El ministerio de Economía sigue presionando al BBVA en medio de la OPA hostil que mantiene sobre el Banco Sabadell. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo ha elevado la fase 3 de estudio de la oferta al Consejo de Ministros, que se encargará de imponer nuevas condiciones «relacionadas con el interés general». No pueden, cabe decir, estar relacionadas con el ámbito de la competencia, reservado exclusivamente para la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Con este movimiento, Cuerpo continúa la batalla contra la operación que ha sostenido desde su convocatoria, en mayo del 2024. Ahora, la Moncloa tiene un mes más, según el artículo 36 de la Ley de Defensa de la Competencia, para emitir su análisis. Si agota los plazos -como han hecho todas las administraciones implicadas en el procedimiento-, la última fase de estudio no llegaría hasta pasada la verbena de San Juan. Entonces, los implicados permanecerán a la espera del informe de la CNMV, que debería ser inmediato. Con este calendario en mano, el periodo de aceptación de la OPA -un máximo de 70 días- se podría alargar hasta septiembre.
En un escrito muy breve [ver aquí], el ministerio de Economía argumenta que las razones de interés general, diferentes a la defensa de la competencia, están relacionadas «con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social».
«No se trata de endurecer condiciones»
Tras informar del movimiento de Economía, Cuerpo ha evitado el cuerpo a cuerpo con el BBVA que sí había buscado en otras ocasiones. En declaraciones a medios de comunicación a la salida del Senado, el ministro ha negado que el Consejo quiera «endurecer o suavizar las condiciones». «Simplemente, consideraremos si hay motivos de interés general diferentes a los de competencia», ha argumentado. Cabe recordar que el banco vasco ignoró la consulta pública abierta por el ejecutivo español, al encontrar que, de hecho, «no había ningún motivo de interés general» para imponer nuevos remedios a la adquisición del Sabadell. De hecho, su presidente, Carlos Torres, declaró en una entrevista la pasada semana que el expediente «no debería pasar a manos del gobierno». Una consideración que contradice el consenso del mundo económico catalán: tanto sindicatos como patronales, cámaras de comercio y otros actores de la sociedad civil han enumerado una multitud de agravios sociales que seguirían a la desaparición del banco vallesano.
En cuanto a la consulta pública abierta por el departamento, Cuerpo ha mencionado que supone un «mecanismo adicional de información» para tomar las decisiones con «todas las garantías posibles». Ha otorgado relevancia sin vincular directamente la decisión al test, en tanto que se trata de un mecanismo de dudoso encaje en la Ley de Defensa de la Competencia. Ha sido especialmente cuidadoso en sus declaraciones pocas horas después de que se haya conocido el primer recurso contra la prueba, interpuesto por el despacho de abogados Statera Legal, en manos del letrado y accionista del BBVA Ibor Fernandes. La firma legal busca anular una consulta que consideran que «no tiene ninguna validez legal», y conseguir una cautelarísima por parte de la Audiencia Nacional para acelerar los tiempos de la OPA, muy ralentizados por el largo proceso de la fase 3 de estudio.
La Moncloa irrumpe en la operación
Con la decisión de Cuerpo, la Moncloa entra de forma oficial en la pugna por el futuro del Sabadell. Tras más de un año observando el proceso desde fuera, tanto el presidente del gobierno como los ministerios económicos tendrán que justificar sus demandas. De hecho, según ha asegurado el ministro, la decisión de elevar la fase 3 al Consejo parte, también, de las demandas de las cinco carteras del sector. Será el conjunto de la rama económica del ejecutivo la que dirimirá las nuevas condiciones, hasta el punto que Economía pedirá «informes profundos» a cada uno de los titulares para explorar las posibles razones de interés general para endurecer las condiciones de la OPA. Algunos de ellos, como es el caso de la titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han sido especialmente vocales contra la oferta, y han asegurado que «dejarla continuar sería una irresponsabilidad». Aparte de Díaz, se encargarán de estudiar la operación el ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero; el de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy; el de la Seguridad Social, en manos de Elma Saiz; el de Industria, con Jordi Hereu; y el de Transición Ecológica, que Sara Aagesen recibió de la ahora comisaria europea de competitividad, Teresa Ribera.
