El Cercle d’Economia tiene margen para hacer suya la reforma de la financiación pactada entre PSC y ERC. En su nota de opinión, el club de las élites económicas barcelonesas, presidido por el exconsejero delegado del Banc Sabadell Jaume Guardiola, ha hecho un llamado a un cambio de modelo de reparto de recursos en el Estado. La hoja de ruta de la burguesía de la capital, sin embargo, contempla beneficios para todos los territorios del Estado. A su juicio, la nueva arquitectura financiera española es «la piedra de toque de la nueva etapa» que reclaman para el conjunto de las administraciones, con la mirada puesta más allá del Principado. De hecho, la entidad celebra «la ambición reformadora proveniente de Cataluña», que «actúa como motor de cambio del conjunto de España». En este sentido, el director general de la entidad, Miquel Nadal, subraya el objetivo de sostener las finanzas de las administraciones autonómicas españolas. «La reforma del sistema de financiación es una forma de fortalecer el estado del bienestar en España», argumenta Nadal. Además, le otorga un importante peso político, dado que «buena parte de los conflictos territoriales de los últimos años provienen de las carencias de financiación». «El nuevo ciclo político necesita un nuevo modelo de financiación», argumentan en la nota de opinión.
El documento insiste en que el sistema que emerja de la reforma debe «articular una contribución solidaria entre regiones que sea transparente y justa». El Cercle insiste en equilibrar la mejora de los recursos disponibles para la administración catalana con las garantías para el resto de territorios del Estado. Ponen el acento, pues, en las negociaciones para definir las aportaciones catalanas a las arcas españolas, con el abono de los servicios que presta la administración central al territorio y el mecanismo de solidaridad. Cabe recordar que estas dos magnitudes permanecen sin calcular. La negociación para establecerlos será uno de los puntos centrales de las conversaciones entre la Moncloa y la Generalitat previstas para los próximos meses. Para el Cercle, la aportación catalana debe mantener el equilibrio entre la aportación a las regiones con menos recursos y el principio de ordinalidad. En caso de alcanzar este principio -ya recogido en el Estatut de 2006, pero que no se ha podido aplicar- los recursos disponibles para Cataluña aumentarían entre un 2,5 y un 3% de su PIB, lo que supondría un incremento del presupuesto de entre el 17 y el 20%. La administración que se vería más beneficiada es la del País Valencià, la que más ha sufrido el infrafinanciamiento español. Los recursos disponibles para la Generalitat escalarían un 3,4% de su PIB.
Las élites barcelonesas, sobre sus intenciones, rechazan que el modelo catalán se acerque al concierto que disfrutan el País Vasco y Navarra. De hecho, al contrario de la autonomía financiera que aplican los territorios forales, el acuerdo de investidura entre PSC y ERC «refuerza los mecanismos de solidaridad». «La contribución a la solidaridad del modelo foral es muy baja», lamenta Guardiola; reivindicando que Cataluña continúe aportando para garantizar el estado del bienestar en las regiones con menos recursos -que son también las más beneficiadas por el modelo de financiación actual-. Nadal, en la misma línea, defiende que el nuevo sistema «no implica que la Administración General del Estado desaparezca de Cataluña», en tanto que Madrid «retiene gran parte de la capacidad normativa» sobre los impuestos catalanes. La nota, de hecho, contempla que el refuerzo de la hacienda catalana para asumir sus nuevas tareas incluya «miembros de la administración central». Que las autoridades españolas estén presentes en la Agencia Tributaria de Cataluña serviría para «asegurar la coordinación» entre administraciones.
La condonación «arbitraria» del FLA
A juicio de Nadal, la condonación del 20% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es «un paso adelante» para implementar el nuevo modelo. Ahora bien, cuestionan el fundamento técnico de la propuesta con la que trabaja Moncloa. El perdón de la deuda, reclaman, debería haberse diseñado teniendo en cuenta «el infrafinanciamiento» que han sufrido las administraciones territoriales desde la crisis financiera de 2008. Si se hubiera añadido esta variable -necesaria, a juicio de las élites barcelonesas- «el volumen de deuda condonada sería mucho mayor». Así, la propuesta del ministerio de Hacienda, a pesar de que es positiva, «solo compensa parcialmente el infrafinanciamiento acumulado en los últimos años”. Con todo, Guardiola reclama que este paso vaya ligado «a una reforma de la financiación» que resuelva los problemas de fondo que han llevado a la situación actual. «Perdonamos la deuda, pero garantizamos también que esto no vuelva a ocurrir», reclama el presidente.
Madrid, más solidaria
El cambio de modelo de financiación debería incluir también una revisión del rol de la Comunidad de Madrid en las finanzas del conjunto del Estado. Para el Cercle, el efecto capitalidad «genera responsabilidades, pero también otorga ventajas». Entre otras, la concentración de la actividad de la administración pública española, que «tiene un impacto económico positivo» tanto en la ciudad como en la región. Para Guardiola, el alto peso del cuerpo funcionarial entre la fuerza de trabajo madrileña «aporta una estabilización automática» en tiempos de turbulencias económicas. Además, el elevado peso del Estado en la economía madrileña también ayuda a atraer «actividad privada» que quiere estar cerca de la burocracia; como las sedes de grandes multinacionales, especialmente aquellas de sectores muy cercanos a la contratación pública. En este sentido, la asociación reclama analizar el papel de Madrid «con un rigor que no hemos visto presente en las instituciones de análisis más relevantes».
