad cotidiana fiable y eficiente en Cataluña» con el objetivo, según el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, de dejar atrás el estado «inaceptable e insostenible» de la red ferroviaria del país, así como de otras infraestructuras de movilidad igualmente dañadas por el abandono del gobierno español. El nuevo órgano cuenta con el apoyo de varias entidades más allá de Foment: presentes en la introducción han estado el RACC, mediante su presidente, Josep Mateu; el Colegio de Economistas de Cataluña, representado por el decano, Carlos Puig de Travy; y el director general de la Cámara de Comercio de Barcelona, Roger Guasch, entre otras asociaciones del sector privado catalán.
La comisión, según ha anunciado Foment, se reunirá periódicamente durante los próximos seis meses, con comparecencias de responsables de infraestructuras, portavoces políticos y otras entidades del tejido económico. Esperan trasladar a la sociedad civil unas conclusiones definitivas a finales del tercer trimestre de este año. Sánchez Llibre, sin embargo, se ha aventurado a poner el foco en el elemento central de la crisis: la financiación. La patronal cifra en 42.500 millones de euros el déficit que España ha impuesto a las infraestructuras catalanas en el período 2009-2023; una cifra que «lamentablemente, será mucho más elevada cuando contabilicemos también el 2024 y el 2025». En este sentido, ha instado a los participantes a «examinar las causas estructurales y operativas del colapso del sistema de movilidad cotidiana» en los encuentros de los próximos seis meses.
Gestión integral
Una de las premisas de las que parten varios de los participantes en la comisión es la necesidad de territorializar la gestión de las infraestructuras, una petición histórica del tejido empresarial que las instituciones españolas han ignorado en las últimas décadas. Mateu ha alertado que el acuerdo que ahora mismo tiene sobre la mesa el Gobierno para el traspaso de Rodalies es insuficiente. «No basta con esta sociedad mixta. Todos sabemos que con un 49% de una empresa, no mandas», ha espetado el presidente del RACC. En este sentido, ha reclamado un traspaso integral de la gestión a la Generalitat del servicio ferroviario catalán, así como de las infraestructuras sobre las que funciona; y que este pase a estar bajo el paraguas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya -en línea, por ejemplo, con los objetivos que Junts per Catalunya ha trasladado al Parlamento-.
Mateu ha restado importancia a las alarmas de los críticos, que basan su oposición a la gestión catalana en el hecho de que Renfe y Adif deben operar más de 1.000 kilómetros de vías, mientras que FGC solo cuenta con unos 180 kilómetros. Los catalanes, argumenta, se concentran en las zonas más pobladas del país, con una tensión de pasaje que no es comparable con aquellos tramos gestionados por Renfe fuera de la región metropolitana de Barcelona; hecho que resta peso a las diferencias absolutas entre empresas. También ha exigido el traspaso de la gestión de la AP-7 –abandonada, según muchos expertos, desde que finalizó el contrato con Autopistas/Abertis-, emulando lo que consiguió la comunidad autónoma vasca a principios de la década. Se ha sumado a la lectura Guasch, que ha llamado también a dedicar inversiones a pensar en «la Cataluña de los 10 millones». «No solo hay que arreglar lo que tenemos, sino también pensar en ampliarlo», ha diagnosticado.
Más del 1% del PIB
Sin abordar estas cuestiones, según ha alertado Puig de Travy, el crecimiento de la economía catalana en los próximos años podría estar en riesgo. El presidente del CEC ha asegurado que la movilidad diaria de los trabajadores es «una palanca estratégica para la cohesión en Cataluña». Haciendo uso de varios estudios especializados, ha avisado que un sistema de transporte deficiente, como el que sufren los ciudadanos del Principado, puede «costar al país entre un 1 y un 1,5% del PIB» cada año, por los efectos perniciosos que tiene sobre la productividad, el comercio y el tránsito de mercancías. «Por cada euro no invertido, perdemos 1,5 euros de impacto económico», ha insistido el experto; instando a la comisión a «saber dónde estamos y a dónde queremos llegar, y determinar iniciativas estratégicas que permitan ir por el buen camino».