Es de notar que, excluyendo a Díaz, la Moncloa ha rebajado el tono de sus declaraciones públicas contra la operación. Cabe recordar que, en los primeros meses de la pugna entre BBVA y Sabadell, Cuerpo llegó a comprometerse a «poner pie en pared» para evitar la concentración bancaria. En la 39ª Reunión del Círculo de Economía, de hecho, se dejó fotografiar charlando con Josep Oliu, pocos días después del anuncio de la OPA. Una imagen, cabe decir, que no se ha repetido, o no con tanta intencionalidad, en el encuentro de este año, donde solo Pedro Sánchez escenificó de pasada en un breve saludo con el presidente sabadellense.
Sin embargo, varias voces del mundo económico catalán consideran que los movimientos del ejecutivo -con la convocatoria de la consulta pública como ejemplo más claro- denotan que pretenden maniobrar para forzar la caída de la oferta. Varias instituciones -patronales Círculo de Economía o UGT, entre otras- han reclamado que la Moncloa vete la fusión, y obligue a mantener el Sabadell como una «entidad independiente» sea cual sea el resultado de la OPA. Otros, sin embargo, no lo ven tan claro. De hecho, círculos más cercanos a Madrid comentan la posibilidad de que se imponga un «veto descafeinado», que sostenga la marca catalana durante un tiempo, solo para culminar la absorción «cuando el clima político lo permita».
Guerra de precios
Más allá de la decisión que pueda tomar la Moncloa, el BBVA encontrará, en caso de que continúe con la OPA, el escollo del precio del intercambio. La ecuación que proponen los vascos, cabe recordar, ofrece una acción propia y 70 céntimos a cambio de 5,3456 acciones del banco vallesano. Los títulos del Banco de Bilbao han cerrado la sesión de este martes a 13,545 euros, un 0,8% más que la jornada anterior; mientras que los catalanes se han quedado en 2,805, tres décimas por encima del inicio del día. Con estas valoraciones, el BBVA infravalora la acción del Sabadell en un 5% -le pone un precio de 2,66 euros-.
Con la capitalización actual, si la adquisición sigue adelante, los accionistas vallesanos perderían 753 millones de euros en valor. En estas condiciones, tanto los inversores como la cúpula de la entidad ven muy lejos el sí final. De hecho, en palabras del CEO César González-Bueno, «la OPA hace tiempo que ha descarrilado». «No tiene precio y no tiene atractivo», aseguraba en la rueda de prensa posterior a los resultados trimestrales, celebrada a principios de mayo. En este sentido, el mundo financiero presiona al presidente del BBVA, Carlos Torres, para que mejore las condiciones del folleto definitivo, un movimiento que la directiva vizcaína ha negado en varias ocasiones en el último año.
Celebraciones catalanas
La noticia de la segunda mitad de esta fase 3 de estudio de la OPA ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de instituciones y empresarios catalanes. El primero en reaccionar ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que reclama a la Moncloa «mantener en Cataluña una oferta bancaria justa y competitiva». Por su parte, la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell ha alabado el movimiento de Economía, y pide endurecer los remedios de la concentración, en tanto que «la resolución de la CNMC se aprobó con compromisos claramente insuficientes, y generó un profundo malestar entre los accionistas». Contra las demandas de BBVA, los minoristas vallesanos llaman a imponer condiciones adicionales que eviten efectos «sobre la estructura del sistema financiero español, sobre la cohesión territorial y sobre el modelo de banca de proximidad que históricamente ha caracterizado al Banco Sabadell». Por su parte, el mismo Sabadell ha celebrado la decisión del ministerio, y ha agradecido «el interés genuino de muchas organizaciones» por evitar las consecuencias de la desaparición de la marca. «Estamos plenamente convencidos de que nuestra estrategia en solitario generará una mayor remuneración al accionista de forma sostenible y permitirá a nuestros clientes tener una mejor calidad de servicio», argumentan fuentes de la compañía.
