Tras perder 75 votaciones en solo un año, la cada vez más inestable mayoría que sustenta al gobierno español parece encaminada a una nueva derrota al comenzar el curso 2025. El último Consejo de Ministros del año, celebrado el 24 de diciembre, sirvió para sacar adelante apresuradamente el Real decreto por el cual Moncloa recupera el impuesto a las energéticas, tras el revuelo de la más que recortada reforma fiscal que Pedro Sánchez intentó impulsar el pasado noviembre. El diseño del gravamen, tal como consta en el Boletín Oficial del Estado, demuestra la multitud de concesiones que Sánchez ha hecho al Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya para atraerlos a sus posiciones: mientras el mismo texto del RD recoge la posibilidad de revisarlo para convertirlo en figura impositiva, hecho que permitiría que las haciendas forales vasca y navarra lo puedan gestionar, los complicados beneficios fiscales a las inversiones estratégicas en renovables parecen una respuesta directa a la exigencia de Junts de no poner en peligro los proyectos de Repsol alrededor de la petroquímica tarraconense. El tributo, no obstante, no está más cerca de ser aprobado que hace una semana, con apoyos necesarios a izquierda y derecha de la coalición gobernante que prácticamente garantizan un voto negativo.
El empresariado, pese a la oposición explícita que han lanzado en el último mes, permanece razonablemente confiado ante la incapacidad de Moncloa de sumar la mayoría necesaria. Fuentes del sector, a pesar de mostrarse críticas con el tributo, se reiteran «convencidas» de que no hay posibilidades de sacarlo adelante. «No sumarán, y no se ratificará el acuerdo», leen desde el tejido energético. A pesar de los equilibrios, cada vez menos realistas, que debe superar Sánchez para sacar adelante el proyecto, las compañías afectadas continúan alzando la voz. En una reciente entrevista con el diario El Mundo, el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, alertaba que el movimiento fiscal «ata las manos a la espalda y pone una bola de hierro al pie» de la industria. Además, ha hecho varias menciones a las inversiones que, asegura, peligran en el Campo de Tarragona, en una posición que aviva el rechazo de Junts a la propuesta. A pesar del silencio de otras grandes compañías, Imaz asegura que «otras no hablan tanto, pero harán lo mismo» que Repsol: retirar aquellas apuestas que no sean rentables si el peso impositivo es demasiado elevado.
Las grandes energéticas del Estado, cabe decir, han mantenido unos importantes beneficios durante el curso, si bien los fundamentos de aquellas ganancias «extraordinarias» que acabaron justificando el impuesto en 2022, según apuntan desde el sector, «han desaparecido». Especialmente en el sector petrolero: los márgenes de refino, el gran motor de los balances de las firmas más grandes de la industria, se han ido desvaneciendo, hasta el punto de que la misma Repsol ha registrado un descenso del resultado neto del 36% en los primeros nueve meses del año, hasta unos –nada despreciables– 1.707 millones de euros. Similar ha sido el comportamiento de otras firmas refinadoras del Estado, entre las cuales se encuentran algunas de las que más se beneficiaron de la espiral inflacionista de la salida de la pandemia. Es el caso de BP, que ha sufrido un retroceso en sus ganancias del 84% en los primeros nueve meses del año –2.340 millones en 2024 por 14.868 millones en el mismo período de 2023–. «No tiene sentido continuar aplicando un gravamen a las empresas del sector por unos teóricos beneficios extraordinarios que ya no existen», razonan voces del mundo petrolero.
