La OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell ha recibido un golpe del cual podría, según ha celebrado el mundo económico catalán este martes, no recuperarse. La decisión del gobierno español de prohibir la fusión entre las dos entidades durante entre tres y cinco años tiene profundas implicaciones para los objetivos del banco vasco, que confiaba, si lograba culminar la operación, en aplicar unas importantes sinergias de costos inmediatamente. Unas sinergias que, finalmente, no estarán disponibles: los remedios impuestos por el Consejo de Ministros dejan fuera de las atribuciones del opante la política de crédito, de recursos humanos y de oficinas; así como la integración tecnológica de las entidades. Es decir, durante un mínimo de tres años y un máximo de cinco, el Sabadell mantendría la política de préstamos, especialmente para pymes; no podría llevar adelante despidos colectivos relacionados con la OPA, y tampoco no dependería de BBVA la decisión de cerrar sucursales.
A la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores active el folleto de la oferta pública, una palanca que no se espera hasta mediados de julio, el ecosistema empresarial del país, muy crítico con la hipotética absorción, está de enhorabuena; hasta el punto que Foment del Treball ha llegado a asegurar que la OPA está «amortizada». También los sindicatos han salido en defensa del gobierno español: la federación de servicios de la UGT sostiene que la compra sin fusión «mitiga los efectos más lesivos de la compra sobre el tejido económico». A juicio de la central sindical, el dictamen de la Moncloa debería «llevar al BBVA a desistir en su intento de absorción». «No queda margen para usar la OPA como vía de recorte, exclusión financiera o concentración de poder de mercado«, argumentan.
Por su parte, Pimec, que también contaba entre los opositores a la compra del Sabadell -fue la única patronal catalana que pudo participar en el segundo test de mercado de la CNMC-, ha sido más prudente que el resto de los agentes sociales. Los representantes de las pequeñas y medianas empresas consideran que el veto a la fusión responde «parcialmente a las demandas» de la economía catalana, y se declara «parcialmente optimista» al respecto. Ahora bien, los de Antoni Cañete exigen «mecanismos de control transparentes, independientes y con capacidad de intervención efectiva» para evitar que el BBVA, en caso de salir victorioso del proceso de compra, no aplique correctamente las nuevas exigencias de la Moncloa. La entidad deja entrever un riesgo que diversas fuentes financieras han ido detallando en las últimas semanas: que el Consejo de Ministros imponga un «veto suave» que solo sirva para prorrogar la ofensiva, y no para detenerla. En este sentido, la organización reclama que el ministerio de Economía «no vele solo por el cumplimiento formal de la norma, sino también porque se respete el espíritu del acuerdo». En respuesta a estas preocupaciones, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo ha resaltado el carácter «técnico» de la resolución. «No cambiaría si cambiara el gobierno», ha rematado.

OPA sin sinergias
La de la compra sin fusión era una posibilidad que las partes contemplaban desde hacía meses. El BBVA, incluso, llegó a detallar la posibilidad de mantener las entidades separadas en una comunicación con la SEC, la homóloga norteamericana de la CNMV; todo ello con un costo de capital adicional nada despreciable, de unos 28 puntos básicos -hasta los 60-. Aun así, siempre que ha abordado esta posibilidad, el presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, ha asegurado que «las sinergias se mantendrían»; en tanto que se podría, por ejemplo, unificar la estructura tecnológica de las dos empresas. La dirección del Sabadell ha desmentido los argumentos de Cuerpo en varias ocasiones, asegurando que las complementariedades de costos desaparecerían completamente en caso de que el gobierno español obligara a funcionar como estructuras independientes, incluso como solución temporal. «No importa cuántas veces lo repitan: es imposible que se mantengan las sinergias sin fusión», llegó a declarar el consejero delegado vallesano, César González-Bueno, en una comparecencia el pasado mes de marzo.
Ahora que las condiciones de la Moncloa obligan a sostener la independencia del Sabadell, los analistas financieros que observan la banca española parecen decantarse por las tesis catalanas. En un breve comunicado, la agencia XTB ha descrito como un «gran golpe» el nuevo remedio introducido por el Consejo de Ministros. A juicio de su observador especializado en banca, Javier Cabrera, «el mercado no esperaba» una imposición como esta. Cabrera, en declaraciones recientes a Món Economia, proyectaba unas nuevas condiciones escasas, sin carácter estructural. La imposición final del ejecutivo, sin embargo, «implica cambiar completamente los planes del BBVA»; y llega, incluso, a poner en riesgo la continuidad de la operación. «Existen muchas probabilidades de que BBVA abandone la OPA», apuntan desde XTB, en línea con el diagnóstico que hacía recientemente el presidente del Sabadell, Josep Oliu, en un encuentro con accionistas. Por su parte, la experta del banco de inversión Renta 4, Núria Álvarez, ha lamentado que el movimiento de Cuerpo deja «demasiadas incógnitas» en el sector financiero. «Hablamos de esperar un mínimo de tres años, y es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas», ha reflexionado la analista.

