La burguesía barcelonesa irrumpe en el debate migratorio en pleno proceso de regularización ordenado por el gobierno español. El Cercle d’Economia, en su última nota de opinión, ha exigido a las instituciones que «modulen» los flujos migratorios para lograr un modelo productivo «intensivo»; más basado en la productividad y menos en la mano de obra barata. Según ha indicado la presidenta del club, Teresa Garcia Milà -en su primera publicación tras suceder a Jaume Guardiola- ha lamentado el desequilibrio que ha generado un estallido migratorio «muy rápido y de mucho volumen» en las últimas dos décadas en Cataluña, en línea con las necesidades de un tejido empresarial de baja calidad que reclama más trabajadores baratos que innovación. En este sentido, el Cercle reclama «transitar hacia un modelo económico basado en la productividad», que «module» la entrada de personas migrantes y ponga el foco en aquellas «de más alta cualificación», que atiendan la demanda laboral de empresas con mejores modelos de negocio. Esto exige, a juicio de la entidad, una «verdadera política migratoria» que ha estado completamente ausente de las instituciones catalanas y españolas a lo largo de todo el siglo. «No se puede afrontar ni desde el populismo ni desde el buenismo», ha apostillado el director general del Cercle d’Economia, Miquel Nadal.
El análisis del Cercle señala que la entrada de personas migrantes al Estado español y a Cataluña en las últimas dos décadas se ha producido a un ritmo mucho más elevado que en el entorno europeo desde principios de siglo. En solo 25 años, Cataluña ha pasado de un 5% de población nacida fuera de las fronteras estatales hasta un 25%, unos dos millones de personas foráneas. La comparación es desfavorable con los países del entorno, como Francia o Italia, que se ajustan a un 17 y a un 12% respectivamente. Esto ha generado un choque de demanda en bienes y servicios; pero también ha permitido al capital concentrarse en sectores poco productivos, como la hostelería o la industria cárnica, muy extensivos en cuanto a mano de obra.
Los burgueses de la capital llaman a una llegada más «moderada» de personas migrantes, pero no a un recorte absoluto. Para Nadal, «el flujo migratorio continuará», y es, de hecho, «necesario». El modelo concreto, sin una planificación ordenada, ha permitido «sostener el crecimiento del PIB y el empleo», pero lo ha hecho con «ganancias muy limitadas de renta per cápita y posiciones relativas en el contexto europeo». El empobrecimiento generado por este modelo productivo que atrae inmigración, a juicio del Cercle, ha provocado que el Principado pierda un 20% de riqueza por ciudadano respecto de la Unión Europea, y se sitúe en la media comunitaria después de haber estado, hace dos décadas, sustancialmente por encima del conjunto.
Los nuevos criterios migratorios
La falta de gestión que han protagonizado las instituciones catalanas y españolas ha generado «una disfunción muy perversa» en la regulación migratoria. Desde el Cercle advierten que, bajo la ley actual, «se facilita la entrada de muchos inmigrantes que genera una bolsa muy importante de irregularidad sobrevenida». Una bolsa de población que se encuentra en «un vacío legal» que no les permite aspirar a un proyecto vital digno, a través del sistema de arraigo, que ofrece una «expectativa» de ciudadanía pasados dos años en el territorio español. El modelo actual, denuncia el club, «no funciona para nadie», en tanto que no atiende las necesidades de la población migrada ni permite que aporten a la riqueza del país. En este sentido, valoran la propuesta de regularizar 500.000 inmigrantes que ha puesto sobre la mesa el gobierno español, que permitirá regularizar puestos de trabajo e ingresos para el erario público que ya se deberían estar recibiendo. Aun así, reclaman que este «contador a cero» para los migrantes en irregularidad sobrevenida sea un punto de partida para una reforma más amplia. «Es una constatación de un fracaso», sostiene Nadal; uno en el que continuarán cayendo las instituciones catalanas si no se aplican reformas.
Entre otras cuestiones, desde el Cercle llaman a endurecer puntos de la ley de extranjería como es el reagrupamiento familiar, que permite acoger a ciudadanos de países terceros con relaciones de familiaridad de primer grado con migrantes ya residentes. Con el informe insisten en introducir reformas que, por ejemplo, tengan en cuenta requisitos de medios de vida para garantizar el bienestar del núcleo familiar reagrupado. También llaman a invertir en la inspección de trabajo para vigilar la contratación irregular de personas sin permiso de residencia, muy concentrada en sectores poco productivos y en la economía sumergida. Cabe decir que los burgueses barceloneses no profundizan en las medidas concretas que se deberían establecer, si bien contemplan también cuestiones como una política funcional de visados o acuerdos bilaterales con los países emisores. Con todo, ponen el foco en un modelo productivo más valioso, que atraiga al país los perfiles más cualificados. Ponen el ejemplo de Canadá o Australia, que «priorizan habilidades, experiencia profesional y competencias lingüísticas» para alinear la entrada de migrantes con las necesidades del mercado de trabajo y de su entorno social.
Competencias territoriales
Desde la entidad afirman, además, que el reparto de competencias en cuanto a la política migratoria no atiende a las necesidades concretas de las administraciones. Garcia-Milà advierte que «buena parte de la tarea de integración» de las personas migradas se produce a escala regional, o incluso municipal; y que la centralización de estas atribuciones en la administración general del Estado no facilita su buen funcionamiento. En este sentido, contemplan que un traspaso de «parte de las competencias» relacionadas con los flujos migratorios a Cataluña sería deseable. Nadal pone el foco en aquellas tareas relacionadas con «la acogida y los servicios», que pesan sobre las «comunidades» locales. No han entrado a valorar si la propuesta de Junts per Catalunya de un traspaso integral de la competencia migratoria a la Generalitat va en este camino, pero sí han reclamado al Estado que, en caso de que descentralice este segmento, lo haga con una garantía de recursos suficientes para llevar adelante las políticas necesarias.
No a medias con la extrema derecha
Los burgueses barceloneses, cabe decir, se han desmarcado de las extremas derechas a la hora de posicionarse respecto de la inmigración. Garcia Milà ha lamentado, explícitamente, que la falta de políticas migratorias ha dejado un hueco que llenan los «discursos radicales y simplificados que aumentan la polarización política». Aun así, la presidenta abre la puerta a encontrarse con los espacios que han abanderado el discurso contra la inmigración, Vox como con Aliança Catalana. Ha reconocido que «seguramente tengan posiciones muy divergentes», si bien consideran que «el diálogo siempre es positivo».
