El gobierno español no encuentra trinchera donde resguardarse de los ataques políticos por su gestión de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. Los reproches a izquierda y derecha, con el ministro de Economía Carlos Cuerpo en el centro de la diana, se suceden desde la declaración en fase 3, que el departamento utilizó para bloquear durante entre tres y cinco años la fusión entre entidades, en caso de que la oferta siga adelante. Se han intensificado aún más desde la semana pasada, cuando la Comisión Europea confirmó el expediente contra la Moncloa por, consideran, «extralimitarse» en sus funciones. Cuerpo ha tenido que soportar la tormenta este mismo lunes en comisión parlamentaria: convocado por Vox, el titular económico del ejecutivo de Sánchez ha estado en el centro de una larga lista de críticas: la extrema derecha y el Partido Popular atacan el intervencionismo del Consejo de Ministros; mientras Sumar y Esquerra Republicana de Catalunya, más pacíficos que las derechas españolistas, reclaman que el ministerio vaya más allá, y tense aún más el límite de sus atribuciones para prohibir indefinidamente la absorción. En uno de los momentos más tensos de su mandato, a las puertas del periodo de aceptación de la oferta, Cuerpo ha podido constatar que no le quedan muchos aliados.
Durante su intervención en la comisión de Economía -que se ha dispersado en varios temas, desde los aranceles de Trump hasta las ayudas para paliar los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana-, Cuerpo ha nadado a contracorriente. Según el ministro, el veto a la fusión combina lo mejor de todos los escenarios: permite «generar valor para los accionistas de BBVA» mientras «preserva el interés general» con el Sabadell como empresa independiente. Las ganancias para los inversores del banco que preside Carlos Torres habían aparecido poco entre las preocupaciones expresadas en sus discursos; pero el toque de atención de Bruselas parece haber obligado al Consejo de Ministros a escenificar más cuidado por la libre circulación de capitales y la libertad de empresa -dos de los derechos que el gobierno de Ursula Von der Leyen estima que Madrid podría haber conculcado-. Con las condiciones adicionales, ha aducido, «se crea un precedente de valor para el accionariado sin perjuicio» para el bien común. Ni la oposición conservadora ni los socios de gobierno, sin embargo, han quedado satisfechos.
El más vehemente contra los movimientos de Cuerpo ha sido el diputado popular Francisco José Conde, uno de los vocales usuales de la derecha española en la comisión. En su intervención, Conde ha calificado de «grotesca» la aproximación del ministerio a su estudio de la oferta, especialmente en lo que respecta a la consulta pública lanzada a principios del mes de mayo. El pseudotest de mercado abierto a la ciudadanía se activó, alegaba el popular, «en pleno siglo XXI, sin parangón en ningún lugar del mundo«; y, ha resaltado, sin ningún tipo de encaje legal en la normativa que regula la gestión de las OPAs. «Han retorcido la normativa y se han extralimitado, y así se lo ha hecho notar la Comisión Europea«, ha declarado el representante españolista.
Disputa por la ley bancaria
Cuerpo y Conde, cabe decir, han protagonizado un tira y afloja sobre las críticas que ha dirigido Bruselas, que se encuentra en plena investigación para conocer el alcance de las infracciones que podría haber protagonizado la Moncloa. El popular ha recogido la referencia que el anuncio de la Comisión hace a la ley 10/2014, es decir, la norma que rige el control de las entidades financieras y de crédito en el Estado. El gobierno de Mariano Rajoy, con el actual vicepresidente del BCE Luis de Guindos, fue el artífice de aquella norma, que ya se ha utilizado para vigilar, por ejemplo, la integración de Bankia dentro de CaixaBank. «En ningún caso sirve para prohibir una fusión, solo para intervenir en caso de crisis», ha remachado el diputado.
Cabe recordar, contra el criterio de la derecha españolista, que Bruselas no ve aún ninguna aplicación de la normativa bancaria en la OPA. Sí detecta, sin embargo, que la ley podría ofrecer «poderes discrecionales» al ejecutivo más allá de las atribuciones que debería tener dentro del marco de los tratados de funcionamiento de la UE. Cuerpo, de hecho, ha negado la mayor: «para utilizar la ley bancaria, que permite evitar una fusión, primero es necesario que se solicite una fusión; y, para eso, aún falta que la OPA tenga éxito», ha expuesto. Es decir, el Ministerio aún podría activar esta palanca, pero solo en el caso de que BBVA gane la larga batalla por el Sabadell.
Sumar quiere más
Esta es precisamente la demanda que han hecho los socios de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. El portavoz económico de Sumar, Carlos Martín Urriza, se ha mostrado muy crítico con la Moncloa por lo que considera que ha sido una reacción blanda contra las aspiraciones de BBVA. De hecho, ha disparado con bala contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y su presidenta, Cani Fernández, por la resolución de la fase 2 de estudio de la oferta. El economista la ha descrito, de hecho, como «una de las decisiones más negras de la historia de la regulación de la competencia» en el Estado. En este sentido, ha cuestionado si Cuerpo pretendía, en caso de que se llegue a este punto, tirar de la palanca de la ley bancaria para frenar la OPA si el Banco de Bilbao se impone entre los accionistas catalanes. «La operación significará un recorte del empleo, y una pérdida de control territorial, que perjudica el reequilibrio del Estado», ha alertado Urriza. También la diputada de ERC, Inés Granollers, ha reclamado que el sistema bancario se mantenga como hasta ahora para «salvar a los usuarios de las intenciones de la banca». «No estamos en contra de la OPA para salvar el Sabadell; pero queremos que haya competencia», ha detallado.
Ante las demandas de los socios de investidura, Cuerpo se ha plegado a los designios de Bruselas, recordando que la ley de supervisión de entidades de crédito se encuentra «en proceso de adecuación a una directiva comunitaria» y, por tanto, se debe tratar con prudencia. «La normativa española está perfectamente alineada con la comunitaria, tanto en regulación bancaria como en libre circulación de capitales», ha concluido; en lo que parece una salida favorable a las aspiraciones de la Comisión, que busca más concentración bancaria sin atender a la realidad de cada territorio. Cabe recordar que, en caso de que el BBVA acabe integrando el Sabadell, Cataluña quedaría muy por encima de los niveles de centralización financiera recomendados según el índice Herfindahl-Hirschmann. La ratio máxima para garantizar que el mercado funcione correctamente es de 2.500 puntos, mientras que el Principado, según un análisis de la patronal Pimec, quedaría por encima de los 2.800. Es esta la alerta que aprovecha Urriza, echando mano de los estudios de las autoridades de competencia catalana y valenciana, para reclamar que se vaya aún más allá. «La Moncloa debería prohibir la OPA», ha sentenciado.
