El Cercle d’Economia pide al gobierno español que prohíba la fusión del BBVA y el Banc Sabadell. El club de las élites barcelonesas considera que Moncloa debería imponer en la fase 3 de estudio, en la cual están inmersos ahora mismo, que «el Banc Sabadell se mantenga como una entidad con personalidad jurídica propia». Cabe recordar que el Consejo de Ministros, según la Ley de Defensa de la Competencia, no puede detener la OPA. Esta atribución solo corresponde a la CNMC, que debería haberlo hecho en fase 2. En su capítulo del serial, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solo puede introducir «remedios adicionales» que preserven el interés general, tal como se define en la norma.
La propuesta del Cercle, según han informado este mismo martes, otorgaría una gran independencia al Sabadell. En caso de que la OPA se completara en los términos que han propuesto, el banco catalán mantendría «una gobernanza basada en órganos de supervisión y dirección independientes de cualquier entidad bancaria». Es decir, a pesar de ser propiedad del BBVA, los vallesanos tendrían su propia dirección, con un consejo de administración y «una estructura organizativa autónoma». El Banco de Bilbao, a ojos del Cercle, también debería garantizar un reparto suficiente del capital de la compañía resultante «distribuido en manos de terceros», para garantizar la independencia del gobierno resultante.
Se trata de una imposición «estructural y compleja», aseguran; pero imprescindible para mantener las condiciones de interés general que la Ley de Competencia debe preservar en caso de OPAs. A diferencia de los remedios impuestos por la CNCM, que deberían ser fiscalizados por la misma autoridad de Competencia, la estructura de la nueva compañía debería ser vigilada por el mismo gobierno español. El Consejo de Ministros, apunta la entidad, «sería el órgano natural para atribuirle la competencia del control del cumplimiento de las condiciones indicadas».
Golpe a la CNMC
En su comparecencia, el presidente del Cercle, Jaume Guardiola, y el director general, Miquel Nadal, han reconocido que el mantenimiento del Sabadell como entidad independiente es solo una de varias medidas que deberían haberse tomado para preservar la salud financiera del Estado. Estas decisiones, sin embargo, habrían correspondido a la CNMC, en tanto que se amparan bajo el ámbito de la competencia. En este sentido, tanto Nadal como Guardiola apuntan que las condiciones impuestas por el organismo que preside Cani Fernández son del todo «insuficientes». A su parecer, el documento de Competencia no aborda correctamente los riesgos que abre la OPA para el tejido económico de todo el Estado.
El ámbito de crédito a las empresas, aseguran desde el Cercle, es clave: a pesar de que la Comisión obliga a BBVA a mantener las condiciones de los préstamos ya existentes durante entre tres y cinco años, el documento no da cobertura a, por ejemplo, «una compañía que tenga sus líneas de crédito con BBVA o Sabadell y que apueste por una expansión». Así, más allá de los remedios de «comportamiento» que puso sobre la mesa la CNMC, Nadal considera que deberían haberse impuesto otros «estructurales», como las desinversiones en los ámbitos más conflictivos. «Se debería haber desinvertido por la parte de crédito a empresas», ha subrayado Guardiola. Y, en caso de que estas ventas fueran «imposibles de aplicar», la CNMC debería haber «vetado la operación».
Una OPA madrileña
El principal criterio de interés general al que alude el Cercle para imponer las condiciones extraordinarias es el de equilibrio territorial. Según denuncia Nadal, la desaparición del Banc Sabadell dentro del BBVA supondría «reforzar la concentración de centros de decisión financieros en Madrid que ya comenzó con la crisis de 2008». «No solo en cuanto a las oficinas corporativas, sino a todo lo que las rodea: servicios de auditoría, inversión, asesoría, con un efecto multiplicador muy grande», añade. Toda una red de servicios que Cataluña perdería a favor de la capital española, con efectos perniciosos para las empresas del Principado.
Es cierto que BBVA ha ofrecido, en sus compromisos previos, mantener «los centros de decisión del Sabadell en Cataluña», pero es una medida que nadie puede vigilar que se cumpla, en tanto que no ha sido impuesta ni por la CNMC ni por el gobierno español. Mirando atrás, además, el historial del Banco de Bilbao con absorciones de entidades catalanas no es halagüeño: «BBVA integró primero Banca Catalana y, después, Catalunya Caixa; y centralizó en Madrid toda su operativa», recuerda Nadal.
Se trata de un apartado del negocio que, aunque no se menciona explícitamente en la Ley de la Competencia, sí debe ser garantizado según el artículo 138 de la Constitución. En la misma línea que ya expresó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Nadal asegura que la norma deja «margen» para que los organismos ejecutivos añadan ámbitos adicionales de estudio. En este sentido, contradicen las posiciones más críticas contra esta fase 3, como la del presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que, precisamente, alertó durante la Reunión del Cercle d’Economia que los movimientos de Moncloa podrían «comportar responsabilidades patrimoniales para el Estado».
