El consenso económico es claro: cuanto más tarde en llegar el período de aceptación de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell, peores serán las condiciones de la oferta. Las administraciones españolas, especialmente el gobierno, parecen ser conscientes de ello. Tal como ya lo hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Ministerio de Economía agota hasta el último minuto los plazos de la primera parte de la fase 3 de estudio. El departamento que dirige Carlos Cuerpo tiene, de acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, hasta el próximo martes a las 12 de la noche para decidir si eleva el expediente de concentración al Consejo de Ministros para que aplique nuevas condiciones, siempre que estas no estén ligadas al ámbito de la competencia, reservado exclusivamente para la CNMC. En comparecencia este mismo lunes, Cuerpo ha asegurado que «la decisión se tomará de forma respetuosa con los plazos y procedimientos tanto de la normativa doméstica como la europea«. El mundo empresarial catalán percibe a la Moncloa como un aliado, y alude al carácter «técnico» del titular económico -cristalino en las declaraciones que hace sobre la oferta- para formarse expectativas halagüeñas. La presión ha escalado en las últimas semanas, tanto desde el tejido económico como dentro del mismo ejecutivo; mientras el BBVA continúa su campaña a favor de la concentración bancaria.
Quien aprieta a Cuerpo lo hace, a menudo, con una lectura generosa de la Ley de Competencia. La norma, cabe recordar, otorga a la CNMC la mayoría de las atribuciones para decidir si una OPA como esta puede seguir adelante. La autoridad española ya dictaminó a favor de la compra: a pesar de los «riesgos de competencia» que detectaba en Cataluña, Baleares y otros territorios del Estado donde la concentración sería demasiado elevada, la presidenta Cani Fernández dejó vía libre al BBVA con unas condiciones ampliamente asumibles por el banco oferente. Con el sí de la Comisión, la regulación estatal no permite que el ejecutivo desautorice la operación. Chocan con el fundamento legal del proceso las demandas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha llamado a menudo a sus compañeros del ejecutivo a «frenar» la oferta. El Consejo de Ministros puede, eso sí, añadir nuevas condiciones a las que ya ha puesto la autoridad competente. Es este el camino que reclama, por ejemplo, la Unión General de Trabajadores: su vicesecretaria general en Cataluña, Cati Llibre, ha hecho este mismo lunes un llamamiento a «imponer remedios tan duros que el Banco de Bilbao tenga que retirarse» de la carrera. En el mismo sentido se han expresado las patronales y cámaras de comercio catalanas, que lanzaron un duro comunicado pidiendo que la Moncloa vete la fusión; así como lo ha hecho el Cercle d’Economia.
Este es, de hecho, el gran objetivo de buena parte de la sociedad civil del país: garantizar que el Sabadell se mantenga como una entidad «independiente» jurídicamente, con un consejo de administración propio y una estrategia autónoma de la del BBVA, sea cual sea el resultado de la OPA. Sería, como reconocía el presidente del Cercle, Jaume Guardiola, un movimiento atrevido, «radical pero necesario». De hecho, la asociación enmendó completamente el dictamen de la CNMC, argumentando que «no se debería haber autorizado» la operación en fase 2. Ahora bien, obligar a mantener dos entidades separadas chocaría frontalmente con la estrategia de Carlos Torres. A pesar de que contempla este escenario, el presidente se ha remitido a las condiciones impuestas por Competencia, y asegura que «no hay motivos de interés general» para añadir nuevos remedios -menos aún, uno tan disruptivo como prohibir la absorción del banco catalán-. Cabe recordar que, en un informe facilitado a la SEC -el equivalente estadounidense de la CNMV-, la entidad reconocía que una compra sin fusión elevaría el costo de capital en 60 puntos básicos. En este sentido, y ante los límites legales y la resistencia vasca, voces del mundo económico consideran posible que la Moncloa acabe imponiendo un veto «descafeinado», que mantendría la entidad vallesana fuera del BBVA durante un tiempo determinado «hasta que el clima político sea más favorable a la fusión«.
