El ministerio de Economía dejará pasar la jornada bursátil antes de hacer pública su decisión sobre la OPA hostil del BBVA al Sabadell. El departamento que dirige Carlos Cuerpo tiene hasta las 12 de la medianoche para comunicar si eleva el expediente de la oferta, ahora en fase 3 de estudio, al Consejo de Ministros para que imponga nuevas condiciones más allá de las del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Con este movimiento, según han confirmado fuentes ministeriales a la Agencia Catalana de Noticias, Cuerpo pretende limitar la influencia de su comunicado sobre la cotización de los dos bancos implicados -al menos, durante la jornada de hoy-.
Es importante recordar que Economía ha agotado los 15 días naturales que le otorga la Ley de Defensa de la Competencia para decidir si eleva el expediente al Consejo de Ministros. Las declaraciones de Cuerpo, así como las del presidente del gobierno Pedro Sánchez, apuntan en esta dirección. En caso de que lo haga, la Moncloa tiene otros 15 días naturales adicionales para decidir si mantiene las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o si las hace más severas, como han reclamado varios agentes económicos en las últimas semanas. Si finalmente el estudio no llega al Consejo, el calendario de la adquisición se aceleraría sustancialmente, ya que solo quedaría pendiente el informe favorable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según su presidente, Carlos San Basilio, este ya está preparado, pero se hará público cuando el resto de instituciones hayan hecho sus valoraciones definitivas.
Un procedimiento enredado
El ministerio se ha encontrado complicaciones con su hoja de ruta, especialmente debido a la consulta pública que abrió a principios de la fase 3, y que culminó hace semana y media. El pseudotest de mercado de la Moncloa, cabe recordar, no es una herramienta prevista por la Ley de la Competencia para el estudio en fase 3 de un proceso de concentración. Diversas voces, de hecho, ya advirtieron en su momento que la prueba podría conllevar «responsabilidades patrimoniales» para el Estado -entre ellas, la del presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo-.
El pasado lunes se interpuso la primera denuncia contra la consulta, por parte de un accionista del BBVA Ibor Fernandes, mediante su bufete Statera Legal. La firma presentó la pasada semana un recurso contra esta, después de haber requerido al ministerio que la detuviera. A juicio del letrado y su equipo, el test «no tiene ninguna cobertura legal y muestra defectos formales de gravedad». Habrá que esperar al informe definitivo del ministerio para conocer el alcance del resultado de las preguntas abiertas a la ciudadanía. En caso de que esta herramienta haya sido central para la decisión de Cuerpo, según diversas voces jurídicas, el gobierno se arriesgaría a nuevas sacudidas jurídicas.
