El gobierno español ha sido incapaz de irse de vacaciones con una victoria. La debilidad parlamentaria del ejecutivo que preside Pedro Sánchez se hace evidente en cada pleno del Congreso de los Diputados, y las votaciones perdidas se acumulan en el contador de la coalición que forman PSOE y Sumar. A los presupuestos, las primeras iteraciones del escudo social, el decreto Ómnibus y tantos otros se sumó ayer la norma que la Moncloa se empeñó en titular «antiapagones». El real decreto ley, de cerca de cincuenta páginas, incorporaba una multitud de medidas «no todas conectadas, pero sí coherentes» para acelerar el despliegue de la transición energética, según describen en Món Economia fuentes del sector. «Por una vez, habían asumido las demandas que hacíamos las empresas», lamenta en conversación con este medio Salvador Salat, director general de la instaladora fotovoltaica Sunowatt Proyectos y portavoz de la patronal sectorial Unefcat.
El bloque de oposición de la derecha y la extrema derecha españolista, que hace meses explicita su connivencia con las grandes eléctricas a favor de las centrales nucleares, sacó pecho ante el frágil fundamento parlamentario del ejecutivo; y se sumaron Podemos y Chunta Aragonesista, atrincherados en el rechazo del «oligopolio energético» -una crítica que no comparten las asociaciones ecologistas, como Greenpeace, que ya han lamentado que el decreto haya quedado colgando-. También dejó caer la convalidación Junts, si bien los independentistas han aclarado que están abiertos a negociar de cara a septiembre, cuando Sánchez aspira a volver a activar el decreto. El fracaso de este proyecto se suma a la cola de decepciones para el tejido empresarial catalán, que ya vio cómo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, retiraba la pasada semana su propio decreto de impulso de las renovables, tras perder el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya. «El sector lo está llevando fatal. Las nucleares y las petroleras estarán haciendo palmas con las orejas«, ironiza el experto y exgerente de la asociación EolicCat, Jaume Morron.
200.000 millones en riesgo
Hay para esto y para mucho más. Según un reciente informe de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, el decreto activaba inversiones que generarían unos 200.000 millones de euros en todo el Estado. Una buena cantidad de estas, detallan las patronales, podrían haber llegado a Cataluña, especialmente en el ámbito del almacenamiento de energía, en medio de un rápido aumento del interés por proyectos de baterías en el Principado. Ahora, este capital está en peligro, y deberá esperar un mínimo de dos meses para asegurar su presencia en el territorio. Las voces sectoriales consultadas mantienen el optimismo, pero aseguran que todo dependerá de la paciencia de los inversores. «Preocupa mucho, porque había una legislación muy concreta, tanto en Cataluña como en el Estado, que al final no tendremos», se queja Morron.
Las heridas de esta derrota, además, se notarán prácticamente en toda la red renovable catalana, desde el autoconsumo hasta los nuevos proyectos de generación. También lo sufrirá la industria manufacturera que haya apostado por hacer inversiones en parques para poner en marcha su maquinaria. Es el caso de la gerundense LC Paper, que la semana pasada estrenó su propio centro fotovoltaico tras un camino tortuoso. El director general, Pau Vila, lamenta el traspié que supone la caída del decreto para las pymes que, como la suya, buscan dejar atrás los fósiles. «Yo entiendo el juego político, pero la oposición a la ley no ha respondido a ningún análisis técnico. No es la industria quien debe pagar por esto, que siempre pagamos los mismos», critica el empresario, miembro también de la junta de gobierno de Pimec y presidente del Instituto Ostrom. Sin las dos normas, Vila encuentra que el sector entra en un período «de interinidad indefinida» que no ayuda a la transición ecológica.
«Si esta interinidad dura mucho, será malo para todos», advierte el portavoz de Unefcat. En caso de que las negociaciones se estanquen, los expertos consultados contemplan «trocear» el decreto y negociarlo pieza a pieza. Ahora bien, a diferencia del decreto ómnibus, donde «era más razonable reclamar que se negociara por separado», en este caso ven que el paquete es lo suficientemente coherente como para mantenerlo en un solo texto. «No sé qué cambiará a mejor tener que estar negociando todo con bisturí», alerta Vila.
Medidas perdidas
El decreto, aunque ha caído, ha estado vigente durante unas pocas semanas. Solo su entrada en vigor en primera instancia ya fue, a ojos de Salat, una pequeña bolsa de aire para los empresarios. El pasado 25 de junio, cabe recordar, se acababa el plazo administrativo para truncar todos aquellos proyectos de energía verde ya aprobados, pero aún sin operativa. La difícil regulación urbanística, que cae bajo las competencias de los ayuntamientos de turno, ha frenado la entrada en funcionamiento de muchas de estas estructuras. En este sentido, sobre los detalles del decreto, «muchas empresas han logrado renegociar los plazos», y sobrevivir más allá de esta meta. Otras, sin embargo, no han tenido esa suerte; y queda por ver si las que «no han sido tan ágiles» tendrán que detener sus iniciativas.