Los requisitos de la ley de competencia
En caso de que el gobierno español se posicione en línea con las demandas empresariales, la ley les obliga a ser muy cuidadosos con la justificación. En concreto, el artículo 60 exige a la Moncloa «motivar debidamente en razones de interés general» su postura definitiva. La rigidez reguladora genera fricciones con la visión de Cuerpo, que ya ha dejado entrever que la interpretación que hará será laxa. Aunque los criterios de interés general aparecen explícitamente en el redactado legal, el ministro observa margen de maniobra para fundamentar la decisión que tomen. El artículo 10 de la ley enumera como factores a tener en cuenta la seguridad nacional, la protección de la salud pública, la libre circulación de bienes y servicios, la protección del medio ambiente, la promoción de la investigación y la garantía de un adecuado mantenimiento de la regulación sectorial. Estos son, según declaró ante medios de comunicación durante la Reunión del Cercle d’Economia, «algunos ejemplos» del tipo de argumentos que puede esgrimir el Consejo de Ministros, y no una lista cerrada. De hecho, tanto las administraciones como parte del mundo económico han apelado directamente a agravios que no están recogidos en la norma, como el equilibrio territorial. Sin ir más lejos, el Cercle d’Economia ha debido hacer uso de la Constitución para justificar su denuncia a la «centralización del poder financiero» en Madrid. Como explicaban fuentes jurídicas a Món Economia, una interpretación como esta arriesga recursos ante el Tribunal Supremo, en tanto que la Ley excluye estos ámbitos de la definición de interés general.
Parte del informe del Cercle, cabe decir, sí busca ligarse a la ley en su valoración: el informe publicado por el club de la burguesía barcelonesa menciona el rol del Sabadell como mecenas de empresas innovadoras para aducir que la OPA ataca la promoción de la investigación y el desarrollo científico. La entidad que preside Jaume Guardiola alerta que la desaparición de la marca Sabadell amenaza la continuidad de iniciativas como el vehículo de inversión BStartup, el Centro de Competencias Tecnológicas de Alicante o el apoyo del banco catalán a la Barcelona School of Economics. En cuanto a la equidad territorial, el director general, Miquel Nadal, defendía en una atención a los medios que se podría considerar que la amenaza encaja dentro de los parámetros de libre circulación de servicios y de mantenimiento de la regulación sectorial. Otras voces especializadas, sin embargo, apuntaban a Món Economia que un dictamen en este sentido sería una interpretación «creativa» de la ley.
Primera oposición
Pocas horas después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara la consulta, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, alertó que se encontraba fuera de la ley, y que su celebración podría conllevar «responsabilidades patrimoniales para el Estado«. Aunque Cuerpo lo negó, diversas fuentes jurídicas consultadas opinan como el líder conservador. Como recordaba el economista del Instituto Ostrom, Roger Medina, «los artículos que regulan el rol de la Moncloa en una operación de concentración empresarial no contemplan ningún tipo de consulta pública«.
Aprovechando este vacío legal, un accionista del BBVA, el abogado Ibor Fernandes, ya ha presentado un recurso contra este pseudotest de mercado. En su apelación, Fernandes asegura que «no tiene ninguna cobertura legal y muestra defectos formales de gravedad«. La firma legal del denunciante explica que requirió al ministerio que detuviera la consulta el pasado 8 de mayo, pocos días después de que se pusiera en marcha. Como no han obtenido respuesta, han elevado la queja a la Audiencia Nacional. Entre otras cuestiones, argumentan que las preguntas carecen de «cualquier rigor y soporte jurídico», y muestran un sesgo favorable a las tesis del Sabadell, hasta el punto de que «vulneran el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución». El objetivo del letrado, según ha comunicado este mismo lunes, es «suspender de manera cautelar el uso de los resultados» para fundamentar el dictamen de la fase 3.
El test recogía cuestiones muy concretas, como los criterios de interés general que conculcaría la fusión o los remedies que debería imponer la Moncloa. Además, deja entrever esta lectura laxa de la Ley de la Competencia, en tanto que, en la identificación de los mencionados criterios, añade al cuestionario una respuesta adicional a las recogidas por la norma, que permite a los usuarios plantear sus propias valoraciones. El gobierno, sin embargo, ha reducido la importancia de la consulta. Su resultado, han insistido, no es vinculante, y solo sirve para ofrecer al ministerio y al Consejo de Ministros una imagen del clima económico y su visión de la OPA. De hecho, Cuerpo ha anunciado que publicará un informe completo de las respuestas recogidas, pero ha evitado vincularlo con la decisión definitiva de su departamento.
