El Ministerio de Economía abre este mismo martes la consulta abierta a ciudadanos, empresas y actores económicos para llevar a cabo la fase 3 de estudio de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. El titular de la cartera económica, Carlos Cuerpo, ha anunciado en una atención a medios en la 40ª Reunión del Círculo de Economía el inicio de la investigación que anunció el pasado lunes el presidente Pedro Sánchez. El formulario de consultas, disponible abiertamente en el sitio web del ministerio, permitirá a la Moncloa «recabar datos de todos los afectados» sobre las posibles fallas económicas que generaría la operación, en caso de completarse. A raíz de la información que trasladen los encuestados, el departamento decidirá si trasladar o no la oferta al Consejo de Ministros para elevar las condiciones establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con el criticado dictamen de su fase 2.
Según ha explicado Cuerpo, el ministerio mantendrá abierto el formulario durante los próximos siete días hábiles, hasta el día 16 de mayo. Una vez recibidas las consideraciones del conjunto de los potenciales afectados -cualquier ciudadano, empresa o entidad puede opinar- el departamento económico decidirá si es necesario contar con la opinión del conjunto del ejecutivo. Este segundo paso deberá estar resuelto, como tarde, el día 25 de mayo. Entonces, comenzaría un período de 30 días adicionales en los cuales los ministerios acordarían los nuevos remedios que impondrían a la oferta. Cuerpo no ha apuntado a ninguna nueva condición concreta, si bien sostiene la misma posición que ya expresó en la edición de 2024 de la Reunión del Círculo, cuando aseguró que la Moncloa pondría «pie en pared» para detener las peores consecuencias de la concentración. El mundo empresarial catalán especula que la salida más probable sería que el gobierno prohíba la fusión y obligue a mantener las marcas independientes, una barrera que, según el mismo BBVA, tendría un coste de 60 puntos básicos sobre su margen de capital. Algunas voces especialmente cercanas al Sabadell contemplan incluso que se impongan condiciones suficientemente severas para que el banco vasco acabe retirando la oferta.
Con este procedimiento, la Moncloa busca «más factores de interés general» que no afecten al ámbito de la competencia, que ya queda cubierto por el estudio de la CNMC, y que la ley de Defensa de la Competencia excluye del ámbito de actuación del gobierno español. La información, ha confirmado el ministro, «no es vinculante». El estudio sirve como un «vaciado» de las opiniones generales del mundo económico respecto a la OPA. La primera pregunta a la que pueden acceder los ciudadanos reza: «¿Considera que existen criterios de interés generales diferentes de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?». Posteriormente, ha detallado el ministro, quien acceda a la consulta tendrá espacio para detallar qué problemas económicos generaría la OPA, así como qué medidas consideraría adecuado aplicar para resolverlos. Así, abre a consulta pública incluso la elaboración de los remedios.
Dudas legales
Desde la presentación del proyecto, diversas voces económicas revelaron dudas respecto al encaje legal de la consulta. Tanto el gobierno como sus aliados apuntan que el artículo 10 de la ley de defensa de la competencia les permite llevar adelante iniciativas como esta para garantizar la buena salud económica del sector financiero. No obstante, la norma no concreta esta palanca. El líder de la oposición española, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el vacío legal para alertar que, si Economía lleva adelante su test, «habrá consecuencias patrimoniales para el Estado», en tanto que se trataría de un movimiento «arbitrario», no ajustado correctamente a la ley.
Cuerpo descarta que haya algún tipo de arista legal en la consulta pública, y niega que sean posibles estas «responsabilidades patrimoniales». «Está completamente alineada con la legislación vigente, ajustada al artículo 10.4 de la ley», ha continuado el ministro. La regulación, cabe decir, permite al gobierno «valorar las concentraciones económicas atendiendo criterios de interés general distintos de los de la defensa de la competencia». Sin embargo, no contempla explícitamente un estudio de mercado como este. Sí registra los ámbitos en los cuales, a ojos del legislador, el Consejo de Ministros puede intervenir: la defensa y la seguridad nacional, la protección de la salud pública, la libre circulación de bienes y servicios, la protección del medio ambiente, la promoción del desarrollo tecnológico y la garantía de las regulaciones sectoriales.
Así, la ley debería limitar el estudio del gobierno a los puntos concretamente recogidos. El ministerio, sin embargo, no hace esta interpretación del artículo. Según Cuerpo, la legislación «no es exhaustiva». La lista solo serviría, pues, como ejemplo de los puntos que se deberían analizar, sin limitarse a estos. Con todo, defiende la decisión: «es una buena práctica, y tenemos pensado continuar llevándola a cabo en futuros procesos», ha sentenciado.
Sin mensaje a la CNMC
El mundo empresarial ha sido marcadamente crítico con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, alegando que sus dos tests de mercado han sido «sesgados», y no han tenido en cuenta las visiones del conjunto del ecosistema económico. La propuesta de la Moncloa, por el contrario, es expansiva, y puede recibir consideraciones de prácticamente cualquier ciudadano del Estado. No obstante, Cuerpo ha negado que el diseño del estudio sea un reproche hacia la CNMC. La consulta, ha asegurado, «está completamente alineada con todas las entidades que participan en el estudio de la OPA»; incluida Competencia, pero también la CNMV en el ámbito bursátil, o el BCE en el de la regulación financiera. La lectura, sin embargo, sí la han hecho varios empresarios catalanes, todavía enfadados con el regulador por haber ignorado sus demandas. De hecho, algunas agrupaciones empresariales han confirmado que enviarán a la Moncloa el mismo informe que ya tenían preparado para participar en los primeros dos tests de mercado.
