En Cataluña, según lamentaba a finales del curso pasado el presidente de Pimec, Antoni Cañete, «faltan empresas más grandes». Solo un 0,2% de los negocios que operan desde el Principado, según el último informe del Observatorio de la Pyme de Cataluña, son consideradas grandes -por volumen de facturación y cantidad de trabajadores-; menos de la mitad que, por ejemplo, en Alemania, donde la ratio es del 0,5%. En este sentido, las entidades del sector privado llevan tiempo pidiendo una regulación a escala catalana que permita acelerar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. La Generalitat, según anunció esta mañana el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, habría recogido el guante: el Gobierno prepara un «nuevo instrumento jurídico» para ampliar las empresas catalanas. La norma será presentada «en los próximos días», tal como ha avanzado Sàmper, en colaboración con el departamento de Economía y Finanzas que dirige Alícia Romero. Así se ha expresado en la introducción de una jornada empresarial organizada por la misma patronal, celebrada en el edificio DFactory de la Zona Franca y dedicada a valorar la capacidad industrial del país de cara a la elaboración de un nuevo Pacto Nacional para la Industria.
Si bien no ha entrado en detalle sobre el carácter de esta nueva ley -ni siquiera del rango jurídico que tendrá-, Sàmper ha asegurado que el ejecutivo planea presentarla «muy pronto». A juicio del consejero, a pesar del buen funcionamiento de las magnitudes macroeconómicas catalanas, en el Principado «no estamos tan bien como deberíamos estar» en términos de funcionamiento de los negocios; incluso teniendo en cuenta la ventaja competitiva que identifica en la industria catalana frente a otros países. En este sentido, ha asegurado que la tarea de la consejería está centrada en acelerar el sector, y, en este sentido, se ha comprometido a «hacer todo lo necesario» para garantizar su crecimiento.
Del PNI a «instrumentos útiles»
Cañete, también presente en las jornadas, coincidió con el diagnóstico de Sàmper, si bien instó a las administraciones a aterrizar la buena voluntad que trasladan al sector empresarial. Para el líder patronal, «hay que pasar de los grandes anuncios a instrumentos útiles, con criterios y plazos compatibles con la realidad de las empresas». En este sentido, ha exigido que tanto esta nueva herramienta legal para hacer crecer las pymes como el mismo Pacto Nacional para la Industria sean elaborados «incorporando de manera real la mirada de la pyme». Entre otras cuestiones, Pimec enfatiza la necesidad de recortar las trabas burocráticas, mediante herramientas como la ventanilla única o procesos de armonización normativa entre administraciones; o una fiscalidad más generosa con el empresariado, que «sea justa y tractora» y sirva para atraer las inversiones necesarias en un tejido de negocio cada vez más exigente en términos de capital.
El «sufrimiento» por la crisis ferroviaria
El compromiso de Sàmper con las pymes llega en un momento de especial tensión en el sector industrial catalán, una de las víctimas más evidentes del colapso de la movilidad que partió del accidente ferroviario en Gelida hace dos semanas. El caos en los trenes catalanes ya ha detenido la circulación en el túnel de Rubí, esencial para el entramado industrial de la demarcación de Barcelona; y tiene al borde de la catástrofe el del Pertús, en el Alt Empordà, donde el paso de ferrocarriles cargados de mercancías ha caído un 80% recientemente. En una reciente intervención, el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, previó que el paso vallesano estuviera activo este mismo jueves, si bien desde Adif no han confirmado este calendario. El consejero ha reconocido el desorden, y ha lamentado el agravio que está causando a muchas empresas catalanas. «La industria sufre por la crisis ferroviaria», ha asumido. En las próximas horas, según ha anunciado, la Generalitat se reunirá con varios operadores logísticos e industriales catalanes, como Seat, los puertos de Barcelona y Tarragona o las patronales químicas para «calibrar el impacto real» del bloqueo ferroviario y «encontrar formas para que las empresas afectadas sean resarcidas de las cantidades perdidas».