Más allá de este motivo de agenda, Morron destaca un aspecto que compartían el decreto catalán y el español: el impulso de las baterías. El almacenamiento es uno de los grandes problemas que sufre la red catalana, que a menudo, especialmente en verano, produce más energía de la que consume. «El día del apagón, se nos pidió apagar muchos parques fotovoltaicos porque superábamos la demanda. No puede ser que lancemos esta energía», critica Salat. Con el decreto antiapagones, se eliminaban ciertos obstáculos administrativos, como la autorización previa a las instalaciones de menos de 500 kW; priorizando los proyectos híbridos, aquellos que incluyeran tanto parques de generación como baterías.
Según los empresarios consultados, la principal virtud del texto era la uniformización de los trámites. «Ahora mismo se están tramitando 93 proyectos de baterías en Cataluña, con unos 1.400 MW de capacidad. Sin el decreto, cada uno se gestiona como un proyecto separado», describe el representante de Unefcat. Esta manga ancha puede crear situaciones de «arbitrariedad y discrecionalidad», con agravios comparativos para los proyectos más favorecidos. La inseguridad jurídica no ayuda a asegurar las inversiones, lamentan las patronales nacionales. «Si no hay una legislación segura y clara, el capital se marcha, cerca o a Australia», anuncia Morron.
Otro de los pilares de la ley era la ampliación del perímetro del autoconsumo compartido. Las instalaciones colectivas, según la norma, podrían estar a hasta 5 kilómetros del parque generador de hasta 5MW en baja o media tensión, una «gran mejora» respecto de la situación actual de las comunidades energéticas, que están limitadas a dos kilómetros. Se trata de un punto que el sector calificaba de insuficiente: en Francia, el diámetro se eleva hasta los 20 kilómetros. Así, se espera que los potenciales socios de Sánchez busquen llegar más lejos en este punto concreto. También contemplaba diversas herramientas de facilitación administrativa para los proyectos renovables, así como agilizar la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, estableciendo un plazo máximo de entre 5 y 80 días, según las características de cada electrolinera, para que esté operativa. «Algunas son medidas muy técnicas, pero todas ellas eran bastante buenas», argumenta Salat.
La víctima industrial
Vila advierte, además, que el decreto incluía una medida clave para la industria manufacturera electrointensiva -aquella que utiliza grandes cantidades de energía para llevar a cabo su proceso productivo-. La norma, cuando entró en vigor, recuperó un mecanismo de apoyo a la industria iniciado en 2022, en el decreto de medidas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. En concreto, se codificaba en ley la reducción del 80% de los costos de conexión a la red de distribución de electricidad, una medida que incentiva la apuesta por el autoconsumo industrial. La bonificación entró en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero y, por tanto, muchos empresarios tuvieron que reemitir facturas relacionadas con esta tasa; que ahora quedan en el limbo. «En el momento la norma era vigente, pero ahora ya no. ¿Qué hacemos? No sé si hay algún precedente al respecto», lamenta Vila.
Movimientos como este, que generan una «enorme incertidumbre», socavan la capacidad de Cataluña de mantener su tejido industrial. «Hay una paradoja, porque las administraciones dicen que nos ha tocado la lotería con las renovables, pero somos incapaces de revertir la tendencia a la desindustrialización», lamenta el presidente de Ostrom. La caída del decreto añade a este trastorno, y envía al capital el mensaje de que «constantemente estamos cambiando el marco jurídico». «Hace dos años que no sabemos qué debemos repercutir a precios», añade.
Las bases del «juego político»
Morron se ha mostrado especialmente sorprendido por la posición de los partidos catalanes. En el caso de Esquerra Republicana de Catalunya, sí que ha votado a favor del decreto antiapagones, pero dejó caer el decreto 12/2025 de la Generalitat; mientras que Junts per Catalunya consta entre los noes a la legislación española, en un llamado al Consejo de Ministros a negociar los puntos de mayor interés para el país. «Quizás este no era el decreto para hacer estas cosas», lamenta, por su parte, Vila. Al otro lado, la derecha española, que dedicó sus intervenciones a reivindicar la potencia nuclear y culpar a las renovables del apagón de abril. «Mienten, y no conseguirán nada», sostiene el exgerente de EolicCat.
Este mismo miércoles, de hecho, Iberdrola, Endesa y Naturgy se han resignado a cerrar la central de Almaraz, en Extremadura, sin prórroga más allá de 2030. A pesar de la ralentización de los proyectos renovables, el experto asegura estar «tranquilo» ante una posible moratoria del cierre de nucleares. «No es competitiva, y acabará cerrando por motivos económicos», sostiene. De hecho, ya hace más de tres meses que ha quedado relegada, y las centrales fotovoltaicas generan más energía en el mismo período que los once reactores españoles. «El cierre, a pesar de lo que digan el PP y Vox, se hará como estaba pactado», añade. Más aún en Cataluña, donde, en palabras de Salat, el sector fotovoltaico ya está capacitado para sustituir la potencia atómica. «No cuestionamos si son o no necesarias; pero puedo asegurar que estamos absolutamente capacitados para aportar suficiente energía para sustituirlas», apunta el portavoz de Unefcat.