Más valor, menos confianza
Vale decir que los movimientos del mercado bursátil tras el comunicado del gobierno español han sido más favorables para el BBVA que para el Sabadell. Las acciones vascas han cerrado el martes con un alza diaria del 2,5%, hasta los 13,12 euros el título; mientras que las catalanas se han quedado prácticamente estancadas en torno a los 2,7 euros. El rendimiento de la cotización del Banco de Bilbao, sin embargo, no necesariamente implica un apoyo de los inversores hacia sus tesis. De hecho, el mismo González-Bueno, durante la presentación de los resultados del 2024 en el centro operativo de Sant Cugat, dejó caer un diagnóstico halagador para la empresa que dirige. El directivo apuntó que a menudo, cuando aparece una información que pone en duda la continuidad de la OPA, el valor en el mercado del BBVA sube; lo que podría indicar que los inversores se inclinarían hacia el ‘no’ a la compra. Sobre esta lectura, la subida de este martes, poco significativa, podría apuntar hacia otro clavo en el ataúd de la oferta. En los niveles actuales, se mantienen las palabras de Oliu en un encuentro con periodistas antes de la Junta de Accionistas celebrada en la Fira de Sabadell: la operación «no tiene ni precio ni valor».
Además, a juicio de Álvarez, la nueva condición de la Moncloa aleja aún más la posibilidad de que la dirección que capitanea Torres mejore la ecuación de canje que hay sobre la mesa. Cabe recordar que tanto el presidente del BBVA como el consejero delegado, Onur Genç, han reiterado en varias ocasiones que no están en disposición de elevar el costo de adquisición del Sabadell. Ahora bien, el mercado descontaba un movimiento en este sentido durante el periodo de aceptación. El catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Oriol Amat, recordaba recientemente a Món Economia que las experiencias pasadas de OPAs con primas negativas apuntan en este sentido. «Normalmente, la empresa opante acaba elevando su oferta un poco por encima del valor de mercado«, argumentaba. Álvarez apunta que, con esta nueva restricción, una mejora no está nada clara, en tanto que el aumento de los costos de capital de la operación reduce el margen de maniobra del Banco de Bilbao. «No consideramos que la condición impuesta haga que BBVA retire la oferta, pero sí que puede desincentivar una mejora», expone la analista. Por ahora, el BBVA infravalora el Sabadell en unos 610 millones de euros, lo que aleja a muchos accionistas catalanes, especialmente el grueso de minoristas -el 48% del capital total- de la propuesta.

Los límites de la ley
La Comisión Europea ha mostrado reservas respecto de los movimientos de la Moncloa para erosionar las posibilidades de la OPA. Ya durante su fase 3, el ejecutivo comunitario avisó al Consejo de Ministros que «defenderá los tratados de la Unión» en caso de que las medidas aplicadas superen los límites legales de los 27. Este mismo martes, Bruselas ha vuelto a poner sobre aviso al departamento económico del gobierno de Sánchez. En declaraciones a la agencia Europa Press, autoridades comunitarias alertan que «usarán sus poderes para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único«. «Si tanto los supervisores bancarios como las autoridades de competencia han dado luz verde a una fusión, no hay base para detenerla en una decisión discrecional del gobierno nacional», sostienen las mismas fuentes. Cuerpo, sin embargo, ha cerrado filas con el ejecutivo, y ha reivindicado los motivos de interés general que han llevado al veto a la fusión. En una intervención en el seminario económico de la APIE en Santander, el ministro ha sentenciado que «es importante tener un sector financiero diversificado que incluya instituciones que tengan un elemento de proximidad al cliente» -uno que el BBVA no aporta al tejido empresarial, según fuentes del mundo del negocio-.
BBVA tiene aún otra vía para esquivar los límites de la Moncloa que el mismo Torres ya ha explicitado últimamente: si considera que las condiciones del gobierno sobrepasan las atribuciones que le da la ley de defensa de la competencia, podría llevar la resolución al Tribunal Supremo. Cabrera, de hecho, contempla esta opción en su análisis. El experto considera posible que la entidad vasca «acuda a los tribunales por la dureza» de los remedios aplicados. El escrito difundido por el ministerio de Economía, sin embargo, es especialmente cuidadoso con el lenguaje, y vincula la mayoría de sus decisiones al redactado explícito de la norma que regula las concentraciones empresariales en el Estado. De hecho, atribuye la decisión de bloquear la fusión a la «garantía del mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial» del mundo de las finanzas, uno de los seis motivos de interés general recogidos por la ley. En este sentido, a consulta de Món Economia, los pequeños accionistas del Sabadell niegan que haya «ningún recorrido» en una batalla judicial. «El gobierno ha actuado de acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, que le faculta para actuar al margen de la CNMC», sostiene el presidente de la asociación que agrupa a los minoritarios, Jordi Casas. Con todo, en tres semanas la CNMV aprobará el folleto de la oferta, y pondrá en marcha el reloj de la aceptación de las condiciones de BBVA. Será entonces cuando los inversores elijan definitivamente cuál de los dos proyectos merece su confianza.