El diseño del gravamen, además, mantiene algunos de los agravios que desde hace dos años vienen denunciando algunas empresas del mundo energético, especialmente las petroleras independientes. Igual que el que permaneció en vigor los dos últimos ejercicios, el tipo golpea un 1,2% de la facturación de las compañías con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros. Sin márgenes de refino, empresas como la canaria Disa tuvieron que abonar 62 millones de euros en 2023, después de que el conjunto del grupo de la familia Carceller ganara poco más de 173 millones de euros; mientras que la catalana Nieves Energia no tuvo, finalmente, que abonar el monto, si bien este podía elevarse en un primer momento por encima de los resultados netos. Al otro lado del espectro, las empresas que continúan sosteniendo beneficios crecientes –como es el caso de las eléctricas–, minimizan el impacto. Es el caso del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que minimizaba el impacto de la medida tras anotar más de 5.000 millones al final de su balance de los tres primeros trimestres del curso.
Un 60% engañoso
Cabe decir, además, que el esfuerzo de Moncloa por garantizar las inversiones que considera necesarias para hacer la transición energética tiene poco fundamento en la realidad de las empresas. El máximo hecho público por Hacienda es del 60%, pero las condiciones que establece el decreto hacen esta cifra difícilmente alcanzable para las empresas. Solo para llegar a una bonificación del 30%, las empresas ya tendrían que hacer una reserva indisponible en sus cuentas superior al monto anual a abonar. Posteriormente, una fórmula aplicada sobre el diferencial acaba añadiendo puntos a la deducción, si bien el mismo ministerio ha reconocido, en declaraciones a la agencia EFE, la inmensa dificultad que supone alcanzar el umbral más elevado.
Por ejemplo, en el caso de Repsol, las inversiones en objetivos renovables suman, según su plan estratégico, unos 3.000 millones hasta 2027; mientras que el abono anual por la tasa ha sido de poco más de 440 millones en 2022 y de unos 315 millones en 2024. Todo esto contando, además, que el conjunto de dedicaciones presupuestarias a energía verde sean consideradas como estratégicas, hecho que depende de la consideración del ministerio para la Transición Ecológica. Además, la deducción favorece a las firmas más grandes, dado que tienen más caja libre para invertir en proyectos estratégicos y, por tanto, erosionar el monto a abonar al tesoro público; mientras que los balances menos holgados entre las principales compañías del sector tendrán más dificultad para hacer efectiva la rebaja.
Políticamente imposible
El malestar empresarial ha alejado aún más las ya distantes posibilidades de que el Real decreto sea convalidado por el Congreso de los Diputados. Tanto el portavoz jeltzale, Aitor Esteban, como la de Junts, Míriam Nogueras, han salido al paso de este nuevo embate de Moncloa, aclarando que los cambios introducidos en el RD no son suficientes, por ahora, para cambiar el sentido de su voto. Por un lado, los nacionalistas vascos desconfían del compromiso de Sánchez y la ministra de Hacienda María Jesús Montero de cambiar el carácter de la tasa, hasta el punto de que Esteban ha pasado al ataque contra EH Bildu, parte del trío –con BNG y ERC– que exigía su continuidad, por posicionarse «contra la línea de flotación y el corazón del autogobierno». Por otro lado, el partido del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ya la tilda de «titular fake», dado que no le otorga ninguna posibilidad de continuar más allá del 31 de diciembre. Para Nogueras, y a pesar del nuevo redactado, el tipo aún «pone en riesgo las inversiones en Cataluña».
También a la izquierda del PSOE el decreto ha dejado mal sabor de boca. Igual de necesarios que los votos nacionalistas son los tres diputados de Podemos, que ya han anunciado que dejarán caer las aspiraciones de Sánchez porque el nuevo redactado no garantiza que la imposición sobre las energéticas sea permanente. Incluso el socio de coalición de los socialistas, Sumar, ha dejado ver –en forma de ataques al PNV– su descontento: los de Yolanda Díaz cerraban la puerta en un primer momento a convertir el gravamen en impuesto, dado que, con la primera figura, permanece «blindado por el Estado». Es decir, ninguna otra administración puede regularlo, como temen que pretende hacerlo la Lehendakaritza jeltzale, que buscaría la gestión para rebajar las cantidades a aplicar a las compañías de los tres territorios históricos.
